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Las controversias constitucionales desde la labor interpretativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(2011)
García Velasco, Eva Laura
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del Rosario, Marcos
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Campus Ciudad de México
El derecho procesal constitucional comprende el estudio, entre otros, de los instrumentos constitucionales, de carácter jurisdiccional, creados para la defensa de la Constitución. Las Constituciones contemporáneas, con mayor o menor precisión, han conceptualizado las garantías constitucionales, como los instrumentos tutelares tanto de los derechos fundamentales como de las atribuciones de los órganos de gobierno, contra su afectación por parte de las autoridades o gobernantes. En otras palabras, las garantías constitucionales, en su concepción actual, son aquellos instrumentos de carácter predominantemente procesal, mediante los cuales la propia Constitución garantiza la defensa de la supremacía constitucional y de los valores o derechos fundamentales que contiene. En el caso de México, si bien con motivo de diversas reformas constitucionales se ha ido otorgando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación competencia para conocer de los instrumentos procesales en cuestión, por lo que paulatinamente se ha ido transformando en un Tribunal Constitucional, en sentido material; paralelamente continúa conservando la naturaleza de órgano jurisdiccional cúspide del Poder Judicial, esto es, de tribunal supremo federal y, por ende, con competencia para conocer de asuntos que no son estrictamente de control constitucional. Es decir, no se ha establecido un órgano ad hoc para conocer de las garantías constitucionales procesales, como ocurre en otros países, incluso, de Latinoamérica. Entre estas garantías constitucionales, en el sistema mexicano nos encontramos con las controversias constitucionales -previstas en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, que, como veremos en este trabajo, se crean concretamente para resolver los conflictos de atribuciones suscitados entre las entidades, poderes u órganos enunciados en el citado artículo, y cuyo conocimiento, como ya adelantamos, se confiere en exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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I. V. A. por concepto de gastos financieros : la improcedencia de los gastos financieros, al no originarse por conducta morosa de la entidad o dependencia
(2013)
Ravel Márquez, Alejandro
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Bejar, Luis
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Campus Ciudad de México
Debido a que en el ámbito del derecho fiscal y administrativo existen consecuencias ante el incumplimiento de las obligaciones por las partes, en los contratos administrativos, es fácil entender a que corresponde el pago de gastos financieros, sin embargo, se debe determinar si estos generan el impuesto al valor agregado. Partiendo de los elementos que nos han brindado las distintas legislaciones, podemos entender las características que ostenta cada una de las partes en los contratos administrativos, es decir, siendo estas la Entidad y Dependencia, así como el proveedor y contratista, estos últimos, quienes podrán reclamar el pago de gastos financieros, cuando así proceda.
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Fusiones y sus repercusiones fiscales
(2012)
Padilla Ordaz, Roberto
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Espinosa Berecochea, Carlos
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Campus Ciudad de México
Las fusiones y adquisiciones de sociedades actualmente se realizan por un sinnúmero de motivos que no necesariamente se encuentran vinculados directamente con la maximización del valor de mercado de la empresa. Los efectos fiscales inherentes a las fusiones se encuentran sujetos al tipo de operación que se lleve a cabo; sin embargo, el presente trabajo efectúa un análisis respecto a la limitante prevista por la Ley del Impuesto sobre la Renta para la amortización de pérdidas que hubiese generado una sociedad fusionada contra utilidades de la sociedad fusionante correspondientes a la explotación de los mismos giros en los que se produjo la pérdida.
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El interés legítimo como medio para exigir la calidad en el derecho a la educación
(2017)
Prum Chelminsky, Michelle Ilana
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Campus Ciudad de México
Desde que se formó lo que hoy entendemos por una república democrática y federal, que tiene como fundamento una constitución política, se sentaron las bases para las instituciones básicas que debía construir el Estado Mexicano, a efecto de brindarle a sus ciudadanos el acceso debido a los derechos fundamentales que nuestra constitución habría de proteger, y así consolidarse el Estado al que cada ciudadano se suscribió, al elegir de manera libre y soberana el gobierno que habría de conseguir que éstos se concretaran.
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Repensar el análisis de constitucionalidad de las acciones afirmativas : sentencia SUP-JRC-680/2015 Caso Morelos
(2017)
Valdez Zamudio, Olivia Yaneli
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Nieto Castillo, Santiago
La presente investigación analiza un problema jurídico resuelto en la sentencia SUP-JRC-680/2015 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde declaró inconstitucional una acción afirmativa que implementó el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en la asignación de diputaciones por representación proporcional en las elecciones de Morelos de 2015. Este trabajo de investigación propone un análisis alternativo y ofrece razones para declarar la constitucionalidad de esta medida a través del estudio funcional de los principios constitucionales de igualdad, democrático, auto organización de los partidos políticos y seguridad jurídica.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación como emisor del discurso de la protección de derechos en México : análisis jurisprudencial del derecho a la vida privada en la protección de datos de las personas físicas y morales
(2016)
Bueron Valenzuela, Renata Denisse
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Tenorio-Cueto, Guillermo A.
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Campus Ciudad de México
La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en junio de 2011, representa una responsabilidad para la Suprema Corte de Justicia de la Nación como máximo intérprete de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. En el trabajo de tesis se desarrolla un análisis jurisprudencial de casos resueltos por la Suprema Corte, en los cuales de algún modo toca el tema referente a la vida privada como derecho humano atribuible a personas jurídicas. El argumento central del trabajo es que las personas jurídicas no son sujetos de la protección del sistema internacional de los derechos humanos, tienen una naturaleza distinta y por ende ésta carece de elementos esenciales que hacen imposible la titularidad de humanos a los derechos que sí corresponden a las personas en tanto seres humanos. El caso particular que se analiza es el derecho a la protección de los datos personales, como derivado de derecho a la vida privada o privacidad.
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La cláusula antiabuso como técnica de combate a la elusión
(2016)
Hernández Catana, Ivan
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Alvarado Esquivel, Miguel de Jesús
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Campus Ciudad de México
La cláusula antiabuso como técnica de combate a la elusión corresponde a un trabajo de investigación que compila el estudio de las figuras jurídicas de que se valen los contribuyentes para minimizar sus cargas fiscales mediante el uso de formas jurídicas carentes de sustancia económica o de razón de negocio, así como el estudio comparado de que la reacción de las legislaciones alrededor del mundo. Asimismo el trabajo contiene un estudio sobre la conveniencia y necesidad de incorporar una cláusula general antiabuso en el derecho positivo mexicano, sus ventas y desventajas, así como la posible defensa sobre la constitucionalidad de la misma.
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La procuraduría de la defensa del contribuyente : antecedentes, creación y propuestas para eficientar las funciones del ombudsman fiscal
(2012)
Sánchez Lemoine, Eduardo
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Alvarado Esquivel, Miguel de Jesús
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Campus Ciudad de México
En el presente trabajo de investigación se justifica la conveniencia, necesidad y justificación de contar con un Ombudsman fiscal, que proteja, observe y defienda los derechos de los pagadores de impuestos, a la luz del nuevo marco de constitucional en materia de derechos humanos. Asimismo, se señalan las causas por las cuales la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente inició sus funciones hasta el 1° de septiembre de 2011 y las principales atribuciones sustantivas con que cuenta según su propio marco jurídico, la estructura prevista en su Ley Orgánica y las propuestas que se estiman podrían ayudar a eficientar sus servicios como garante de los derechos de los contribuyentes.
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Control constitucional previo de las normas fiscales
(2016)
Gutiérrez Rodríguez, Rosa María
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Espinosa Berecochea, Carlos
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Campus Ciudad de México
Se propone establecer un control previo para la creación de las normas fiscales, que brinde certeza jurídica a los gobernados de que las mismas son acordes con la Constitución Federal y que le corresponda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,como Tribunal Constitucional, participar en la creación de las mismas,previo a su expedición y evitar tener que combatirlas año con año. Así se contaría con reglas claras en materia impositiva que permitan a los contribuyentes cumplir con su obligación constitucional de contribuir al gasto público, con la certeza de que dichas normas gozan de las garantías constitucionales, sin perjuicio de la prevalencia del juicio de amparo para restablecer o mantener el orden jurídico en caso de que por otras circunstancias se vulneren los derechos fundamentales de los gobernados, pero no por la simple emisión de una disposición tributaria.
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Implementación de las sentencias de la Corte Interamericana Derechos Humanos en el caso de México : estudio de las disposiciones existentes en el ordenamiento jurídico que permiten dar eficacia a las sentencias y de las medidas que se necesitan para su plena implementación
(2016)
Luna Hernández, José Guadalupe
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Campus Ciudad de México
Desde que México reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han emitido 7 sentencias condenatorias y sólo se ha cumplido la del caso Castañeda. La falta de una ley que regule su implementación ha provocado un accidentado camino que provoca nuevas afectaciones a los derechos de las víctimas. Para resolver este problema es necesario equiparar el valor de las sentencias internacionales al de las resoluciones firmes en materia de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, para otorgarles las mismas medidas que para garantizar su efectividad contempla el artículo 105 último párrafo y 107 fracción XVI de la Constitución Federal.
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