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La justicia constitucional y las políticas públicas sociales : el control de las políticas públicas sociales a partir de la articulación jurisdiccional de los derechos sociales fundamentales
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Desde su irrupción en el ámbito constitucional, los denominados derechos sociales han sido objeto de complejas, alambicadas y, por qué no decirlo, en ocasiones imprecisas discusiones que normalmente concluían negando a estos el carácter de derechos y asignándoles el insípido y casi inservible rango de normas programáticas o meras directrices, denominaciones todas que en definitiva denotaban su casi absoluta ineficacia jurídica. De unos años a esta parte, los puntos de vista acerca de los derechos sociales se han comenzado a modificar. Diversos estudios que se han centrado en el análisis estructural o deónticos de estos derechos han permitido sostener y demostrar que los derechos sociales no solo pueden ser considerados verdaderos derechos, sino que, además, aunque no sin escollos, ellos pueden ser articulables en sede jurisdiccional para conseguir su satisfacción. A pesar de ello, los detractores de los derechos sociales todavía mantienen firme su actitud opositora. Los estudios referidos, se han concentrado mayoritariamente en el punto de vista del justiciable, lo cual llevó a que se dedican al desarrollo de estrategias diversas para lograr la aceptación de estos litigios por parte de los jueces. Por otro lado, se focalizaron en la forma en la cual esas estrategias pueden permitir la satisfacción del justiciable, sea en términos individuales o colectivos. De esta forma, aunque no de modo absoluto, han tendido a soslayar (no a obviar), la perspectiva del juez que debe resolver esa clase de litigios y la manera en que la resolución de esa clase de asuntos ha ocasionado un redimensionamiento del rol de la justicia constitucional en relación a las esferas de actuación de los otros poderes del Estado