1 
 
                                  UNIVERSIDAD PANAMERICANA 
Facultad de Derecho 
Posgrado en Derecho 
Con Reconocimiento de Validez Oficial ante la Secretaría de Educación Pública, bajo acuerdo 
número 974181 de fecha 15 de julio de 1997 
_______________________________________________ 
 
La sustitución de la jurisprudencia en materia fiscal y su impacto a la seguridad 
jurídica. 
Tesis que para obtener el grado de 
Maestro en Derecho Fiscal 
Sustenta el  
Lic. Manuel Camargo Serrano 
Director de la Tesis 
Doctor Miguel de Jesús Alvarado Esquivel 
 
México, D. F.                 2014 
2 
 
ÍNDICE 
 
 
 
INTRODUCCIÓN. ....................................................................................................... 3 
 
 
CAPÍTULO I 
LA JURISPRUDENCIA................................................................................................ 6 
 
CAPÍTULO II 
LA SEGURIDAD JURÍDICA. 
1. La seguridad jurídica ............................................................................................... 20 
2. La jurisprudencia como instrumento de seguridad jurídica...................................... 31 
 
CAPÍTULO III 
LA SUSTITUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA FISCAL Y SU 
IMPACTO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. 
1. La sustitución de la jurisprudencia en México ......................................................... 43 
2. La sustitución de la jurisprudencia en materia fiscal y su impacto a la seguridad 
jurídica ......................................................................................................................... 54 
 
 
CONCLUSIONES ........................................................................................................ 68 
 
 
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 70 
 
  
3 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
En esta tesis se desarrollará el tema de la sustitución de la jurisprudencia en 
materia fiscal y su impacto a la seguridad jurídica porque, en nuestro sistema jurídico, 
la jurisprudencia constituye la interpretación judicial obligatoria de las normas jurídicas 
y, partiendo de esa interpretación, puede estimarse que constituye el medio idóneo 
para que los particulares decidan qué actitud deben adoptar frente a una norma 
jurídica, con el fin de prever los efectos que pueda generar su elección. 
 
La jurisprudencia tiene una gran relevancia en la materia fiscal porque las 
normas jurídicas que la rigen, dado su nivel de especialidad, suelen ser complejas y 
están sujetas a diversos cambios y, por ese motivo, el hecho de que los gobernados 
puedan prever anticipadamente los efectos que puedan provocar sus actos frente a 
una norma fiscal, transmite en ellos un alto nivel de seguridad que les permite 
conocer, previsiblemente, la resolución que un tribunal debe adoptar en caso de que 
su posición ante la norma jurídica sea sujeta de una controversia. 
 
Derivado del carácter dinámico de la jurisprudencia, ésta puede sustituirse y, 
en caso de que se sustituya, la previsión que los gobernados hayan realizado de los 
efectos que deberían surgir con motivo de su actitud frente a una norma jurídica, se 
verían invariablemente afectados, dado el carácter obligatorio de la jurisprudencia que 
resulta de la sustitución. 
 
Así, la jurisprudencia que surge con motivo de la sustitución del criterio 
jurisprudencial que ha sido superado, impacta a la seguridad jurídica, dado que los 
efectos que el gobernado tenía previstos, derivados de su posición frente a las 
normas jurídicas, se verían afectados y, en especial, en la materia fiscal en el que las 
4 
 
decisiones que toman los gobernados incidirán, necesariamente, en el monto de las 
contribuciones a su cargo. 
 
Para centrar el problema que se tratará en esta tesis, debe precisarse que la 
SCJN ha determinado que la jurisprudencia es la interpretación que la propia 
Suprema Corte y los TCC hacen de la ley (ahora también los PC) y que, por ende, no 
constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, pero que debe aplicarse a 
los asuntos que aún no han sido fallados por el órgano jurisdiccional competente, 
independientemente de que en la época en que surgió la problemática a resolver y de 
que en la fecha en que se valora un hecho hubiera estado vigente otro criterio que ha 
sido superado y, por ese motivo, se trata de demostrar que la jurisprudencia en 
materia fiscal, en principio, no debe aplicarse a los asuntos no resueltos, cuando en la 
época en que surgió la problemática a resolver y en la fecha en que se valora un 
hecho hubiera estado vigente otro criterio que ha sido superado, porque ello atentaría 
contra la seguridad jurídica de los gobernados. 
 
Por tanto, lo que se pretende demostrar en esta tesis es que la sustitución de la 
jurisprudencia en materia fiscal impacta a la seguridad jurídica y, para lograrlo, se 
acude al método deductivo, en tanto que, en términos generales, se describirá el 
concepto de la jurisprudencia, para demostrar que su finalidad es la de otorgar 
seguridad jurídica a los gobernados, de manera que su sustitución no debe afectar, en 
principio, a los asuntos no resueltos cuando en la época en que surgió la problemática 
a resolver y en la fecha en que se valora un hecho hubiera estado vigente el criterio 
que ha sido superado. 
 
Por ello, la presente tesis puede considerarse de carácter descriptiva porque se 
analizarán situaciones concretas, que permitirán medir los conceptos con los que 
tiene que ver el supuesto base de la investigación, es decir, si al aplicarse una 
jurisprudencia a los asuntos no resueltos, cuando en la época en que surgió la 
problemática a resolver y de que en la fecha en que se valora un hecho hubiera 
5 
 
estado vigente otro criterio que ha sido superado, se atenta contra la seguridad 
jurídica de los gobernados. 
 
Por ello, esta investigación se divide en tres capítulos: en el primero, se tratará 
de presentar un concepto de jurisprudencia que permita determinar sus alcances; en 
el segundo, se abordará el tema de la seguridad jurídica, de manera que, una vez 
establecido su contenido, permita establecer la relación que existe entre ese principio 
y la jurisprudencia; y, en el tercero, se abordará cómo se logra la sustitución de la 
jurisprudencia en México y la forma en que esa sustitución, tratándose de la materia 
fiscal, impacta a la seguridad jurídica. 
 
Por todo lo anterior, se reitera que esta tesis es una investigación documental 
que tiene como finalidad tratar de demostrar, desde una óptica general, que la 
sustitución a la jurisprudencia en materia fiscal no debe aplicarse a los asuntos no 
resueltos, cuando en la época en que surgió la problemática a resolver y en la fecha 
en que se valora un hecho hubiera estado vigente otro criterio que ha sido superado, 
sin que se trate de un análisis especializado de un problema específico que se haya 
suscitado en relación con la problemática descrita. 
  
6 
 
CAPÍTULO I 
LA JURISPRUDENCIA 
 
 
El término jurisprudencia, desde el punto de vista etimológico, se integra con 
dos vocablos latinos, a saber, iuris, que significa Derecho; y, prudentia, que equivale a 
ciencia o conocimiento1.  
 
La jurisprudencia, originalmente, puede definirse como el conocimiento del 
Derecho y, de acuerdo con las definiciones clásicas, también puede hacer referencia 
al criterio constante y uniforme de aplicar el derecho, mostrado en las sentencias de 
los tribunales competentes para hacerlo. En un Estado de Derecho, los tribunales son 
los encargados de determinar el desarrollo de cada uno de ellos y, por ese motivo, la 
jurisprudencia, desde un punto de vista amplio, puede definirse como la doctrina o 
criterios de interpretación del Derecho establecida por los tribunales, de cualquier 
clase y categoría, al decidir las cuestiones que se les someten2.  
 
Sin embargo, en la actualidad, la jurisprudencia puede ser definida como 
aquella labor de interpretación de la Constitución y de la ley que lleva a cabo el 
juzgador, cuando busca desprender o desentrañar el sentido de éstas y su fin 
inmediato es la de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico3. En relación con lo 
anterior, la Primera Sala de la SCJN, desde la Sexta Época, sustentó una tesis 
aislada4 en que definió a la jurisprudencia como la obligatoria interpretación y 
                                                          
1
 ALVARADO ESQUIVEL, M. J. “Las veinticinco principales reglas de la obligatoriedad de la jurisprudencia 
del Poder Judicial de la Federación”. (Revista Criterio y conducta, Instituto de Investigaciones 
Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial. México, Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Núm. 9, 2011.), p. 21. 
2
 FERRERES, V.y XIOL. J. A. El carácter vinculante de la jurisprudencia. (Madrid, España, Fundación 
Coloquio Jurídico Europeo, 2009.), pp. 81-82. 
3
 CARBONELL, M. Elementos de Derecho Constitucional. (México, editorial Fontamara, 2009.), p. 148. 
4
 Tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XLIX, 
Segunda Parte, página 58, de rubro: “INTERPRETACIÓN Y JURISPRUDENCIA.”. 
7 
 
determinación del sentido de la ley, que debe acatarse cuando se encuentra vigente 
en el momento de aplicar aquella a los casos concretos, sin que en el período de 
validez de una cierta jurisprudencia se juzguen algunos casos con interpretaciones ya 
superados y modificados por ella que es la única aplicable. 
 
Como se observa, el concepto de interpretación tiene una gran relación con la 
jurisprudencia, toda vez que ambas instituciones, en gran medida, se implican y 
guardan cierta reciprocidad, como ha ocurrido desde el derecho romano en el que los 
intérpretes jurídicos eran llamados “iurisprudentes”. Así, la interpretación es el 
proceso de atribución de un significado a un determinado objeto y, tratándose de la 
interpretación jurídica, es el proceso de atribución de un significado a una norma.  
 
La integración supone la facultad de los órganos jurisdiccionales para 
determinar el alcance de una norma aplicable cuando ésta cuente con una laguna 
técnica5. 
 
La interpretación jurídica es una actividad creadora que atribuye un significado 
determinado a la ley, del que carecería de no ser interpretada6; es decir, la 
interpretación jurídica deriva de la actividad intelectual que resulta de la adecuación 
de la norma al caso concreto, llevado a cabo a través de métodos distintos que han 
sido desarrollados por la doctrina, destacando entre ellos la interpretación gramatical, 
histórica, auténtica, lógica, hermenéutica, progresiva, constitucional, legal, judicial y 
profesional7.  
 
Al respecto, la labor de interpretación jurídica que se realiza al emitir 
jurisprudencia tiene como objetivo primordial que los tribunales que ocupan la cúspide 
del sistema judicial fijen cuál es la interpretación correcta que debe regir en los 
                                                                                                                                                                                        
    
5
 CARBONELL, M., op. cit., p. 149. 
6
 FERRERES, V. y XIOL, J. A., op. cit., p. 31. 
7
 ARELLANO HOBELSBERGER, W. La seguridad jurídica en el actual sistema jurisprudencial mexicano. 
(México, Revista del Instituto de la Judicatura Federal. Escuela Judicial, 10, 2012.), p. 20. 
8 
 
asuntos puestos a su consideración, de manera que los tribunales inferiores acaten lo 
establecido en esa jurisprudencia8.  
 
Por ello, los tribunales que ocupan la cúspide del sistema judicial, facultados 
para emitir la jurisprudencia que, a su vez, es seguida por los tribunales inferiores, 
deben procurar la coherencia en sus decisiones porque como no puede saberse de 
antemano qué personas estarán sujetas a los procedimientos que se tramitarán 
posteriormente, además de que deben adoptar una solución que estimen correcta 
bajo el Derecho vigente, olvidándose de los sujetos en concreto que fueren parte en el 
proceso actual y de las circunstancias específicas que rodean a éste. 
 
Es decir, la jurisprudencia debe interpretar de la mejor forma el Derecho 
vigente, de manera tal que permita al operador jurídico trasladar la generalidad y 
abstracción de la ley hacia un caso concreto, y porque aun cuando no sea tan 
particular como la propia sentencia, representa un acercamiento importante a las 
necesidades del momento9.  
 
Un aspecto importante de la jurisprudencia, que no debe soslayarse, es que 
representa una mayor agilidad reguladora que la labor misma del legislador, toda vez 
que dada la forma en que opera el poder judicial, en relación con el poder legislativo, 
el surgimiento de los criterios y precedentes jurisprudenciales se verifican con mayor 
prontitud y rapidez que las propias decisiones de los órganos legislativos10.  
 
Así, la jurisprudencia tiene una importancia tan relevante que puede crear 
nuevas figuras jurídicas o ajustar las ya existentes a las nuevas necesidades sociales, 
hasta en tanto no exista una nueva regulación por vía legislativa, que otorgue un 
grado de claridad a las figuras jurídicas existentes. Ello es así, dado que se insiste en 
que el concepto de jurisprudencia recae en la actividad de los tribunales facultados 
                                                          
8
 FERRERES, V. y XIOL, J. A., op. cit., pp. 44-46, 74. 
9
 CARBONELL, M., op. cit., p. 136.  
10
 CARBONELL, M., op. cit., pp. 136-138, 152. 
9 
 
para emitirla, dado que su función es la de interpretar y aplicar el Derecho objetivo al 
caso concreto que se somete a su consideración y, a partir de una sentencia, como 
respuesta que se otorga a los gobernados sujetos a un conflicto, puede derivar el 
establecimiento de una jurisprudencia, o bien, de la reiteración de sentencias.  
 
En esta parte, no debe pasarse por alto que cada sistema se rige por sus 
propias reglas de formación, sea que se requiera la existencia de una o varias 
sentencias porque, si no se emiten dichas resoluciones, que son el producto de la 
labor de interpretar y aplicar la ley al caso concreto por parte de los órganos 
jurisdiccionales, es prácticamente imposible que surja la jurisprudencia. 
 
En efecto, la integración de las normas jurídicas por parte de los tribunales no 
se realiza a partir de su libre criterio, sino que se observan permanentemente una 
serie de principios, directrices y valores materiales que están contenidos en la 
CPEUM, así como las normas jurídicas que integran el orden jurídico e, incluso, 
atiende a los propios precedentes jurisdiccionales anteriores.  
 
No obstante, en la CPEUM se ha hecho un especial énfasis en diversas 
materias en las que rige el principio de reserva de ley, es decir, que esas materias 
únicamente puedan ser reguladas por una ley en sentido formal y material, lo que 
implica que la jurisprudencia tenga ahí una importancia más restringida al momento 
de interpretar las normas jurídicas11.  
 
Ahora bien, dado que el tema principal de la presente investigación está 
relacionado con la materia fiscal, conviene hacer notar en este apartado que esa 
materia, precisamente, es una de las que se rigen por el principio de reserva de ley y, 
en consecuencia, se puede hablar de un principio de legalidad en materia tributaria, 
en relación con la determinación de los elementos de las contribuciones que los 
                                                          
11
CARBONELL, M., op. cit., pp. 157, 159. 
10 
 
destinatarios de las normas jurídicas están obligados a aportar para el gasto público 
que, necesariamente, deben estar previstas en ley.  
 
La obligación de que los elementos de las contribuciones deban estar previstos 
en ley, deriva de la obligación impuesta en al artículo 31, fracción IV, de la CPEUM, 
en tanto que prevé la obligación de contribuir para los gastos públicos de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, como se desprende de la siguiente 
transcripción: 
 
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 
…  
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del 
Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
 
Al respecto, incluso, el Pleno de la SCJN  ha reconocido que el principio de 
legalidad tributaria consagrado en el citado artículo 31, fracción IV, constitucional, 
exige que la carga impositiva esté prevista en una ley, para evitar que pueda quedar 
al margen de la arbitrariedad de las autoridades exactoras la fijación del tributo, 
quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria 
dictadas antes de cada caso concreto; para evitar el cobro de impuestos 
imprevisibles; para evitar también el cobro de impuestos a título particular; y, para que 
el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto 
público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos del tributo12. 
 
En las materias en que la CPEUM obliga a que rija el principio de reserva de 
ley, como en la materia fiscal, la jurisprudencia tiene un carácter interpretativo y no 
integrador como puede suceder en las restantes materias a las que la Constitución 
                                                          
12
 Tesis aisladas publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 91-96 
Primera Parte, páginas 172 y 173, de rubros: “IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. 
DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.” e “IMPUESTOS, PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”. 
11 
 
agrupa bajo el rubro de “derecho civil en sentido amplio”, en que el intérprete de las 
normas jurídicas puede realizar una labor integradora por el uso de los principios 
generales del derecho, entre otros mecanismos13.  
 
Así, una vez que la interpretación de las normas jurídicas se cristaliza en una 
jurisprudencia obligatoria, ésta se aplica a los casos semejantes que se presenten con 
posterioridad y que sean sometidos a la consideración del órgano jurisdiccional 
competente.  
 
La SCJN define a la jurisprudencia como la obligatoria interpretación y 
determinación del sentido de una norma general, que constituye un medio de 
desentrañar el sentido de la misma, para el efecto de que los juzgadores puedan 
aplicarla en forma debida y con criterio uniforme, precisamente cuando pronuncien el 
fallo correspondiente14. 
 
Es destacado que el artículo 94, párrafo primero, de la CPEUM, vigente a partir 
de la reforma constitucional de dos mil once, dispone que el ejercicio del PJF se 
deposita en una SCJN, en un Tribunal Electoral, en TC y TU, y en Juzgados de 
Distrito; y en el décimo párrafo del propio artículo 94 constitucional se establece que 
la ley será la encargada de fijar los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia 
que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los PC sobre la 
interpretación de la propia Constitución y normas generales, así como los requisitos 
para su interrupción y sustitución, como se advierte de la siguiente transcripción: 
 
Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación 
en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en 
Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. 
… 
                                                          
13
 CARBONELL, M., op. cit., pp. 152, 160. 
14
 Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 121-126, quinta 
parte, página 126, de rubro: “JURISPRUDENCIA, CONCEPTO DE LA. SU APLICACIÓN NO ES 
RETROACTIVA.”.  
12 
 
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que 
establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los 
Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas 
generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución. 
 
De la disposición constitucional en cita se desprende que la jurisprudencia en 
México deriva de la interpretación que de la Constitución y de las normas generales 
realizan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y su obligatoriedad se fijará 
en los términos que la ley fije. 
 
Por su parte, el artículo 107 de la CPEUM, vigente a partir de la reforma 
constitucional de dos mil once, establece las bases a las que se sujetarán las 
controversias previstas en el artículo 103 de la propia Constitución, y en las fracciones 
II, segundo párrafo, y XIII, reconoce la formación de la jurisprudencia derivada de la 
reiteración de criterios por parte de los órganos del Poder Judicial de la Federación, 
así como de la contradicción de tesis que pueda surgir de los criterios opuestos 
sustentados por los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito en los juicios de 
amparo de su competencia (cuya resolución corresponderá al Pleno del Circuito que 
corresponda), por los PC de distintos Circuitos, los PC en materia especializada de un 
mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente 
especialización al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, 
según corresponda (cuya resolución corresponderá al Pleno o a la Sala respectiva) y 
por las Salas de la SCJN en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa 
(cuya resolución corresponderá al Pleno), como se desprende de la siguiente 
transcripción: 
 
Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta 
Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se 
sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de 
acuerdo con las bases siguientes: 
II… 
13 
 
Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan 
jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la 
inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación  lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo 
de 90 días naturales sin que se supere el problema de 
inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, 
siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho 
votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se 
fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley 
reglamentaria. 
… 
XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten 
tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el 
Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus 
integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los 
motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito 
correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como 
jurisprudencia. 
Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de 
Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales 
Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización 
sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los 
asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, 
así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán 
denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el 
objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá 
prevalecer. 
Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo 
conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de 
14 
 
Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Procurador General 
de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán 
denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme 
a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción. 
Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema 
Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los 
párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no 
afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias 
dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción;… 
 
De manera genérica, el artículo 107, fracciones II, segundo párrafo, y XIII, de la 
CPEUM establece que, derivado de los juicios de amparo del conocimiento de la 
SCJN y de los TCC, se integrará jurisprudencia por reiteración; asimismo, que 
derivado de las contradicciones de tesis del conocimiento del Pleno o de las Salas de 
la SCJN  y de los PC correspondientes, se integrará jurisprudencia por contradicción 
de tesis. 
 
Ahora, de conformidad con lo establecido en los artículos 222 y 223 de la LA, la 
jurisprudencia por reiteración del Pleno y de las Salas de la SCJN se establece 
cuando se sustente un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra 
en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos 
ocho votos tratándose del Pleno y, tratándose de las Salas, por una mayoría de 
cuando menos cuatro votos, mientras que la jurisprudencia por contradicción de tesis 
del Pleno y de las Salas de la SCJN, así como de los PC, en términos de los artículos 
225 y 226, segundo párrafo, de la LA, se establece al dictarse una sola resolución en 
los asuntos de su competencia, sin que sea necesario requisito de votación mínima, 
pues basta que dicha resolución se emita por mayoría. Los artículos de referencia 
indican: 
 
Artículo 222. La jurisprudencia por reiteración del pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un 
15 
 
mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en 
contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando 
menos ocho votos. 
 
Artículo 223.  La jurisprudencia por reiteración de las salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se 
sustente un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra 
en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de 
cuando menos cuatro votos. 
 
Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al 
dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o 
entre los tribunales colegiados de circuito, en los asuntos de su 
competencia. 
 
Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por: 
... 
Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente 
podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, 
declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se 
determinará por la mayoría de los magistrados (sic) que los integran. 
 
Por su parte, en términos del artículo 224 de la LA, para el establecimiento de 
la jurisprudencia de los TCC deben observarse los requisitos previstos en los artículos 
222 y 223 de la LA, a saber, que se sustente un mismo criterio en cinco sentencias no 
interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones, salvo el requisito 
de la votación, que deberá ser unánime. El artículo 224 antes referido indica: 
 
Artículo 224. Para el establecimiento de la jurisprudencia de los 
tribunales colegiados de circuito deberán observarse los requisitos 
16 
 
señalados en este Capítulo, salvo el de la votación, que deberá ser 
unánime. 
 
Vale la pena destacar que en el artículo 215 de la LA se indica que la 
jurisprudencia se establecerá por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y 
por sustitución y, en el artículo 216 de la LA, se señala que la jurisprudencia por 
reiteración de criterios será establecida por la SCJN, funcionando en Pleno o en 
Salas, o por los TCC; y que la jurisprudencia por contradicción será establecida por el 
Pleno o las Salas de la SCJN y por los PC, mientras que en el artículo 230 de la LA se 
precisa que esa jurisprudencia (por reiteración de criterios y por contradicción de 
tesis) podrá ser sustituida conforme a las reglas previstas en ese artículo. Conviene 
tener presente el contenido de los artículos 215, 216 y 230 de la LA: 
 
Artículo 215. La jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, 
por contradicción de tesis y por sustitución. 
 
Artículo 216. La jurisprudencia por reiteración se establece por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en 
salas, o por los tribunales colegiados de circuito. 
La jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las salas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Plenos de 
Circuito. 
 
Artículo 230. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción 
establezcan el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, así como los Plenos de Circuito, podrá ser sustituida conforme a 
las siguientes reglas: 
I. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de 
sus magistrados, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, 
podrán solicitar al Pleno de Circuito al que pertenezcan que sustituya la 
17 
 
jurisprudencia que por contradicción haya establecido, para lo cual 
expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. 
Para que los Plenos de Circuito sustituyan la jurisprudencia se requerirá 
de las dos terceras partes de los magistrados que lo integran. 
II. Cualquiera de los Plenos de Circuito, previa petición de alguno de los 
magistrados de los tribunales colegiados de su circuito y con motivo de 
un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la sala correspondiente, 
que sustituya la jurisprudencia que hayan establecido, para lo cual 
expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. La 
solicitud que, en su caso, enviarían los Plenos de Circuito al pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la sala correspondiente, 
debe ser aprobada por la mayoría de sus integrantes. 
III. Cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, previa petición de alguno de los ministros que las integran, y 
sólo con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya la 
jurisprudencia que haya establecido, para lo cual expresarán las 
razones por las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que, en su 
caso, enviaría la sala correspondiente al pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, deberá ser aprobada por la mayoría de sus 
integrantes. 
Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya la 
jurisprudencia en términos de las fracciones II y III del presente artículo, 
se requerirá mayoría de cuando menos ocho votos en pleno y cuatro en 
sala. 
Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no 
afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en 
los que se hayan dictado las sentencias que la integraron, ni la que se 
resolvió en el caso concreto que haya motivado la solicitud. Esta 
18 
 
resolución se publicará y distribuirá en los términos establecidos en esta 
Ley. 
 
Sin embargo, la SCJN no sólo está facultada para conocer de las controversias 
previstas en el artículo 103 de la CPEUM, sino que, en términos del diverso 105, 
fracciones I, penúltimo párrafo, y II, último párrafo, de la propia Carta Magna, 
conocerá de las controversias constitucionales suscitadas, con excepción de las que 
se refieran a la materia electoral, así como de las acciones de inconstitucionalidad 
que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter 
general y la CPEUM, cuya resolución podrá tener efectos generales cuando haya sido 
aprobada al menos por ocho ministros de la SCJN , como se desprende de lo 
siguiente: 
 
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en 
los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
… 
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que 
se refieran a la materia electoral, se susciten entre: 
… 
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de 
los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los 
municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se 
refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos 
generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo 
menos ocho votos.  
… 
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto 
plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y 
esta Constitución. 
… 
19 
 
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar 
la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas 
por una mayoría de cuando menos ocho votos. 
 
Resulta relevante precisar que la SCJN conoce de las controversias 
constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad toda vez que el artículo 43 
de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la CPEUM, 
establece que las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos 
de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para 
las Salas, PC, TU y TCC, juzgados de Distrito, tribunales militares, agrarios y 
judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y 
del trabajo, sean éstos federales o locales, como se advierte de lo siguiente: 
 
Artículo 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden 
los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho 
votos, serán obligatorias para las Salas, Plenos de Circuito, tribunales 
unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales 
militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del 
Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o 
locales. 
 
En suma, la creación de la jurisprudencia en el sistema jurídico Mexicano está 
confiada a la SCJN mediante los métodos de reiteración de criterios que cuenten con 
votación calificada y de contradicción de tesis, así como de la resoluciones que dicte 
en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad que 
cuenten con votación calificada; a los Plenos de Circuito les corresponderá mediante 
el método de contradicción de tesis; y a los TCC mediante el método de reiteración de 
criterios que cuenten con votación calificada. 
  
20 
 
CAPÍTULO II 
 LA SEGURIDAD JURÍDICA 
 
 
1. La seguridad jurídica 
 
Las personas anhelan la seguridad y ello adquiere especial relieve en el mundo 
moderno y, si habremos de referirnos a la seguridad jurídica, se debe pensar en el 
anhelo de las personas en que el Derecho sea idóneo para tener el conocimiento 
sobre a qué debe atenerse15. 
 
La seguridad es aquel estado de cosas que permite el desarrollo normal de la 
vida individual y colectiva que, sin embargo, puede verse afectada por la renuncia de 
hecho que el poder público realiza de la responsabilidades que le incumben16. Así, se 
desprende que la seguridad jurídica no surge de manera espontánea, ni tiene sentido 
e identidad en los distintos sistemas normativos, sino que depende de las luchas 
políticas y la cultural de cada sociedad. En un Estado de Derecho, la seguridad 
jurídica constituye presupuesto del Derecho, en tanto que emerge de los derechos 
fundamentales consagrados en el orden constitucional y, además, constituye una 
función del Derecho, en tanto que asegura la realización de las libertades; es decir, la 
seguridad jurídica se convierte en un valor jurídico para el logro de los valores 
constitucionales.  
 
Es así que, la seguridad jurídica, en sentido estricto, se manifiesta como una 
exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico a través 
de sus normas e instituciones; y, en sentido amplio, que representa su lado subjetivo, 
                                                          
15
 ROMERO GARCÍA, F. El valor sistema tributario: Acerca de su integración entre los principios de la 
imposición. (España, Universidad de Cádiz, 2005.), p. 315. 
16
 PÉREZ LUÑO, A. E. La Seguridad Jurídica. (Barcelona, editorial Ariel, 1994.), pp. 19, 22, 24, 28. 
21 
 
se presenta como certeza del Derecho, es decir, como proyección en las situaciones 
personales de la seguridad objetiva17.   
 
En cuanto a la primera acepción, es válido inferir que el sujeto de un 
ordenamiento jurídico debe estar en condiciones de saber, a título garantista, con 
claridad y de antemano aquello que le está permitido o prohibido; porque en función 
de ese conocimiento, pueden desarrollarse en el ámbito del Estado de Derecho y 
prever cualquier consecuencia a su actuación jurídica futura. Por el contrario, la 
seguridad subjetiva consiste en la previsibilidad jurídica, entendida como el cálculo 
jurídico futuro en orden a los efectos jurídicos que acarrean las conductas u 
omisiones, en confiar que el derecho tendrá una respuesta determinada en relación 
con la acción u omisión o, a su vez, relevarse de la situación jurídica que cada uno 
ocupa en términos de derechos y deberes18.  
 
Es decir, la seguridad jurídica puede considerarse como un valor atribuido a los 
ordenamientos jurídicos que garantiza su propia consistencia como sistema normativo 
para sus destinatarios y operadores19, ya que la previsión de la actuación estatal 
asegura a los ciudadanos la confianza que instauran las condiciones psicológicas 
necesarias para el trabajo, el desarrollo, la afirmación y la expansión de la 
personalidad20. Debe garantizarse el conocimiento del Derecho, de manera que éste 
sea comprensible para que el ciudadano pueda, material e intelectualmente, conocer 
las pautas que aseguren la vigencia, la claridad y el contenido de las normas que 
debe obedecer, con el fin de prever cualquier efecto que pueda surgir como respuesta 
de sus actos21. 
                                                          
17
 PÉREZ LUÑO, A. E., “La Seguridad Jurídica”, op. cit., pp. 29-30. 
18
 VIGO, R. Interpretación Jurídica (del Modelo iuspositivista legalista decimonónico a las nuevas 
perspectivas), [Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2006.], p. 285. 
19
 HIERRO, L. L. Estado de Derecho Problemas Actuales, (México, editorial Fontamara, 2009), p. 60. 
20
 ATALIBA, G. “Seguridad Jurídica”. Grandes Temas del Derecho Tributario, (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, México, 1995.), p. 227. 
21
 ÁVILA, H. Teoría de la seguridad jurídica, (Barcelona, Cátedra de Cultura Jurídica, Madrid, 2012.), p. 
250. 
22 
 
Sin embargo, el derecho tiene impacto en el tiempo y el conocimiento de las 
normas jurídicas, de esta manera, determina cuáles son los ideales que deben 
garantizarse para asegurar los derechos del ciudadano y, con ello, pueda servirle de 
instrumento de protección. De esta forma, el ordenamiento jurídico debe ser confiable 
y calculable: confiable en tanto que el destinatario de las normas jurídicas debe estar 
en aptitud de conocer cuáles son los cambios que pueden realizarse y cuáles no, 
evitando la afectación a sus derechos; y, calculable para que el sujeto de las normas 
pueda saber cómo pueden realizarse los cambios y cuándo se llevarán a cabo, 
impidiendo con ello que se vea sorprendido pues, solo a partir de ese ejercicio de 
calculabilidad, se pueden prever los efectos que el Derecho le va a atribuir.  
 
La seguridad jurídica, por tanto, persigue el conocimiento y la confiabilidad en 
el derecho, así como la previsión de los efectos de sus actos, con el fin de evitar el 
engaño, la frustración, la sorpresa y la arbitrariedad22. Por su parte, la certeza, la 
confianza, la lealtad, la autorización, el consentimiento, la seguridad, la previsibilidad y 
la representatividad dan consistencia, además de que dimensionan el llamado 
principio de certeza del Derecho23. 
 
Asimismo, la seguridad jurídica, en su acepción más amplia, debe contar con 
distintas reglas que permitan a los destinatarios de las normas y a los operadores 
jurídicos medir los distintos problemas, de manera que se asegure un tratamiento 
igual en los casos iguales, así como un estatus para el cálculo futuro del actuar de las 
personas24. De esta manera, la seguridad jurídica está vinculada con la idea del 
Estado de Derecho pues, su relevancia jurídica, deriva de la necesidad de contar con 
claros y precisos modelos de conducta cuya continuidad esté, de alguna manera, 
garantizada y, precisamente, el Derecho constituye la vía adecuada para que los 
destinatarios de las normas jurídicas, así como al propio Estado, prevean el futuro y, 
por ende, puedan disminuir la inseguridad. 
                                                          
22
 ÁVILA, H., op. cit., pp. 252,53. 
23
 ATALIBA, G., op. cit., p. 246. 
24
 VIGO, R., op. cit., p. 273. 
23 
 
Partiendo de tal premisa, se concibe al Estado de Derecho como aquél en el 
que los ciudadanos pueden prever qué consecuencias tendrán sus actos u omisiones 
en el futuro, es decir, cómo se comportarán otros individuos y el propio Estado, como 
garante del Derecho25. 
 
En fechas recientes, la Primera Sala de la SCJN emitió la tesis de 
jurisprudencia 1a./J. 139/201226, en la que si bien fijó el concepto de seguridad 
jurídica en materia tributaria, cierto es que orienta a lo que se debe entender como tal. 
En la primera parte de esa tesis de jurisprudencia se sostiene que el principio de 
seguridad jurídica consagrado en la CPEUM, es la base sobre la cual descansa el 
sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás 
se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de 
indefensión. En ese sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en "saber 
a qué atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación 
de la autoridad. 
 
Asimismo, la Segunda Sala de la SCJN se ha pronunciado en la jurisprudencia 
2a./J. 144/200627, sobre los alcances de la garantía de seguridad jurídica, prevista en 
el artículo 16 de la CPEUM, en el sentido de que no debe entenderse que la ley ha de 
señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las 
relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe 
contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para 
que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades. 
 
                                                          
25
 SAMPER JUEN, J. La Fuerza Vinculante de la Jurisprudencia. (Estudios de Derecho Judicial. Madrid, 
2001.), pp. 131-132. 
26
 Tesis de jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, página 437, de rubro: “SEGURIDAD JURÍDICA EN 
MATERIA TRIBUTARIA. EN QUÉ CONSISTE.”. 
27
 Tesis de jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: “GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. 
SUS ALCANCES.”. 
24 
 
Por su parte, existen diversos principios que garantizan que la seguridad 
jurídica sea un valor necesario para la realización de los restantes valores que derivan 
del ordenamiento jurídico, tales como los de jerarquía normativa, irretroactividad, o 
técnicas como las de derogación implícita o analogía28. Estos principios confirman que 
el ordenamiento jurídico no se limita a declarar derechos e imponer deberes, sino que 
prevé los mecanismos para hacer efectivos esos derechos y deberes, de forma tal 
que el sistema jurídico no de margen a la sorpresa y que el Estado se rija por una 
previsibilidad absoluta y completa de la actuación estatal por parte de los ciudadanos 
como componentes de la seguridad jurídica29.  
 
Ahora, si se parte de la premisa que por retroactividad se entiende la 
proyección del ámbito temporal de las normas a hechos o conductas previas a su 
promulgación, es inconcuso que la irretroactividad de las normas debe comprenderse 
como la prohibición de extender la aplicación de las leyes a conductas previas a su 
promulgación porque, precisamente, fueron realizadas antes de que pudiera 
conocerse su contenido30; es decir, el principio de irretroactividad de la ley se traduce, 
de forma genérica, en que la ley no puede ser aplicada a hechos cuya actualización 
aconteció previo a su promulgación.  
 
Dentro del derecho positivo mexicano, el principio de irretroactividad de la ley 
se encuentra contenido en el artículo 14, párrafo primero, de la CPEUM, que indica:  
 
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 
 
En la disposición constitucional transcrita se consagra la garantía de 
irretroactividad en la aplicación de las leyes en perjuicio de persona alguna, que 
consiste como se dijo, básicamente, en la imposibilidad de dar efectos reguladores a 
                                                          
28
 HIERRO, L. L., op. cit., pp. 60-61 
29
 ROMERO GARCÍA, F., op. cit., p. 318. 
30
 PÉREZ LUÑO, A. E., “La Seguridad Jurídica”, op. cit., pp. 34, 123. 
25 
 
una norma jurídica sobre hechos o actos que se actualicen con antelación al momento 
en que entra en vigor la ley de que se trate.  
 
Desde la Sexta Época, la Segunda Sala de la SCJN ha sostenido 
esencialmente que las normas rigen exclusivamente los hechos acontecidos a partir 
de su vigencia, garantizando en todo momento el principio de irretroactividad31. 
 
En principio, pudiera pensarse que ninguna ley es retroactiva en sentido 
estricto, dado que no puede ni reglamentar, ni modificar el pasado, sino sólo proyectar 
sus consecuencias jurídicas en el presente a situaciones que se produjeron en el 
pasado32. La libertad de acción de los sujetos de las normas jurídicas y la posibilidad 
de prever los efectos jurídicos que derivarán de sus actos, resultan incompatibles con 
normas jurídicas que extiendan su validez a conductas anteriores a su promulgación, 
dado que tales comportamientos fueron realizados en un momento en el que, para el 
destinatario de las normas jurídicas, resultaba imposible conocer el contenido de 
futuras leyes y, por ende, calcular los efectos jurídicos de sus actos a la luz de una 
norma jurídica que desconocía, de que la prohibición de retroactividad de las leyes 
represente una manifestación de la seguridad jurídica.  
 
El principio de irretroactividad de las normas tiene un grado alto de 
razonabilidad porque la norma previa es, precisamente, la que se conoce antes de 
tomar una decisión, antes de decidir un comportamiento en los asuntos que puedan 
sufrir la influencia de la actuación de los poderes públicos33 y, por ende, la estabilidad 
del Derecho constituye un presupuesto para generar un clima de confianza en su 
contenido34. 
 
                                                          
31
 Tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen CXXXV, 
Tercera Parte, Página 161, de rubro: “IRRETROACTIVIDAD. LAS NORMAS RIGEN 
EXCLUSIVAMENTE HECHOS ACONTECIDOS A PARTIR DE SU VIGENCIA.”. 
32
 PÉREZ LUÑO, A. E. La Seguridad Jurídica: Una Garantía del Derecho y la Justicia, (Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), núm. 15, 2000.), p. 32. 
33
 ATALIBA, G., op. cit., p. 246. 
34
 PÉREZ LUÑO, A. E., “La Seguridad Jurídica”, op. cit., pp. 34, 124. 
26 
 
Un tema que ha sido objeto de debate, es el relativo a la irretroactividad o no 
de la jurisprudencia y sus consecuencias. En principio, la SCJN  ha sostenido en 
reiteradas resoluciones que la jurisprudencia no viola la garantía de irretroactividad 
toda vez que no crea una norma nueva, sino únicamente fija el contenido y el alcance 
de una ya existente.  
 
Durante la Séptima Época, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País 
sostuvo como inexacto que al aplicarse jurisprudencia formada con posterioridad a la 
fecha del acto reclamado, pero interpretando la ley que lo rige, se viole en perjuicio de 
los quejosos el principio constitucional de irretroactividad, pues la jurisprudencia no 
constituye legislación nueva ni diferente, sino sólo es la interpretación de la voluntad 
de la ley35. 
 
En relación con lo anterior, la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional 
del País sostuvo, desde la Sexta Época, que la jurisprudencia no es ley, sino 
interpretación de la ley36. 
 
Consideraciones torales que se mantienen actualmente intactas, toda vez que 
existe vigente un criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la SCJN durante la 
primera mitad de la Novena Época, en el que se concluyó que tomando en 
consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales 
hacen de la ley, y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la 
ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y 
abstracción, es inconcuso que al aplicarse, no viola el principio de irretroactividad, 
consagrado en el artículo 14 de la CPEUM37. 
                                                          
35
 Tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 67, 
Tercera Parte, página 31, de rubro: “JURISPRUDENCIA E IRRETROACTIVIDAD.”. 
36
 Tesis aisladas publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, la primera en el 
Tomo LII, Segunda Parte, página 53 y la segunda en el tomo XLIX, Segunda Parte, página 60, de 
rubros: “JURISPRUDENCIA, NO ES LEY SINO INTERPRETACIÓN DE LA LEY.” y 
“JURISPRUDENCIA.”. 
37
 Tesis de jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 16, de rubro: “JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO 
VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.”.  
27 
 
Como se observa, la irretroactividad de las normas supone la prohibición de 
extender la aplicación de las leyes a conductas previas a su promulgación, lo que 
implica que las normas jurídicas tiendan hacia la permanencia, y se evidencia en dos 
expresiones de la seguridad jurídica, a saber, la cosa juzgada y los derechos 
adquiridos. 
 
La cosa juzgada atribuye firmeza a las resoluciones judiciales por 
desistimiento, renuncia o por haberse agotado las instancias o plazos para 
interponerlo, es decir, esa firmeza deriva de la imposibilidad de acudir a un nuevo 
juicio, recurso o medio de defensa para lograr modificar esa decisión judicial. Por su 
parte, los derechos adquiridos son aquellos que amparan las situaciones jurídicas 
surgidas durante la vigencia de una norma jurídica que protegen al particular de 
cualquier cambio legislativo que pudieran incidir retroactivamente en esas 
situaciones38. 
 
La cosa juzgada constituye una verdad jurídica y busca garantizar la seguridad 
jurídica dado que pretende otorgar confianza a los sujetos de que la decisión tiene 
existencia duradera y porque, a partir de un determinado momento, se ponga fin a la 
duda y a la lucha por el Derecho en cualquier asunto concreto, en beneficio de la 
sociedad39. 
 
Así pues, la cosa juzgada es una forma que las leyes procesales han previsto, 
como regla que materializa la seguridad y la certeza jurídicas que resultan de haberse 
seguido un juicio que culminó con sentencia firme. 
 
El Pleno de la SCJN, en la tesis de jurisprudencia P./J. 85/200840, sostuvo que 
en el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la 
                                                                                                                                                                                        
 
38
 PÉREZ LUÑO, A. E., “La Seguridad Jurídica”,op. cit., pp. 34-35. 
39
 PÉREZ LUÑO, A. E., “La Seguridad Jurídica: Una Garantía..”, op. cit., p. 31. 
40
 Tesis de jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo 
XXVIII, Septiembre de 2008, página 589, de rubro: “COSA JUZGADA. EL SUSTENTO 
28 
 
sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido éste como el que fue 
seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, de la CPEUM, lo cual da seguridad y 
certeza jurídica a las partes; y, que la autoridad de la cosa juzgada que se atribuye a 
la sentencia definitiva no se funda en una ficción, sino en la necesidad imperiosa de 
poner fin a las controversias, a efecto de dar certidumbre y estabilidad a los derechos 
del litigio, como consecuencia de la justicia impartida por el Estado, por medio de los 
Jueces. 
 
Por otra parte, la relevancia que en la confianza de los destinatarios de las 
normas jurídicas tienen los derechos adquiridos, entendidos como los válidamente 
obtenidos y firmes al amparo de una determinada legislación, deriva en el respeto 
general de aquellos poderes de actuación, prerrogativas y situaciones que el 
ordenamiento jurídico ha puesto a su servicio para la consecución de sus fines 
personales y, por ese motivo, los derechos adquiridos deben ser respetados y quedar 
a salvo de cualquier norma jurídica que pueda ser retroactiva, hasta que sean acordes 
con las necesidades del Estado de Derecho41.  
 
El Pleno de la SCJN, en la Séptima Época del Semanario Judicial de la 
Federación, sostuvo la tesis aislada42 en que precisó que la garantía de derecho 
adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un 
provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni 
por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en 
contrario.  
 
                                                                                                                                                                                        
CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS 
ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”.  
41
 PÉREZ LUÑO, A. E., “La Seguridad Jurídica”, op. cit., pp. 130-131. 
42
 Tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 145-
150, Primera Parte, Página 53, de rubro: “DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE 
DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES.”. 
29 
 
Ahora, la modificación de las normas jurídicas no puede verificarse sin que se 
garanticen los bienes adquiridos y sin que se respeten las situaciones jurídicas que se 
han prolongado a través del tiempo, toda vez que el reconocimiento de los derechos 
adquiridos no deriva de las condiciones formales de validez de la legislación a cuyo 
amparo surgieron, sino de las condiciones de justicia que generaron esos derechos 
adquiridos y su permanencia en el tiempo.  
 
En relación con la certeza del Derecho, que supone la posibilidad de sus 
destinatarios de conocer y cumplir sus prescripciones, se ve afectada con la incesante 
emisión de normas, o bien, de su continua modificación y, además, derivado de la 
prolijidad, complejidad y equivocación que en emisión de las normas pudiera 
incurrirse. En efecto, la emisión continua de leyes y, además, de decisiones 
jurisprudenciales, que permiten el funcionamiento del sistema jurídico, puede derivar 
en que su discernimiento, interpretación y aplicación por los operadores jurídicos sea 
muy complicado.  
 
Entonces, la seguridad jurídica se ve afectada por el detrimento de la vigencia 
de las normas jurídica que, en muchas ocasiones, permanecen inoperantes por falta 
de información.  
 
Por ello, con el fin de garantizar la seguridad jurídica, que deriva del 
conocimiento de las normas jurídicas, se requiere un sistema de publicidad de las 
normas, no sólo al momento de comenzar su existencia sino que las acompañe a lo 
largo de ella43, es decir, para que se garantice la seguridad jurídica se requiere, por 
una lado, el adecuado planteamiento político y, por otro, la correcta organización 
técnica de los sistemas informáticos.  
 
En esta parte, es oportuno destacar la importancia que en una sociedad 
democrática tiene el que pueda garantizarse la posibilidad de los destinatarios de las 
                                                          
43
 VIGO, R., op. cit., p. 274. 
30 
 
normas jurídicas de conocer su contenido, porque el respeto de las normas jurídicas, 
aprobadas por las mayorías, obliga a las minorías a obedecerlas para garantizar la 
coherencia del sistema, la generalidad de las normas y, por ende, la seguridad 
jurídica.  
 
El hecho de que una sociedad democrática respete la Ley del Estado de 
Derecho representa la garantía de la seguridad y de la libertad de los ciudadanos, 
porque a través de la ley aprobada democráticamente, se posibilita un clima de 
certeza de los ciudadanos que les permite prever el comportamiento de los demás 
ciudadanos y órganos del Estado, derivado de los actos que realicen y, por ende, 
constituye también seguridad de libertad al permitir el regular el desenvolvimiento de 
las miembros de la sociedad democrática.44 
 
Como se ha advertido, la seguridad jurídica acompaña, día a día, la vida del 
hombre cuando se desenvuelve en un Estado de Derecho porque, el margen de esa 
seguridad, implica la realización plena de los valores del Estado de Derecho, es decir, 
el ciudadano puede hacer lo que tiene que hacer, ya que la seguridad jurídica actúa 
como orden normativo de las relaciones humanas.  
 
Por tanto, si la certeza del derecho se traduce, básicamente, en la posibilidad 
de que los ciudadanos puedan prever o calcular las consecuencias jurídicas de sus 
actos, es importante que, además, conozcan bajo qué condiciones pueden crearse 
normas jurídicas, cuál será el tiempo de vida de esas normas y quiénes y bajo qué 
condiciones pueden expulsarlas del mundo jurídico45.  
 
En síntesis, la publicación y difusión de las normas jurídicas y el principio de 
legalidad son vías que permiten el conocimiento del Derecho. La prohibición de 
retroactividad permite confiar en la continuidad del orden normativo. La interdicción de 
la arbitrariedad garantiza que el Estado se sujeta al cumplimiento de las normas, de 
                                                          
44
 PÉREZ LUÑO, A. E., “La Seguridad Jurídica”, op. cit., pp. 64-66, 70, 78-79, 98. 
45
 VIGO, R., op. cit., pp. 279-280. 
31 
 
forma tal que no pueda realizar actos que los gobernados no hayan previsto en 
respuesta de sus actos u omisiones46.  
 
2. La jurisprudencia como instrumento de la seguridad jurídica 
 
Como se ha expuesto en el apartado anterior, la existencia del Derecho 
obedece a la necesidad de asegurar el comportamiento humano, frente a las acciones 
de los demás individuos, o bien, frente a la imposibilidad de elegir, en cada momento, 
arbitrariamente las propias acciones asumiendo en la incertidumbre las eventuales 
consecuencias o reacciones que provoquen.47  
 
Las normas jurídicas constituyen un modelo de conducta pero, además, 
constituyen una causa eficiente porque procuran que efectivamente se realicen, 
derivado del cumplimiento voluntario, o bien, a partir de la exigencia coercitiva de esa 
conducta. 
 
Dado que la seguridad  jurídica exige la previsión de una respuesta conforme a 
Derecho para los diferentes conflictos que se suscitan en la convivencia humana, los 
destinatarios de las normas jurídicas verían defraudadas sus expectativas básicas si 
las normas jurídicas no les ofrecieran una solución a sus litigios y, para ello, los 
ordenamientos jurídicos establecen un sistema de fuentes del Derecho y otorgan a los 
jueces y tribunales la posibilidad de integrar alguna posible laguna legal, a través de la 
interpretación extensiva, analogía, equidad y principios generales del Derecho, entre 
otros48.  
 
                                                          
46
 SAMPER JUEN, J., op. cit., p. 132. 
47
 HIERRO, L. L., op. cit., p. 59. 
48
 PÉREZ LUÑO, A. E., “La Seguridad Jurídica”,op. cit., p. 97. 
32 
 
Debe precisarse que todos los miembros de una sociedad, usuarios o 
creadores del derecho, tienen alguna injerencia o compromiso respecto a la seguridad 
y, sin perjuicio de ciertas funciones asignadas profesionalmente, se intercambian 
dinámicamente roles que tienen por objeto cumplir, ejercer, peticionar, establecer, 
enseñar o aplicar derecho, y que, por ende, pone en juego la seguridad jurídica.  
 
Para que la seguridad jurídica garantice la previsión de una respuesta 
conforme a Derecho para los diferentes conflictos que se suscitan en la convivencia 
humana, no basta que existan normas jurídicas en las que se determinen derechos y 
deberes, vigentes y a las que se pueda acceder en cualquier momento, sino que 
resulta indispensable que esas normas jurídicas sean comprensibles y generen la 
menor cantidad de dudas posibles. Es decir, las normas jurídicas exigen coherencia 
interna y expresiones que permitan reconocer lo que efectivamente disponen49.  
 
Aun cuando las normas jurídicas no resulten del todo comprensibles y, por 
ende, más que garantizar la previsión de una respuesta conforme a Derecho a los 
conflictos que se suscitan en el Estado de Derecho, generen dudas en los 
destinatarios de las mismas, debe tomarse en cuenta a la función de la jurisdicción 
que, como operador definitivo en la aplicación del Derecho a través de la 
interpretación de las normas jurídicas, constituyen la garantía última de certeza y 
consistencia del orden jurídico50.  
 
La jurisprudencia, por tanto, se presenta como una expresión de una 
racionalidad técnico-jurídica en razón de las garantías que operan en todo proceso 
jurisdiccional51 y, a la luz de la seguridad jurídica, se desarrolla ese sistema de 
interpretación jurídica que deriva en el establecimiento de la jurisprudencia por parte 
de los órganos competentes para otorgar una respuesta conforme a Derecho para los 
diferentes conflictos que se suscitan. 
                                                          
49
 VIGO, R., op. cit., pp. 274-275, 280, 286. 
50
 HIERRO, L. L., op. cit., p. 71. 
51
 CARBONELL, M., op. cit., p.140. 
33 
 
 
Al respecto, si se toma en cuenta que la jurisprudencia deriva de la 
interpretación que de las leyes realizan los órganos judiciales competentes, los que 
constituyen la garantía de certeza y consistencia del orden jurídico, puede estimarse 
que ésta (la jurisprudencia) otorga seguridad jurídica al gobernado por el hecho de 
que fomenta la certidumbre en la tarea cotidiana de resolver controversias, 
garantizando la imparcialidad del juzgador desde la unificación de la interpretación 
jurídica, dado que aclara la ley cuando ésta es obscura, fija el criterio jurídico a nivel 
nacional y permite que prevalezca la objetividad en la interpretación jurídica de la 
ley52.  
 
El hecho de que se pretenda unificar la respuesta judicial a las controversias 
jurídicas obedece, principalmente, a la constante idea del Estado de Derecho de 
garantizar la previsión de una respuesta conforme a Derecho para los diferentes 
conflictos que se suscitan (seguridad jurídica), porque si distintos tribunales llegan a 
conclusiones opuestas cuando se enfrentan a un mismo tipo de asunto, los 
destinatarios de las normas jurídicas no estarán en aptitud de calcular las 
consecuencias de sus actos u omisiones53.  
 
De esta forma, la jurisprudencia funge como un instrumento de seguridad 
jurídica, dado que representan la interpretación que los tribunales otorgan a las 
normas de un sistema jurídico, que permita tanto a particulares como a autoridades 
conocer los criterios interpretativos que deben ser aplicados al momento de resolver 
una controversia y, por ende, propicia la previsibilidad del comportamiento 
jurisdiccional, en tanto contribuye a hacer previsible que los jueces y tribunales 
actuarán o dejarán de hacerlo de una forma determinada y no de otra, cumpliéndose 
de esta forma con la exigencia de la seguridad jurídica de otorgar a los destinatarios 
de las normas jurídicas la previsión de una respuesta conforme a Derecho para los 
                                                          
52
 ARELLANO HOBELSBERGER, W., op. cit., pp. 21, 23-24. 
53
 FERRERES, V. y XIOL, J. A., op. cit., p. 45. 
34 
 
diferentes conflictos que se suscitan54. La efectividad de las normas depende de la 
aplicación que se haga de sus normas. Ésta es la razón de ser de las facultades 
interpretativas de los tribunales.  
 
El Derecho legislado y el Derecho aplicado adquieren también una función 
necesariamente complementaria respecto de la garantía de la seguridad jurídica, pues 
la aplicación misma del Derecho debe resultar previsible y calculable.  
 
El sistema jurídico de un Estado de Derecho sólo puede funcionar si se 
garantiza en su aplicación continuidad y unidad de interpretación del orden normativo, 
la continuidad requiere la vinculación de los tribunales a sus precedentes, la unidad 
del orden jurídico exige la vinculación de los tribunales a una instancia interpretativa 
unificada.  
 
Desde la perspectiva de la seguridad jurídica, la vinculación horizontal debe ser 
planteada también en relación a la vinculación que para unos órganos judiciales 
tienen las decisiones de otros órganos judiciales. Es evidente que el orden jurídico 
carecerá de unidad y, consecuentemente, la seguridad jurídica resultará fuertemente 
dañada, si los diversos tribunales previstos en las leyes erigen en Derecho vigente 
interpretaciones discrepantes entre sí, a veces inclusive dentro de la misma 
jurisdicción55.  
 
La jurisprudencia en nuestro sistema jurídico pretende introducirse en el mundo 
de las obligaciones, dado que su obligatoriedad nace siempre de la ley, que es la que 
establece, únicamente, los sujetos que pueden obligar y los sujetos obligados56.  
 
En nuestro sistema jurídico la obligatoriedad de la jurisprudencia está elevada a 
rango constitucional, específicamente en el artículo 94, décimo párrafo, que establece 
                                                          
54
 CARBONELL, M., op. cit., pp. 138-139. 
55
 SAMPER JUEN, J., op. cit., pp. 133-134, 140. 
56
 ALVARADO ESQUIVEL, M. J., “Las veinticinco…”, op. cit., pp. 19-20. 
35 
 
que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan 
los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la 
interpretación de la Constitución y normas generales, cuyo contenido es el siguiente: 
 
Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una 
Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados 
y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. 
… 
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que 
establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los 
Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas 
generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución. 
 
Como se observa, la jurisprudencia en nuestro país cumple una función 
interpretadora, tal y como se deriva del contenido del propio artículo 94, párrafo 
décimo, constitucional57.  
 
Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN ha sostenido58, conforme a la 
disposición constitucional transcrita, la obligatoriedad de las jurisprudencias para 
todos los órganos jurisdiccionales de la República conforme al orden lógico 
descendente que se da entre el Pleno y las Salas de la Suprema Corte, los Tribunales 
Colegiados de Circuito, facultados para establecerla y los restantes órganos que 
imparten justicia; siendo indiscutible que los juzgadores tienen el deber de cumplir con 
las jurisprudencias sustentadas por los órganos mencionados y si no lo hacen 
incurren en responsabilidad cuando, lógicamente, existen elementos suficientes para 
tener por demostrado que tuvieron conocimiento de ellas. 
 
                                                          
57
 PLASCENCIA VILLANUEVA, R. Jurisprudencia, (México, editorial MaGraw-Hill, 1997.), pp. 17-18. 
58
 Tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XII, Agosto de 2000, página 364, de rubro: “JURISPRUDENCIA. LA OBLIGATORIEDAD 
CONSTITUCIONAL DE LA SUSTENTADA POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EXIGE 
DE LOS JUZGADORES ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO PERMANENTES DE LOS MEDIOS 
INFORMATIVOS QUE LA DIFUNDEN.”. 
36 
 
Por su parte, en el artículo 217 de la LA se determina específicamente la forma 
en que la jurisprudencia resulta obligatoria, al disponer que la jurisprudencia que 
establece la SCJN, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas 
tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los PC, los Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito, los juzgados de Distrito, tribunales militares y 
judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales 
administrativos y del trabajo, locales o federales, mientras que la jurisprudencia 
sustentada por los PC es obligatoria para los Tribunales Colegiados y Unitarios de 
Circuito, los juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de 
las Entidades Federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o 
federales que se ubiquen dentro del Circuito correspondiente y, finalmente, la 
jurisprudencia sustentada por los TCC, salvo para el Pleno o las Salas de la SCJN, 
los PC o los restantes TCC, resulta obligatoria para los restantes órganos 
jurisdiccionales, como se desprende de lo siguiente: 
 
Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria 
para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los 
Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los 
juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de 
los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del 
trabajo, locales o federales. 
 
La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria 
para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de 
distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las 
entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o 
federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. 
La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito 
es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con 
37 
 
excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales 
colegiados de circuito. 
 
La obligatoriedad de la jurisprudencia inicia a partir de su publicación en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, o antes, si el órgano jurisdiccional 
se entera de la existencia de la jurisprudencia por los medios contenidos en la LA. La 
obligatoriedad supone que la jurisprudencia debe aplicarse o acatarse por los órganos 
a quien la ley atribuye, precisamente, esa obligación. En una palabra, implica un 
deber una exigencia de acogerla y sujetarse a ella. Es decir, la jurisprudencia del 
órgano superior obliga a sus inferiores59.  
 
Al respecto, a fin de que la obligatoriedad en la jurisprudencia vincule 
plenamente a los órganos jurisdiccionales, la Segunda Sala de la SCJN ha 
sustentado60 que cuando la jurisprudencia sustentada por ese Máximo Tribunal 
Constitucional no se encuentre reflejada en una tesis aprobada y publicada 
formalmente, y el TCC no pueda valerse del Semanario Judicial de la Federación para 
establecer la existencia y aplicabilidad de la que le hagan valer las partes, tendrá que 
comprobar, por los conductos pertinentes, la existencia del criterio jurídico invocado y 
que, además, reúna los requisitos legales exigidos para ser considerado como 
jurisprudencial y, por ende, obligatorio. 
 
Como se alcanza a observar, el hecho de que una jurisprudencia resulte 
obligatoria, hace que las decisiones de los asuntos posteriores que contengan la 
problemática similar sean resueltas con el criterio jurisprudencial aprobado y no por 
                                                          
59
 ALVARADO ESQUIVEL, M. J., “Las veinticinco…”, op. cit., pp. 25, 26-27. 
60
 Tesis de jurisprudencia publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, la primera en el Tomo XVI, Octubre de 2002, página 292 y la segunda en el Tomo XVI, Octubre 
de 2002, página 294, de rubros: “JURISPRUDENCIA. FORMA EN QUE DEBEN PROCEDER LOS 
TRIBUNALES COLEGIADO DE CIRCUITO PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LA SUSTENTADA 
POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANTE LA FALTA DE TESIS 
FORMALMENTE PUBLICADA.” y “JURISPRUDENCIA. PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA Y 
OBLIGATORIEDAD DE LA QUE SE INVOCA COMO SUSTENTADA POR LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, LOS TRIBUNALES COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁN ACUDIR ANTE 
ÉSTA, POR CONDUCTO DE LOS ÓRGANOS CORRESPONDIENTES.”. 
38 
 
criterio personal del tribunal inferior que es obligado a acatar la jurisprudencia 
respectiva. De esta forma, es decir, con la aplicación de la jurisprudencia obligatoria, 
se controla la decisión de los tribunales inferiores y ello genera la unidad interpretativa 
de todos los órganos jurisdiccionales, tanto del emisor de la jurisprudencia y la de sus 
inferiores, erradicando la imprevisibilidad del fallo de los órganos jurisdiccionales 
inferiores.  
 
El hecho de que se pueda adelantar, con toda certeza, cuál será la decisión 
que se tomará en un problema jurídico evidencia la satisfacción de la seguridad 
jurídica, en tanto que erradica, de inmediato, la incertidumbre sobre la determinación 
que debe adoptar el órgano jurisdiccional inferior, obligado constitucionalmente a 
acatar la jurisprudencia. 
 
En ese sentido, el Estado de Derecho sólo puede funcionar si se garantiza en 
la aplicación de su orden jurídico la continuidad y unidad de interpretación del mismo, 
dado que la continuidad requiere la vinculación de los tribunales a determinadas 
jurisprudencias y la unidad del orden jurídico exige la vinculación de los tribunales 
inferiores a una instancia interpretativa unificada.  
 
La continuidad y la unidad de interpretación de las normas jurídicas generan un 
respeto a dos derechos fundamentales de los gobernados, a saber, el de seguridad 
jurídica, por el hecho de que se podrá prever anticipadamente cual será el resultado 
de la decisión de los tribunales, así como el de igualdad, porque todos los justiciables 
recibirán una respuesta uniforme a un problema jurídico de características similares, 
logrando que sean tratados igualitariamente ante la ley61.  
 
Sin embargo, la jurisprudencia no vincula por siempre a su órgano creador 
pues, por su propia naturaleza, es dinámica y, por ese motivo, se evita que se congele 
aun cuando no sea acorde con el momento por el que una sociedad atraviese, 
                                                          
61
 ALVARADO ESQUIVEL, M. J., “Las veinticinco…”, op. cit., pp. 28-29, 33. 
39 
 
posibilitando su ajuste a la realidad de cada momento gracias a las figuras de la 
interrupción y la sustitución, que en nuestro sistema jurídico se encuentran previstas 
en los artículos 228 y 230 de la LA, que establecen: 
 
Artículo 228. La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter 
obligatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. En estos casos, 
en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se 
apoye la interrupción, las que se referirán a las consideraciones que se 
tuvieron para establecer la jurisprudencia relativa. . 
 
Artículo 230. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción 
establezcan el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, así como los Plenos de Circuito, podrá ser sustituida conforme a 
las siguientes reglas: 
I. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de 
sus magistrados, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, 
podrán solicitar al Pleno de Circuito al que pertenezcan que sustituya la 
jurisprudencia que por contradicción haya establecido, para lo cual 
expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. 
Para que los Plenos de Circuito sustituyan la jurisprudencia se requerirá 
de las dos terceras partes de los magistrados que lo integran. 
II. Cualquiera de los Plenos de Circuito, previa petición de alguno de los 
magistrados de los tribunales colegiados de su circuito y con motivo de 
un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la sala correspondiente, 
que sustituya la jurisprudencia que hayan establecido, para lo cual 
expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. La 
solicitud que, en su caso, enviarían los Plenos de Circuito al pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la sala correspondiente, 
debe ser aprobada por la mayoría de sus integrantes. 
40 
 
III. Cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, previa petición de alguno de los ministros que las integran, y 
sólo con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya la 
jurisprudencia que haya establecido, para lo cual expresarán las 
razones por las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que, en su 
caso, enviaría la sala correspondiente al pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, deberá ser aprobada por la mayoría de sus 
integrantes. 
Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya la 
jurisprudencia en términos de las fracciones II y III del presente artículo, 
se requerirá mayoría de cuando menos ocho votos en pleno y cuatro en 
sala. 
Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no 
afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en 
los que se hayan dictado las sentencias que la integraron, ni la que se 
resolvió en el caso concreto que haya motivado la solicitud. Esta 
resolución se publicará y distribuirá en los términos establecidos en esta 
Ley. 
 
De las disposiciones normativas transcritas se observa que si una 
jurisprudencia ha sido interrumpida o sustituida, los órganos jurisdiccionales inferiores 
al órgano emisor de ésta, no están obligados para aplicar la jurisprudencia 
interrumpida o sustituida, pudiendo resolver conforme a ella, o bien, de acuerdo a la 
nueva tesis, según sea el caso62.  
 
De ahí que los juzgadores tengan gran relevancia dentro de nuestro sistema 
jurídico, en tanto que, al aplicar la ley, están autorizados a interpretar el derecho e 
integrarlo para dar respuesta a los problemas jurídicos que se les planteen, creando 
                                                          
62
 ALVARADO ESQUIVEL, M. J., “Las veinticinco…”, op. cit., p. 36. 
41 
 
resoluciones obligatorias, en las que interpretan e integran el derecho al que estarán 
sujetos todos los destinatarios de las normas jurídicas. 
 
En ese sentido, si el juzgador se traduce en la persona que declara la 
aplicación de la ley en el caso concreto sometido a su conocimiento, contribuye con la 
formación y enriquecimiento del Derecho a través de la jurisprudencia y, si el derecho 
es dinámico, la jurisprudencia constituye el conducto que posibilita la separación entre 
ese derecho y la ley. De esta forma, el sólo conocimiento de las normas jurídicas, sin 
tener el conocimiento de las ideas expuestas por los tribunales, implica no tomar en 
cuenta a la jurisprudencia, no obstante que constituye una de las fuentes del derecho. 
La mejor manera de evaluar la función jurisdiccional de los tribunales es, 
precisamente, a través de sus determinaciones, y el conocimiento de sus resoluciones 
resulta básico para poder anticipar la respuesta a los problemas jurídicos que puedan 
acontecer en el futuro63. 
 
No obstante, vale la pena hacer una crítica al sistema de obligatoriedad de la 
jurisprudencia porque, de acuerdo con el artículo 217 de la LA, los órganos obligados 
son de carácter jurisdiccional, es decir, no se encuentran obligados a acatarla los 
órganos legislativos que emitieron la ley, ni los órganos del Poder Ejecutivo o de la 
administración, centralizada o descentralizada, encargados de ejecutarla64.  
 
Ello es así, toda vez que el artículo 217 de la LA sólo obligan a los que van a 
juzgar y, en su caso, a reparar la violación una vez cometida, pero no obliga a los que 
pueden cometer la violación, no obstante que, si se les obligara, prevendría la 
violación respectiva65. 
 
                                                          
63
 PLASCENCIA VILLANUEVA, R., op. cit., pp. 14, 16. 
64
 GUDIÑO PELAYO, J. de J. Reflexiones en torno a la obligatoriedad de la jurisprudencia: 
Inconstitucionalidad del primer párrafo de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, (México, 
Universidad de Guadalajara, 1996.), p. 9. 
65
 GUDIÑO PELAYO, J. de J., op. cit., p. 9. 
42 
 
En otras palabras, el hecho de que la jurisprudencia no resulte obligatoria para 
los órganos administrativos dependientes del Poder Ejecutivo, implica que esos 
órganos puedan aplicar una ley que ha sido declarada inconstitucional por la 
jurisprudencia u otorgar una interpretación distinta a los preceptos en que funda una 
determinación, que resulta contraria a la establecida en la propia jurisprudencia, en 
perjuicio de los gobernados. 
  
43 
 
CAPÍTULO III 
LA SUSTITUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA FISCAL Y SU 
IMPACTO A LA SEGURIDAD JURÍDICA 
 
 
1. La sustitución de la jurisprudencia en México 
 
Como se desarrolló en el capítulo I de este trabajo de investigación, por 
jurisprudencia se entiende la interpretación que los órganos competentes otorgan a 
las normas jurídicas para resolver un problema sometido a su consideración66 y su 
creación en el sistema jurídico Mexicano está confiada a la SCJN  mediante los 
métodos de reiteración de criterios que cuenten con votación calificada y de 
contradicción de tesis, así como de la resoluciones que dicte en las controversias 
constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad que cuenten con votación 
calificada; a los Plenos de Circuito correspondientes mediante el método de 
contradicción de tesis; y a los TCC mediante el método de reiteración de criterios que 
cuenten con votación calificada. 
 
El hecho de que un tribunal emita una jurisprudencia sobre una controversia 
determinada, implica que, para garantizar la coherencia y continuidad del orden 
jurídico y, por ende, la seguridad jurídica, el criterio jurisprudencial que ha sido 
adoptado debe aplicarse, necesariamente, para una controversia similar. Sin 
embargo, aun cuando un tribunal emisor de jurisprudencia deba, en principio, estar a 
lo que resolvió en un caso específico, tiene la facultad de apartarse del criterio que 
había sustentado y, en este supuesto, debe justificar el cambio de criterio67. 
 
                                                          
66
 ARELLANO HOBELSBERGER, W., op. cit., pp. 22-23. 
67
 FERRERES, V. y XIOL, J. A., op. cit., p. 24. 
44 
 
Por su parte, la circunstancia de que la jurisprudencia no obligue al propio 
órgano emisor implica que el sistema jurisprudencial mexicano reconoce que el orden 
jurídico es dinámico y, por ese motivo, confía que, a partir de la experiencia de los 
órganos facultados para emitir jurisprudencia, éstos reconozcan que han incurrido en 
una error en la interpretación de las normas jurídicas, o bien, que la interpretación 
establecida de las normas jurídicas no se ajusta a las necesidades del momento por 
el que atraviese la sociedad en general. 
 
El artículo 94, párrafo décimo, de la CPEUM, vigente a partir de la reforma 
constitucional de dos mil once, dispone que la ley será la encargada de fijar los 
términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del 
Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la 
Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y 
sustitución, como se advierte -conviene repetirlo- de la siguiente transcripción: 
 
Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una 
Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados 
y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. 
… 
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que 
establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de 
Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así 
como los requisitos para su interrupción y sustitución. 
 
Como se observa, el artículo 94, décimo párrafo, constitucional reconoce que la 
jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y 
los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales 
puede ser objeto de interrupción y sustitución. 
 
Aun cuando el artículo 94, décimo párrafo, constitucional reconozca la 
posibilidad de que la jurisprudencia pueda ser objeto de interrupción y sustitución, 
45 
 
debe tenerse en cuenta que el principio de seguridad jurídica no exige que las 
decisiones del Poder Judicial de la Federación sean inamovibles, entre las que se 
encuentran las jurisprudencia que crean, de manera que pueden abandonar la 
jurisprudencia por el hecho de que no existe una vinculación absoluta de estarse a lo 
decidido y la necesidad de impulsar un cambio en la jurisprudencia deriva, 
principalmente, por los cambios del ordenamiento jurídico y puede ser útil para 
mejorar la interpretación de las normas jurídicas, puede corregir errores anteriores, o 
bien, para valorar un hecho o un argumento que no había sido valorado en la decisión 
que había originado el criterio jurisprudencial interrumpido o sustituido.68 
 
En el sistema jurídico Mexicano la LA se encarga de fijar los requisitos para 
que la jurisprudencia obligatoria sobre la interpretación de la Constitución y normas 
generales pueda ser interrumpida o sustituida y, por ese motivo, debe tomarse en 
cuenta que el artículo 228 de la Ley referida establece que la jurisprudencia se 
interrumpe y, por ende, deja de tener carácter obligatorio, cuando se pronuncia una 
ejecutoria en contrario, para lo cual, deben expresarse las razones que motivan la 
interrupción, que se referirán a las razones que se tuvieron para establecer la 
jurisprudencia relativa, mientras que el artículo 230 de la LA dispone las reglas 
conforme las cuales la jurisprudencia que por reiteración o contradicción de tesis 
establezcan el Pleno o las Salas de la SCJN, así como los PC, podrá ser sustituida. 
Los artículos 228 y 230 antes referidos indican: 
 
Artículo 228. La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter 
obligatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. En estos casos, 
en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se 
apoye la interrupción, las que se referirán a las consideraciones que se 
tuvieron para establecer la jurisprudencia relativa. . 
 
                                                          
68
 ALVARADO ESQUIVEL, Miguel de Jesús. ¿Se acabaron los efectos retroactivos de la jurisprudencia?, 
(México.), p. 16. 
46 
 
Artículo 230. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción 
establezcan el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, así como los Plenos de Circuito, podrá ser sustituida conforme a 
las siguientes reglas: 
I. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de 
sus magistrados, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, 
podrán solicitar al Pleno de Circuito al que pertenezcan que sustituya la 
jurisprudencia que por contradicción haya establecido, para lo cual 
expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. 
Para que los Plenos de Circuito sustituyan la jurisprudencia se requerirá 
de las dos terceras partes de los magistrados que lo integran. 
II. Cualquiera de los Plenos de Circuito, previa petición de alguno de los 
magistrados de los tribunales colegiados de su circuito y con motivo de 
un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la sala correspondiente, 
que sustituya la jurisprudencia que hayan establecido, para lo cual 
expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. La 
solicitud que, en su caso, enviarían los Plenos de Circuito al pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la sala correspondiente, 
debe ser aprobada por la mayoría de sus integrantes. 
III. Cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, previa petición de alguno de los ministros que las integran, y 
sólo con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya la 
jurisprudencia que haya establecido, para lo cual expresarán las 
razones por las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que, en su 
caso, enviaría la sala correspondiente al pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, deberá ser aprobada por la mayoría de sus 
integrantes. 
Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya la 
jurisprudencia en términos de las fracciones II y III del presente artículo, 
47 
 
se requerirá mayoría de cuando menos ocho votos en pleno y cuatro en 
sala. 
Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no 
afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en 
los que se hayan dictado las sentencias que la integraron, ni la que se 
resolvió en el caso concreto que haya motivado la solicitud. Esta 
resolución se publicará y distribuirá en los términos establecidos en esta 
Ley. 
 
Al respecto, en términos de lo que ha sostenido el Pleno de la SCJN69, la 
solicitud de modificación de jurisprudencia (ahora sustitución) surge por la imperiosa 
necesidad de brindar a un órgano jurisdiccional de menor jerarquía la oportunidad de 
expresar ante el órgano emisor del criterio jurisprudencial, las argumentaciones 
jurídicas que estime necesarias para sustentar la pretensión de modificar un criterio 
jurisprudencial (respecto del que se encuentra obligado a aplicar), por considerar que 
existen motivos suficientes para hacerlo; siendo evidente que la modificación de 
jurisprudencia resulta procedente no sólo en cuanto a un cambio de sus elementos 
esenciales, sino también del criterio jurídico sustentado, pues el propio artículo 194 de 
la LA abrogada (ahora 230 de la LA) no prevé algún elemento restrictivo, sino que 
permite el cambio total de lo anteriormente sostenido. 
 
En este punto, vale la pena aclarar que si bien el artículo 94, décimo párrafo, 
de la CPEUM, vigente a partir de la reforma constitucional de dos mil once, habla de 
la sustitución de la jurisprudencia, mientras que el artículo 194 de la LA abrogada 
habla de la modificación de la jurisprudencia, el artículo segundo transitorio del 
decreto de reformas a los artículos 94, 103, 104 y 107 de la CPEUM, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, de seis de junio de dos mil once, establece lo 
siguiente: 
                                                          
69
 Tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XIX, mayo de 2004, página 142, de rubro: “JURISPRUDENCIA. ALCANCES DE LA FACULTAD 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA MODIFICARLA.”. 
48 
 
El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes 
dentro de los 120 días posteriores a la publicación del presente Decreto.  
 
Motivo por el que la incorporación de las nuevas figuras jurídicas exige una 
regulación que debe expedir el Poder Legislativo Federal para hacer efectiva su 
aplicación, lo que implica que, hasta en tanto no se expidió la legislación 
correspondiente, el trámite para la sustitución de jurisprudencia debía realizarse con 
la denominación de modificación de jurisprudencia, como lo sostuvo la Segunda Sala 
de la SCJN70.   
 
Únicamente la jurisprudencia creada mediante el método de reiteración puede 
ser sujeta a interrupción, a saber, cuando se dicte una resolución en contrario que 
cuente con la votación calificada por parte del Pleno y de las Sala de la SCJN, así 
como de los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de que el artículo 229 de la 
LA establece que, interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva se observarán 
las mismas reglas establecidas para su formación. El artículo 229 antes referido 
indica: 
 
Artículo 229. Interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva se 
observarán las mismas reglas establecidas para su formación. 
 
En efecto, la creación de la jurisprudencia está confiada a la SCJN mediante 
los métodos de reiteración de criterios que cuenten con votación calificada y de 
contradicción de tesis, así como de la resoluciones que se dicten en las controversias 
constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad que cuenten con votación 
calificada; a los Plenos de Circuito correspondientes mediante el método de 
contradicción de tesis; y a los TCC mediante el método de reiteración de criterios que 
cuenten con votación calificada. 
                                                          
70 Tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro 
XII, septiembre de 2012, tomo 2, página 1217, de rubro: “MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA. EL 
TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES RESPECTIVAS DEBE REALIZARSE CON ESTA DENOMINACIÓN 
HASTA EN TANTO SE APRUEBE LA NUEVA LEY DE AMPARO.”. 
49 
 
 
De acuerdo con el artículo 225 de la LA, la jurisprudencia mediante el método 
de contradicción de tesis únicamente requiere de una ejecutoria en la que no se exige 
votación calificada por parte de los órganos facultades para emitirla y, por ese motivo, 
el hecho de que el artículo 229 de la LA establezca que, interrumpida la 
jurisprudencia, para integrar la nueva se observarán las mismas reglas establecidas 
para su formación, implica que la jurisprudencia por contradicción de tesis no está 
sujeta a interrupción dado que, de dictarse una resolución en contrario de la 
jurisprudencia surgida con motivo de una contradicción de tesis, se estaría emitiendo 
una resolución que se sujetó a las mismas reglas a las que se sujetó para su 
formación, a saber, al dictado de una resolución sin requerir de votación calificada y, 
por ende, que esa resolución sustituya la jurisprudencia por contradicción de tesis, 
más no que la interrumpa. El artículo 225 antes referido indica: 
 
Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al 
dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o 
entre los tribunales colegiados de circuito, en los asuntos de su 
competencia. 
 
En relación con la interrupción de la jurisprudencia, esto ocurre cuando se 
pronuncia una ejecutoria en contrario por ocho ministros, si se trata de la sustentada 
por el Pleno; por cuatro, si es de una Sala; y, por unanimidad de votos tratándose de 
la de un TCC, de manera que la jurisprudencia que se interrumpe deja de tener 
carácter obligatorio. 
 
La interrupción de las tesis de jurisprudencia incide en la seguridad jurídica 
porque, al interrumpirse un criterio jurisprudencial, ésta no resulta obligatorio, ni el 
nuevo criterio que interrumpe el criterio que prevalecía71. El hecho de que la 
                                                          
71
 ARELLANO HOBELSBERGER, W., op. cit., p. 35. 
50 
 
interrupción de la jurisprudencia haga que ésta no resulte obligatoria y que el criterio 
que la interrumpió no resulte obligatoria porque está sujeta a su reiteración para ser 
obligatoria, de acuerdo con la regla de sustitución de la jurisprudencia, implica que el 
juzgador se encuentra en posibilidad de aplicar el criterio que ha sido superado, o 
bien, el que lo ha interrumpido, de manera que, en un problema en particular que 
cuente con similares características, no podría garantizarse la previsibilidad de la 
decisión que adoptará el órgano encargado de dar una respuesta a ese problema. 
 
Ahora, en relación con la sustitución de jurisprudencia, ya se precisó que 
aquella decisión en contrario de una jurisprudencia creada mediante el método de 
contradicción de tesis, aun cuando no cuente con votación calificada, constituirá la 
sustitución de la jurisprudencia y, por ende, resultará obligatoria en los términos que 
establece el artículo 217 de la LA, que establece: 
 
Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria 
para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los 
Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los 
juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de 
los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del 
trabajo, locales o federales. 
La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria 
para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de 
distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las 
entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o 
federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. 
La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito 
es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con 
excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales 
colegiados de circuito. 
 
51 
 
Por tanto, es posible observar que el artículo 217 de la LA dispone que la 
jurisprudencia que establece la SCJN, funcionando en Pleno o en Salas, es 
obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los PC, 
los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los juzgados de Distrito, tribunales 
militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y 
tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, mientras que la 
jurisprudencia sustentada por los PC es obligatoria para los Tribunales Colegiados y 
Unitarios de Circuito, los juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del 
orden común de las Entidades Federativas y tribunales administrativos y del trabajo, 
locales o federales que se ubiquen dentro del Circuito correspondiente y, finalmente, 
la jurisprudencia sustentada por los TCC, salvo para el Pleno o las Salas de la SCJN, 
los PC o los restantes TCC, resulta obligatoria para los restantes órganos 
jurisdiccionales. 
 
Para que una jurisprudencia creada mediante el método de reiteración pueda 
considerarse sustituida y, por ende, para que el nuevo criterio resulte obligatorio, debe 
tomarse en cuenta que el artículo 229 de la LA establece que, una vez interrumpida la 
jurisprudencia, para integrar la nueva se observarán las mismas reglas establecidas 
para su formación. 
 
Derivado del método de reiteración, los artículos 222 y 223 de la LA establecen 
que la jurisprudencia por reiteración del Pleno y de las Salas de la SCJN se establece 
cuando se sustente un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra 
en contrario, resueltas en diferentes sesiones, por una mayoría de cuando menos 
ocho votos tratándose del Pleno y, tratándose de las Salas, por una mayoría de 
cuando menos cuatro votos, y el artículo 224 de la LA prevé que para el 
establecimiento de la jurisprudencia de los TCC deben observarse los requisitos 
previstos en los artículos 222 y 223 de la LA, a saber, que se sustente un mismo 
criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en 
diferentes sesiones, salvo el requisito de la votación, que deberá ser unánime. 
 
52 
 
Por tanto, si el artículo 229 de la aún vigente LA exige que, una vez 
interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva deben seguirse las mismas 
reglas establecidas para su creación, para considerar integrada una jurisprudencia 
surgida con motivo de la reiteración de criterios, no basta que se pronuncie ejecutoria 
en contrario por ocho Ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno; por cuatro, si 
es de una Sala, y por unanimidad de votos tratándose de la de un TCC, sino que 
resulta indispensable que se emitan cinco resoluciones en ese sentido, reuniendo la 
votación calificada. 
 
Resulta importante definir en qué supuestos puede considerarse que una 
jurisprudencia, sea que haya sido creada mediante el método de reiteración de 
criterios o el de contradicción de tesis, ha sido sustituida, porque la jurisprudencia que 
ha sido sustituida resultaba obligatoria en el orden jurídico nacional, hasta en tanto 
surgió el nuevo criterio que, de igual manera, resulta obligatorio y la problemática que 
se presenta es la de saber cómo y con qué efectos la jurisprudencia debe ser 
sustituida. 
 
Por ser de importancia relevante en el tema tratado en este apartado de la 
investigación, debe tenerse en cuenta el contenido de los artículos 228, 229 y 230 de 
la LA, que prevén el sistema para la interrupción y la sustitución de la jurisprudencia y 
que coinciden esencialmente con el sistema que para la interrupción y la modificación 
de la jurisprudencia prevé la aún vigente LA: 
 
Artículo 228. La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter 
obligatorio cuando se pronuncie sentencia en contrario. En estos casos, 
en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se 
apoye la interrupción, las que se referirán a las consideraciones que se 
tuvieron para establecer la jurisprudencia relativa. . 
 
Artículo 229. Interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva se 
observarán las mismas reglas establecidas para su formación. 
53 
 
 
Artículo 230. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción 
establezcan el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, así como los Plenos de Circuito, podrá ser sustituida conforme a 
las siguientes reglas: 
I. Cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de 
sus magistrados, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, 
podrán solicitar al Pleno de Circuito al que pertenezcan que sustituya la 
jurisprudencia que por contradicción haya establecido, para lo cual 
expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. 
Para que los Plenos de Circuito sustituyan la jurisprudencia se requerirá 
de las dos terceras partes de los magistrados que lo integran. 
II. Cualquiera de los Plenos de Circuito, previa petición de alguno de los 
magistrados de los tribunales colegiados de su circuito y con motivo de 
un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la sala correspondiente, 
que sustituya la jurisprudencia que hayan establecido, para lo cual 
expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse. La 
solicitud que, en su caso, enviarían los Plenos de Circuito al pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a la sala correspondiente, 
debe ser aprobada por la mayoría de sus integrantes. 
III. Cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, previa petición de alguno de los ministros que las integran, y 
sólo con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al 
pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya la 
jurisprudencia que haya establecido, para lo cual expresarán las 
razones por las cuales se estima debe hacerse. La solicitud que, en su 
caso, enviaría la sala correspondiente al pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, deberá ser aprobada por la mayoría de sus 
integrantes. 
54 
 
Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya la 
jurisprudencia en términos de las fracciones II y III del presente artículo, 
se requerirá mayoría de cuando menos ocho votos en pleno y cuatro en 
sala. 
Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no 
afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en 
los que se hayan dictado las sentencias que la integraron, ni la que se 
resolvió en el caso concreto que haya motivado la solicitud. Esta 
resolución se publicará y distribuirá en los términos establecidos en esta 
Ley. 
 
Finalmente, debe establecerse que la jurisprudencia que establezcan las Salas 
de la SCJN  o cada uno de los TCC resulta obligatoria sólo cuando, tratándose de la 
primera, no existe un criterio contrario sustentado por la otra Sala de la SCJN  y 
cuando, tratándose de la segunda, no existe un criterio contrario sustentado por otro 
TCC, es decir, la obligatoriedad de una jurisprudencia se neutraliza por otra 
jurisprudencia emitida por un órgano de la misma jerarquía y, en este supuesto, el 
órgano jurisdiccional encargado de resolver un caso en concreto debe aplicar el 
criterio que considere más adecuando porque, de estimar lo contrario, el órgano 
jurisdiccional que se encuentra obligado a resolver un problema jurídico a partir de las 
interpretaciones contradictoras de los órganos respectivos, incurriría en desacato de 
la jurisprudencia72. 
 
 
2. La modificación de la jurisprudencia en materia fiscal y su impacto a la 
seguridad jurídica 
 
                                                          
72
 ALVARADO ESQUIVEL, M. J., “Las veinticinco…”, op. cit., pp. 42-43. 
55 
 
El cambio constante al que están sujetas las normas jurídicas constituye un 
factor para que éstas no sean cumplidas, dado que se propicia el desconocimiento 
pleno de las previsiones legales y ello obliga a que, en todo caso, los destinatarios de 
las normas jurídicas constaten los cambios que hayan podido suscitarse73, lo que, sin 
duda, genera un impacto a la seguridad jurídica, en tanto que la modificación 
constante de las normas jurídicas dificultaría la posibilidad que tienen los destinatarios 
de las normas jurídicas de prever las consecuencias de sus actos. 
 
Para que los agentes económicos se encuentren motivados a participar en la 
vida económica de un país, debe existir un clima de seguridad y previsibilidad de las 
decisiones del gobierno. El clima de seguridad, certeza, previsibilidad e igualdad sólo 
puede realizarse dentro de la legalidad, la generalidad y la irretroactividad de la ley, 
porque en una economía de mercado no comulga la idea de que una nueva ley deba 
ser aplicada de inmediato, aun cuando no resultara gravosa74. 
  
En relación con la materia tributaria, el artículo 31, fracción IV, de la CPEUM 
prevé la obligación de contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, como se desprende -repetimos- de la siguiente 
transcripción: 
 
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 
… 
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del 
Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
Es decir, en el artículo constitucional transcrito se establecen diversas 
exigencias en relación con las contribuciones, tales como la adaptación del impuesto 
a la capacidad contributiva, su progresividad y generalidad, junto a la necesidad de 
                                                          
73
 VIGO, R., op. cit., p. 275. 
74
 ATALIBA, G., op. cit., pp. 236-237. 
56 
 
atender a la legalidad tributaria, que obliga a que los elementos de las contribuciones 
estén previstos en ley75. 
 
La normas fiscales responden y tienen un fundamento propio en la medida que 
son directa y obligada consecuencia del deber de contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica impuesto a todos los 
ciudadanos y las normas jurídicas de nuestro sistema tributario deben atender, 
además, a las exigencias básicas de los principios constitucionales, como la 
seguridad jurídica. El cumplimiento de los principios en materia tributaria debe 
realizarse, siempre, atendiendo a todos los principios básicos que rigen nuestro orden 
jurídico, entre los que destaca el de seguridad jurídica. 
 
En la materia tributaria tiene gran relevancia que las normas jurídicas que la 
prevén se rijan por el principio básico de seguridad jurídica, con el fin de garantizar 
que se determinen las normas jurídicas aplicables, su contenido y efectos y, de esta 
manera, asegurarse que los órganos estatales actuarán conforme a la legalidad76. 
 
Aun cuando con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los gobernados en 
materia tributaria, el legislador procura que las normas jurídicas tributarias sean 
precisas, inteligibles y previsibles, de manera que puedan transmitir un clima de 
seguridad, se requiere certeza y estabilidad para garantizar la certidumbre, las 
normas jurídicas que reglan a la materia tributaria conllevan una participación activa 
de sus destinatarios e influyen decisivamente en su comportamiento económico, es 
decir, la inseguridad jurídica no sólo deriva de unas normas jurídicas que no sean 
precisas, inteligibles, ni previsibles, sino de su variabilidad. 
 
Concurren diversos factores que imposibilitan el conocimiento de las normas 
jurídicas tributarias, entre ellos, la complejidad y mudabilidad. La complejidad de las 
normas jurídicas tributarias supone un alto grado de especialización para su 
                                                          
75
 ATALIBA, G., op. cit., p. 237. 
76
 ROMERO GARCÍA, F., op. cit., pp. 321-324, 325. 
57 
 
comprensión y aplicación, mientras que la mudabilidad supone las constantes 
modificaciones que sufren e, incluso, a la emisión incesante de normas jurídicas en 
esa materia. 
 
El conocimiento previo de las consecuencias tributarias que pueden surgir de 
las decisiones que se adopten en el ejercicio de una actividad económica, constituye 
un factor importante al momento de planificar el rumbo del agente económico dado 
que, finalmente, constituye un coste que debe preverse y, por ese motivo, el 
ordenamiento tributario debe dar respuesta a las exigencias del obligado a contribuir a 
los gastos públicos. 
 
El principio de seguridad jurídica, que constituye un principio básico de todo el 
orden jurídico, es el principal límite de la retroactividad, no obstante que no se trate de 
un principio específico de la materia tributaria77. 
 
Sin embargo, vedar cualquier tipo de retroactividad conduciría a situaciones 
congeladoras del ordenamiento jurídico, a la petrificación de situaciones dadas, 
consecuencias no deseadas ni pretendidas, pero no podría evitarse que la regla del 
futuro incida sobre relaciones jurídicas preexistentes, respecto de aquellas 
consecuencias que podrían surgir con posterioridad de la norma jurídica y, por ese 
motivo, deben contener disposiciones transitorias que reglamentan el ritmo de la 
sustitución de uno por otro régimen jurídico. Es decir, deben establecerse las debidas 
garantías para que el destinatario de las normas jurídicas tenga la certeza necesaria 
para poder confiar en que la regulación vigente en el momento en que tomó sus 
decisiones y que considera es la que regirá sus efectos, no se verá alterada con 
posterioridad. 
Existe la posibilidad de que las leyes fiscales sean retroactivas y, por ese solo 
hecho, no implica que incurrirá en inconstitucionalidad pero, a su vez, no deben 
desconocerse los efectos que puedan producirse de cara a otros principios 
                                                          
77
 ROMERO GARCÍA, F., op. cit., pp. 326, 330-332, 337-338. 
58 
 
constitucionalmente consagrados, que en tanto se vean afectados por los efectos 
retroactivos de la norma tributaria podrá conllevar la techa de inconstitucionalidad de 
ésta. 
 
De esta manera, el establecimiento por ley de los tributos que integran el 
sistema, permite que el destinatario de las normas jurídicas conocer, con un grado 
razonable de certeza, lo que se grava y monto que debe pagarse, pudiendo prever las 
consecuencias de su actos a la luz de la regulación vigente en el momento en que se 
llevan a cabo78. 
 
Aun cuando se reconoce que la jurisprudencia no constituye una ley, sino que 
únicamente la interpreta, es decir, la complementa por el hecho de que en esa 
interpretación se determina el alcance de la ley, la modificación (sustitución) de un 
criterio jurisprudencial puede modificar la situación de confianza consolidada en 
función de la cual se ha podido actuar79, dado que la previsibilidad de la actuación 
estatal es una característica del principio de seguridad jurídica80 y, ante ese cambio, 
puede modificarse radicalmente el resultado del cálculo futuro realizado por el 
particular cuando decidió llevar a cabo una acción, o bien, omitir algo. 
 
El Pleno de la SCJN81 ha determinado que la conformación o integración 
judicial de las normas jurídicas vía jurisprudencia no constituye, por sí misma, una 
norma jurídica de carácter general, aunque pueda llenar un vacío de ésta y si, por ese 
motivo, no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, por el hecho de 
que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, su 
aplicación no vulnera el principio de irretroactividad de las leyes. 
 
                                                          
78
 ROMERO GARCÍA, F., op. cit., pp. 339, 340, 348. 
79
 FERRERES, V. y XIOL, J. A., op. cit., p. 94. 
80
 ATALIBA, G., op. cit., p. 231. 
81
 Tesis de jurisprudencia P./J. 145/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, novena época, tomo XII, diciembre de 2000, página 16, de rubro: “JURISPRUDENCIA. SU 
APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.”. 
59 
 
Sin embargo, aun cuando el Pleno de la SCJN  haya determinado que la 
jurisprudencia no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, por el 
hecho de que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y 
abstracción y, por ende, su aplicación no está sujeta al principio de irretroactividad de 
las leyes, el problema que aquí se plantea es el de qué sucede cuando la aplicación 
de una jurisprudencia (derivada de la sustitución de una diversa jurisprudencia) se 
realiza en una controversia en la que el particular se había acogido a la interpretación 
que de las normas jurídicas realizaba la jurisprudencia sujeta a sustitución y que se 
encontraba vigente en ese momento. 
 
En relación con el problema que se plantea, la Segunda Sala de la SCJN  
determinó que si el Pleno o las Salas de esa Suprema Corte modifican una 
jurisprudencia, los cambios de criterio serán válidos para resolver exclusivamente 
casos aún no fallados, sin que puedan afectarse las situaciones concretas decididas 
en los precedentes, pues por seguridad jurídica de la cosa juzgada el nuevo criterio 
no puede cambiar los casos ya resueltos y que, en los asuntos aún no fallados por el 
órgano jurisdiccional competente, deben ser ajustados al nuevo criterio 
jurisprudencial, independientemente de que en la época en que surgió la problemática 
a resolver y de que en la fecha en que se valora un hecho hubiera estado vigente otro 
criterio que ha sido superado porque la jurisprudencia, precisamente, no está sujeta a 
los principios de retroactividad típicos en las leyes y porque, además, si no se hiciera 
la aplicación del nuevo criterio jurisprudencial, se contravendría la regla de 
obligatoriedad que deriva de los artículos 192 y 193 de la LA82.  
 
Con independencia de que la jurisprudencia que sustituye un criterio 
jurisprudencial anterior tampoco esté sujeta a los principios de retroactividad típicos 
en las leyes, ello no implica que su no aplicación a una problemática que surgió en la 
época a resolver, cuando se valora un hecho suscitado cuando estuvo vigente el 
                                                          
82
 Tesis aislada 2a. XIV/2002 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena 
época, tomo XV, marzo de 2002, página 428, de rubro: “JURISPRUDENCIA. LOS NUEVOS 
CRITERIOS SON APLICABLES A LOS CASOS AÚN NO DECIDIDOS POR EL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL COMPETENTE.”. 
60 
 
criterio que ha sido superado, contravenga la regla de obligatoriedad que deriva del 
artículo 217 de la LA. 
 
No debe desconocerse que la jurisprudencia que ha sido superada y que 
estuvo vigente en el momento en el que se suscitó el hecho que se valora en la 
sentencia, resultaba obligatoria en ese momento, es decir, la interpretación de las 
normas jurídicas que se encontraba vigente en el momento del hecho valorado en la 
sentencia es el que se sustentaba en la tesis de jurisprudencia que ha sido superada 
y, finalmente, esta resultaba obligatoria. 
 
Es decir, si dentro del ámbito temporal de vigencia de una jurisprudencia se 
realiza un acto jurídico con el pleno conocimiento de la interpretación de las normas 
jurídicas que rige en ese momento, no debe desconocerse que esa interpretación, 
resultaba obligatoria en términos del artículo 217 de la LA. 
 
La regla de obligatoriedad de la jurisprudencia, prevista en el artículo 217 de la 
LA, no debe aplicarse de forma discriminada sino que debe aplicarse atendiendo a la 
lógica que representa el hecho de que esa regla de obligatoriedad es aplicable para 
toda jurisprudencia vigente. 
 
Si el Pleno o las Salas de esa Suprema Corte, o bien, los PC, sustituyen una 
jurisprudencia, el nuevo criterio surgido con motivo de la modificación no debe ser 
aplicado de forma arbitraria a los asuntos aun no fallados porque, con independencia 
de que el nuevo criterio jurisprudencial resulte obligatorio en términos del artículo 217 
de la LA, debe determinarse si el criterio que fue superado regía en el momento en 
que sucedió el hecho que se valora porque, de ser así, el criterio  superado resultaba 
obligatoria en el momento en el que, precisamente, tuvo verificativo el hecho y, por 
ese motivo, constituía la interpretación de las normas jurídicas que otorgaban 
seguridad a los particulares de los efectos jurídicos que podrían acarrear sus actos u 
omisiones. 
 
61 
 
En principio puede adoptarse la decisión de la Segunda Sala de la SCJN , en 
cuanto a que la jurisprudencia debe aplicarse inmediatamente, con independencia de 
que en la época en que surgió la problemática a resolver y de que en la fecha en que 
se valora un hecho, hubiera estado vigente otro criterio que ya fue superado porque 
de no cumplir con el criterio jurisprudencial vigente se desacataría la regla de 
obligatoriedad de la jurisprudencia, prevista en los artículos 217 de la LA, sin 
embargo, resulta del todo cuestionable que no se valore, precisamente, que el criterio 
jurisprudencial que regía en la fecha en que se valora un hecho era obligatorio en ese 
preciso momento, derivado de la misma regla de obligatoriedad y, por ende, era el 
que permitía a los destinatarios de las normas jurídicas realizar un cálculo a futuro de 
las consecuencias que arrojarían sus actos u omisiones que, finalmente, podrían estar 
expresadas en una resolución de carácter jurisdiccional. 
 
Es decir, de acuerdo con el criterio que sustenta la Segunda Sala de la SCJN  
debe resolverse, invariablemente, conforme a la jurisprudencia que ha sustituido la 
jurisprudencia que estuvo vigente al momento de que los hechos, actos, situaciones o 
negocios jurídicos, se agotaron, no obstante que debería determinarse si debe 
resolverse el problema planteado conforme a este último que constituía la 
interpretación obligatoria de las normas jurídicas que regían en ese momento que 
otorgaban garantía de lo que podría resolverse en una controversia futura83. 
 
Ahora, dado que la jurisprudencia es la interpretación obligatoria de la ley, no 
debe desconocerse que la jurisprudencia forma parte de la ley misma, dado que 
constituye la vía por la que se asegura la aplicación debida de la misma y, por ese 
motivo, cuando un particular realiza un acto jurídico con la plena convicción de una 
interpretación de la ley que ha realizado un órgano competente vía jurisprudencia, no 
resulta comprensible que por el hecho de que ese criterio jurisprudencial ya no resulte 
obligatorio, por el hecho de que ha sido sustituido por uno posterior, deba 
desconocerse que, en la fecha en que ocurrió el acto jurídico, el ánimo del particular 
                                                          
83
 ALVARADO ESQUIVEL, M. J., “Las veinticinco…”, op. cit., p. 41. 
62 
 
estuvo influenciado por el criterio jurisprudencial que estuvo vigente y que, 
precisamente, lo otorgaba ese grado de previsibilidad a la decisión que en su caso 
deba dictarse en un conflicto. 
 
Por tanto, se comparte la opinión del Doctor Miguel de Jesús Alvarado 
Esquivel84, en cuanto a que si “…en un determinado asunto alguna de las partes en 
conflicto invoca y acredita fehacientemente que se sometió a una jurisprudencia 
vigente al momento de celebrar el acto o realizarse el hecho jurídico, dicho asunto 
debe resolverse conforme a esa jurisprudencia, y no con base a una posterior y 
desconocida, ya que de lo contrario habría una seria afectación a la seguridad jurídica 
de los gobernados, producida, paradójicamente, por los propios tribunales encargados 
de salvaguardar ese derecho fundamental.”.  
 
En consecuencia, aun cuando se comparta el criterio de que la jurisprudencia 
constituya la interpretación judicial obligatoria de la ley y, por ende, que no esté sujeta 
a la prohibición de la retroactividad, ese criterio sí debe hacerse extensivo a la 
jurisprudencia que sustituye un criterio anterior dado que, si durante la vigencia del 
criterio que sido superado, se realiza un hecho en el que estuvo vigente el criterio 
superado, debe afirmarse que en ese hecho no sólo se aplica la ley, sino la 
interpretación obligatoria que de la misma realiza la jurisprudencia que estuvo vigente, 
dotando a ese hecho de las características necesarias para que el particular tenga 
pleno conocimiento de qué puede resolverse en una posterior, en caso de que ese 
hecho se vea envuelto en un problema jurídico. 
 
De forma tal, debe afirmarse que la garantía de irretroactividad, en relación con 
la jurisprudencia,  implica el respeto de las situaciones concretas e individuales que 
quedaron agotadas, producidas o constituidas bajo la vigencia de la tesis 
jurisprudencial que desaparece por la posterior y ello propicia que, además, se cierren 
cualquier posibilidad de incidencia del nuevo criterio sobre esas situaciones que han 
                                                          
84
 ALVARADO ESQUIVEL, M. J., “Las veinticinco…” op. cit., p. 42. 
63 
 
desplegado todas las consecuencias que el criterio anterior les había atribuido, 
porque  ello deriva de la convicción de todos de que para las conductas de cada quien 
no pueden esperarse más consecuencias jurídicas que las expresamente previstas en 
las sentencias de los tribunales, que permite a los destinatarios de las normas 
jurídicas prever todas las posibles intervenciones de los tribunales del Estado frente a 
él y poder actuar en consecuencia. 
 
Por su parte, cuando un acto se realiza motivado en una jurisprudencia vigente 
en ese preciso momento, se crean situaciones individuales subjetivamente 
equivalentes al derecho adquirido, dado que el particular se sujeta a ese acto 
consciente de que los efectos que pueden producirse derivados de ese acto, 
partiendo del conocimiento de la ley y de su interpretación autorizada y obligatoria. 
Debe evitarse que la nueva interpretación judicial se imponga de forma tajante a los 
particulares que al momento de realizar el acto jurídico que motivó el conflicto, cuya 
pretensión se apoyaba en un criterio anterior, valido y obligatorio, dado que esa 
interpretación únicamente debería tener efectos hacia el fututo. En efecto, aun cuando 
la jurisprudencia no tenga el carácter de ley, pues sólo es la interpretación de ésta, la 
jurisprudencia es la interpretación de las normas y, por ello, no puede estimarse que 
las normas surjan de la interpretación85. 
 
Consecuentemente, si por medio de la sustitución de la jurisprudencia se 
decide abandonar un criterio jurisprudencial anterior, esa determinación no debe 
llegar al extremo de desconocer los efectos jurídicos que surgieron de la 
jurisprudencia superada bajo esa figura ya que uno de los fines de la jurisprudencia es 
la seguridad jurídica y, sería ilógico, que su observancia posterior resulte adversa a 
los intereses de quien, obligado por la jurisprudencia optó por acogerse al criterio que 
finalmente resultó superado. 
 
                                                          
85
 ALVARADO ESQUIVEL, M. J., ¿Son retroactivos los nuevos criterios aislados o jurisprudenciales?, 
(Revista del Instituto de la Judicatura Federal, México, 2011.), pp. 20-22. 
64 
 
Es así que la eficacia retroactiva de la jurisprudencia sólo puede referirse a los 
casos en los que el justiciable actúa con base en una jurisprudencia que, 
posteriormente, resulta sustituida por una nueva orientación que tiene efectos 
retroactivos, es decir, que afecta situaciones jurídicas o estados procesales realizados 
en el pasado, precisamente, con base u obligado por la jurisprudencia objeto de esa 
sustitución y, para garantizarlo, el particular que, en su caso, pueda verse afectado 
con la sustitución de la jurisprudencia, debe acreditar que se acogió a la interpretación 
obligatoria que se expresaba en el criterio superado86. 
 
A diferencia de lo que ocurre con la jurisprudencia en el sistema jurídico 
mexicano, cuando se trata de un cambio normativo a cargo del Poder Legislativo, este 
último está facultado para delimitar la eficacia temporal de la nueva ley a través del 
llamado derecho transitorio y de la previsión del grado de retroactividad de la nueva 
norma, hecho que no ocurre cuando surge un cambio jurisprudencial. 
 
Como se adelantó, en el sistema jurídico mexicano no se contempla que, 
expresamente, el órgano judicial tenga la misma potestad que el legislativo para 
determinar el alcance temporal de sus resoluciones, hacia el pasado y hacia el futuro 
y, por ende, la cuestión de la eficacia temporal del cambio de criterio se traduce en la 
elección entre primar la seguridad y la confianza o remediar el error de una doctrina 
(interpretación) que se considera equivocada u obsoleta87. 
 
El cambio de criterio jurisprudencial no afecta a aquellas situaciones jurídicas 
nacidas antes del cambio de criterio y resueltas antes de adoptarse la nueva línea 
jurisprudencial. Esta sólo tiene eficacia para el futuro  y para el caso que resuelve la 
sentencia que, precisamente, propicia el nuevo criterio jurisprudencial. Es decir, la 
modificación de la jurisprudencia no afecta a las situaciones jurídicas que gozan de la 
                                                          
86
 ALVARADO ESQUIVEL, M. J., ¿Son retroactivos…”, op. cit., pp. 10-11, 17-18. 
87
 BLASCO G, F. de P. La norma jurisprudencial (Nacimiento, eficacia y cambio de criterio), [Valencia, 
España, Editorial Tirant Lo Blanch, 2000.], pp. 99-100. 
65 
 
protección de la cosa juzgada, pero afecta a todos los casos que resuelva el tribunal 
que modifica el criterio, incluido el caso en que se verifica dicha modificación. 
 
Es decir, un cambio de criterio jurisprudencial que puede producir un perjuicio a 
una de las partes, derivado de la limitación de los efectos que pretendió dar a un acto 
jurídico celebrado con anterioridad, no parece que deba imponerse al sujeto que en la 
previsión de los efectos de sus actos u omisiones, derivado de una jurisprudencia 
obligatoria que estuvo vigente en ese momento88. Desde el punto de vista de la 
seguridad jurídica, no cabe duda de que todo cambio normativo, sea legal o 
jurisprudencial, puede generar en el ánimo de los gobernados un clima de 
incertidumbre y, por ese motivo, lo que debe plantearse es si la interpretación 
obligatoria de las normas jurídicas a través de la jurisprudencia no es arbitraria, de 
manera que pueda asumirse el grado de inseguridad que transitoriamente pueda 
genera el cambio89. 
 
La sustitución de la jurisprudencia en materia fiscal tiene un impacto en la 
seguridad jurídica, porque la su aplicación podría afectar a los efectos que el 
gobernado calculó serían resultado de sus actos u omisiones, dado que en la 
jurisprudencia debe aplicarse inmediatamente, con independencia de que en la época 
en que surgió la problemática a resolver y de que en la fecha en que se valora un 
hecho, hubiera estado vigente otro criterio que ya fue superado porque de no cumplir 
con el criterio jurisprudencial vigente, no obstante que el particular haya realiza un 
acto jurídico con la plena convicción de una interpretación de la ley emitida por un 
órgano competente vía jurisprudencia que resultaba obligatoria en ese momento. 
 
Vale la pena hacer notar que, en un esfuerzo por reconocer los efectos 
retroactivos que genera la jurisprudencia, en la LA se precisa que la jurisprudencia en 
ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, sin embargo, 
ese esfuerzo está sujeto a la interpretación que la SCJN, los PC y los TC otorguen al 
                                                          
88
 BLASCO G, F. de P., op. cit., pp. 113-114, 125. 
89
 SAMPER JUEN, J., op. cit., p. 141. 
66 
 
artículo 217 de la LA, que permita establecer qué alcance tiene la prohibición de los 
efectos retroactivos de la jurisprudencia, en perjuicio de algún gobernado. El artículo 
217, párrafo cuarto, de la LA establece: 
 
Artículo 217. … 
La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna.  
 
En efecto, aun cuando el artículo 217, párrafo cuarto, de la LA establezca que 
la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna, en la ley no se desarrolla puntualmente cómo pueden evitarse esos efectos 
de manera de que se garantice al gobernado que las consecuencias de su actuar, con 
apoyo en un criterio jurisprudencial que estuvo vigente al momento de realizar esa 
acción, serán como las había previsto. 
 
Dada la regla de obligatoriedad de la jurisprudencia establecida en la LA 
abrogada (que se reitera en el artículo 217 de la LA), que derivó en la interpretación 
de la SCJN, en cuanto a que la jurisprudencia debe aplicarse a los asuntos que aún 
no han sido fallados por el órgano jurisdiccional competente, independientemente de 
que en la época en que surgió la problemática a resolver y de que en la fecha en que 
se valora un hecho hubiera estado vigente otro criterio que ha sido superado, se 
estima que en el sistema jurisprudencial en vigor no están prohibidos los efectos 
retroactivos de la jurisprudencia, en perjuicio de algún gobernado.  
 
Debe reconocerse que, recientemente, la Segunda Sala de la SCJN90  
determinó que si bien la aplicación de la jurisprudencia a casos concretos iniciados 
con anterioridad a su emisión no viola el principio de irretroactividad de la ley, porque 
                                                          
90
 Tesis aislada 2a. LXV/2012 (10a.) publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
décima época, libro XII, septiembre de 2012, tomo 2, página 1218, de rubro: “MODIFICACIÓN DE 
JURISPRUDENCIA. FORMA DE APLICAR LA TESIS DE RUBRO: "AUTORIZADO EN EL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA 
PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 
199/2004).”. 
67 
 
no constituye una ley en sentido formal y material, sino que solamente contiene la 
interpretación de ésta, tratándose de la modificación (ahora sustitución) de 
jurisprudencia en los que se resuelve abandonar una anterior, no debe llegar al 
extremo de privar de efectos jurídicos la aplicación que se hubiese hecho de una 
jurisprudencia superada bajo ese mecanismo, únicamente cuando se refiera a la 
procedencia de algún medio de impugnación, por el hecho de que si el interesado se 
acogió a un criterio que en su momento le resultaba obligatorio para adoptar una vía 
legal de defensa, la interrupción de la jurisprudencia sustituida no debe privarlo de la 
posibilidad de continuar con una instancia ya iniciada, porque uno de los fines de la 
jurisprudencia es la seguridad jurídica y sería ilógico que su observancia posterior 
resulte adversa a los intereses de quien, constreñido por ella, procesalmente optó por 
ajustar su estrategia defensiva a lo que aquélla le ordenaba.  
 
Aun cuando la Segunda Sala de la SCJN  haya determinado que tratándose de 
la modificación (ahora sustitución) de jurisprudencia en los que se resuelve abandonar 
una anterior, dado que uno de los fines de la jurisprudencia es la seguridad jurídica, 
no se debe llegar al extremo de privar de efectos jurídicos la aplicación que se 
hubiese hecho de una jurisprudencia superada bajo ese mecanismo, únicamente 
cuando se refiera a la procedencia de algún medio de impugnación, por el hecho de 
que no sería lógico que su observancia posterior resultara adversa a los intereses de 
quien, obligado por ella, procesalmente optó por ajustar su estrategia defensiva a lo 
que aquélla le ordenaba, es decir, aun cuando haya reconocido que la jurisprudencia 
creada a partir de la modificación (ahora sustitución) de una diversa, no justifica el por 
qué ese criterio se limita a los casos en que se modifica una jurisprudencia que versa 
sobre aspectos procesales dado que, tratándose de derechos adjetivos o subjetivos, 
la sustitución de la jurisprudencia priva al particular de que pueda cumplirse, 
objetivamente, los efectos que calculó hacia el futuro por el hecho de haberse 
ajustado a la jurisprudencia que estaba vigente y obligatoria.  
68 
 
CONCLUSIONES 
 
 
Una vez que se ha concluido el trabajo de investigación que sustenta esta 
tesis, es posible proponer las siguientes conclusiones: 
 
Primera. La jurisprudencia, por el hecho de ser la interpretación judicial 
obligatoria de las normas jurídicas, constituye un instrumento de la seguridad jurídica 
porque permite a los destinatarios de las normas jurídicas realizar un cálculo jurídico 
futuro de los efectos jurídicos que pueden surgir con su postura en relación con las 
normas jurídicas interpretadas. 
 
Segunda. La jurisprudencia no está sujeta al principio de irretroactividad de las 
leyes, que prohíbe extender la aplicación de las leyes a conductas previas a su 
promulgación, por el hecho sus características de generalidad, obligatoriedad y 
abstracción. 
 
Tercera. La sustitución de la jurisprudencia en materia fiscal tiene un impacto 
en la seguridad jurídica, por el hecho de que podrían afectarse los efectos que el 
gobernado previno como resultado de su postura antes las normas jurídicas, dado 
que en la jurisprudencia debe aplicarse inmediatamente, con independencia de que 
en la época en que surgió la problemática a resolver y de que en la fecha en que se 
valora un hecho, hubiera estado vigente otro criterio que haya sido superado, no 
obstante que el particular haya asumido una postura ante las normas jurídicas con la 
convicción de una interpretación de la ley emitida por un órgano competente que 
resultaba obligatoria en ese momento, que le permitía calcular los efectos de sus 
actos y omisiones. 
 
69 
 
Cuarta. Considero pertinente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación  
debería adoptar un criterio en el que se reconozcan los efectos retroactivos de la 
jurisprudencia, independientemente de la materia de que se trate, de manera que, 
cuando una tesis de jurisprudencia ha sido sustituido, se aplique el criterio que estuvo 
vigente en la fecha en que se valora un hecho, aunque en la fecha en que se resuelve 
la problemática esté vigente el nuevo criterio, para lo cual deben establecer reglas 
para la aplicación de la jurisprudencia que ha sido sustituida como, por ejemplo, exigir 
al particular que quiere acogerse a ese beneficio que acredite, fehacientemente, que 
su actuar frente al orden jurídico derivó de la tesis de jurisprudencia que estuvo 
vigente, para evidenciar la voluntad del gobernado de acatar la jurisprudencia que 
posteriormente fue sustituida. 
 
70 
 
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Tribunal Colegiado de Circuito ..........................................................  TCC 
Tribunal Unitario de Circuito ..............................................................  TUC 
Tribunal Colegiado ............................................................................  TC 
Tribunal Unitario ................................................................................  TU 
Plenos de Circuito .............................................................................  PC 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ...................  CPEUM 
Ley de Amparo ..................................................................................  LA