UNIVERSIDAD PANAMERICANA 
Facultad de Derecho 
Posgrado en Derecho 
Con Reconocimiento de Validez Oficial ante la Secretaría de Educación Pública, bajo 
acuerdo número 2003040 de fecha 24 de Enero de 2003 
_______________________________________________ 
“EL INTERÉS LEGÍTIMO COMO MEDIO PARA EXIGIR LA CALIDAD EN EL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN.” 
Tesis que para obtener el grado de 
Maestra en Derecho Procesal Constitucional 
Sustenta la 
Lic. Michelle Ilana Prum Chelminsky 
 
Director de la Tesis 
Dr. Jose María Soberanes Díez 
 
México, D. F.                 2017. 
 
UNIVERSIDAD PANAMERICANA 
“EL INTERÉS LEGÍTIMO COMO 
MEDIO PARA EXIGIR LA 
CALIDAD EN EL DERECHO A 
LA EDUCACIÓN.” 
El estado actual de la educación pública en México y 
el interés legítimo, como instrumento en el juicio de 
amparo, para exigir, por esta vía procesal 
constitucional, una mejor educación. 
 
MICHELLE ILANA PRUM CHELMINSKY. Autora                                                                                 
DR. JOSÉ MARÍA SOBERANES. Director de tesis 
01/01/2017 
 
 
 
  
Proyecto de Investigación para obtener el título de Maestra en Derecho Procesal 
Constitucional por la Universidad Panamericana 
 1 
Agradecimientos 
El agradecimiento se queda más que corto, para expresar mi sentir ante la vida 
y el universo, que me bendijo con unos padres y hermanos, Arturo, Deborah, Stefan y 
Bernardo, los cuáles siempre han sido y seguirán siendo mis pilares, que me han 
impulsado siempre a buscar mis sueños, y a perseguirlos arduamente con pasión, 
alegría y perseverancia; a sacarle absolutamente todo el jugo a la vida, hasta que no 
quede nada por exprimir, pues se va en un segundo; a siempre seguir conociendo, 
creciendo y aprendiendo, de todas las oportunidades y personas que se me crucen en 
la vida, agradeciendo cada instante el privilegio de estar vivos; así como, a nunca dejar 
de cultivarme con educación, experiencias de vida, viajes, amigos, lo que fuera, porque 
todo suma y porque sólo así podremos avanzar, ya sea como individuos o seres 
humanos, en general. 
Como si esto no fuera suficiente, además he tenido la fortuna de cruzarme con 
personas que me han marcado profundamente, como lo hizo la Señora Ministra Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas, la cual además de haberme brindado la 
oportunidad invaluable de formar parte de su Ponencia y gran equipo, así como de 
cursar esta maestría, es una fuente de inspiración, que luchó y seguirá luchando 
incansablemente por la justicia y los derechos humanos, siendo un ejemplo a seguir 
para todas las mujeres y hombres del país, y que me recuerda cada día de mi vida, a 
siempre luchar por estos valores que son la esencia del ser humano. Su legado en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, innegablemente se permeó a todos los 
integrantes de su equipo y a la gente más cercana que la rodea  
Por otro lado, le agradezco profundamente a la Magistrada Paula García 
Villegas Sánchez Cordero y al Lic. Fernando Mendoza, por haberme introducido al 
Poder Judicial de la Federación, y ser el ejemplo vívido de que la creencia firme y 
entrega incondicional a los valores que las leyes protegen, no son cuestiones que se 
quedan en los expedientes y sentencias, sino trascienden a las personas, a la forma en 
que quienes defienden la ley, se manejan frente a la vida y al sinnúmero de personas 
que puedan llegar a impactar de forma positiva sobre el camino. 
Asimismo, a las Licenciadas Rosalía Argumosa López, María Constanza Tort San 
Román, la Dra. Fabiola Martínez Ramírez y al Licenciado Octavio Escudero Contreras, 
 2 
los cuales fueron y seguirán siendo mis grandes maestros, tanto en el ámbito 
profesional como en la vida, al haberme tomado bajo sus alas y transmitido el amor y 
compromiso con la justicia, además de haberse embarcado en la ardua labor de 
forjarme en lo que, espero sea una gran abogada, que siempre porte orgullosamente 
esos valores, como principales motores y ejes rectores de esta profesión, en el ámbito 
que sea en el que decida desarrollarme.  
Por último, nadie camina solo en esta vida, y ¿qué serían los éxitos y alegrías, si 
no tuviéramos con quién compartir y festejarlos (o a veces padecerlos)? Por lo que a 
cada uno de mis amigos que me acompañaron en este largo proceso, que me 
impulsaron, creyendo en mí siempre, me alentaron, o simplemente me escucharon 
quejarme por horas en algún momento, les agradezco desde el fondo de mi corazón, 
por alegrar mis días con su amor y apoyo incondicional, a Jaime, Wladis, Mosco, Anat, 
Fuhr, Miri, Jenny, Aileen, Ila, Marco, Eri, Juanma, Mary, Doro, Anite, Mariams, 
Marianita, Cris, Isa, Diana, Vanessa, Sums, Raquel, Buquis, Pau, Julio, Gaby H., Fer, Gaby 
R., Ale, Clau, José y Mario. 
Por último, quisiera agradecerle a la Universidad Panamericana, por brindarme 
tan excelente preparación, con los mejores profesores en el campo y un temario tan 
completo, que me permitirá sobresalir de entre las mejores procesalistas 
constitucionales del país, y al Dr. José María Soberanes Díez, por su orientación, apoyo 
y conocimiento en la materia, cuya aportación fue invaluable para la elaboración de 
esta tesis. 
  
 
  
 3 
 
Contenido 
Introducción ................................................................................................................................................. 5 
1. El derecho a la educación ................................................................................................................. 10 
1.1 Evolución Histórica del Derecho a la Educación. ............................................................................. 10 
1.2 Reforma Constitucional al artículo 3º de la Constitución Federal, del 26 de febrero del 
2013. ........................................................................................................................................................................... 26 
1.3 El derecho a la educación en el ámbito internacional .................................................................... 29 
1.4 La situación del Relator Especial de la ONU, sobre el derecho a la educación en México39 
1.4.1 Informe del Relator Especial de la ONU, sobre el derecho a la educación en México.
 .................................................................................................................................................................................. 39 
1.4.2 Informe del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, acerca del estado de 
la educación en México. ................................................................................................................................. 42 
2. El interés legítimo en el juicio de amparo ................................................................................. 62 
2.1 Reforma Constitucional en materia de amparo y derechos humanos de junio de 2011. 62 
2.2 La introducción del interés legítimo en el juicio de amparo. ...................................................... 68 
3. El interés legítimo y el derecho a la educación ........................................................................ 78 
3.1 Criterios de jurisprudencia en torno al interés legítimo en el juicio de amparo. ............... 99 
Conclusión ................................................................................................................................................106 
Bibliografía ...............................................................................................................................................112 
 
 4 
Introducción 
Desde que se formó lo que hoy entendemos por una república democrática y 
federal, que tiene como fundamento una constitución política, se sentaron las bases 
para las instituciones básicas que debía construir el Estado Mexicano, a efecto de 
brindarle a sus ciudadanos el acceso debido a los derechos fundamentales que 
nuestra constitución habría de proteger, y así consolidarse el Estado al que cada 
ciudadano se suscribió, al elegir de manera libre y soberana el gobierno que habría 
de conseguir que éstos se concretaran.  
Entre dichos derechos que se buscarían consolidar, mediante las 
instituciones que al efecto construyera el Estado Mexicano, el de la educación desde 
luego que fue uno de ellos, el cual, no está de más decir, es fundamental, pues como 
menciona: 
Si bien no existe jerarquía entre los derechos humanos, individuales, sociales y 
colectivos y, por tanto, el derecho a la educación no es superior a los demás, sí puede 
ser considerado un derecho clave, o como algunos lo han llamado, derecho bisagra, 
porque de su cumplimiento depende que se puedan ejercer mejor todos los otros 
derechos.1 
 
De este modo, para poder construir una nación se tendría que contar con 
personas, entre muchas otras cosas, letradas, competentes, disciplinadas, y con la 
capacidad para ser auto-suficientes; responsables y conscientes de sus acciones y 
consecuencias de las mismas, capaces de tomar decisiones, cumplir con sus deberes 
                                                        
1 Latapi,́  P., “El Derecho a la Educación: Su alcance, exigibilidad y relevancia para la política 
educativa”, en Revista Mexicana de Investigación Educativa, 2009, p.14-40. 
 5 
frente al Estado, y a su vez exigir los derechos que les corresponderían en términos 
de la constitución a la que se hubieren suscritos. Y por ello Vernor Muñoz recalca: 
Se espera que la educación produzca resultados sociales como una mayor 
participación ciudadana, un cuidado más responsable del medio ambiente; mayor 
productividad, mejores empleos y salarios. Al ser para todos, sin discriminación, el 
derecho a la educación combate de lleno la inequidad y permite la construcción de 
sociedades progresivamente menos desiguales, más justas, participativas y 
democráticas.2 
 
La educación formal es una de las principales vías para generar un tipo de 
capital que se incorpora en las personas y aumenta sus capacidades productivas, 
mismas que son recompensadas por los mercados a través de mayores posibilidades 
de acceso a empleos con mejores condiciones de seguridad laboral y mayores 
sueldos, que si bien los fundadores de la República Mexicana visualizaron cierto país 
que aspirarían a construir, fue una visión que habrían de compartir con los demás 
habitantes del mismo, los cuales de manera voluntaria y conjunta, habrán decidido 
depositar su confianza en el Estado, bajo la plena convicción de que se les brindarían 
los derechos fundamentales inherentes a su persona, como medio de inculcar éstos 
a futuras generaciones, de alguna manera u otra, mediante una educación de 
calidad, equitativa, accesible para todos, y sin distinción alguna. 
 No obstante lo fundamental que es la educación para el desarrollo de 
cualquier estado de derecho, en la presente tesis busco evidenciar de manera 
palpable y atenta a la realidad del país en materia educativa. Pues por mas tratados 
                                                        
2 Muñoz, V., “El Derecho a la Educación”. Conferencia impartida en el seminario sobre el Derecho a la 
Educación celebrado en Madrid, España, y convocado por el Global Ignatian Advocacy Network., 
2012. 
 
 6 
que haya celebrado el Estado mexicano con diversos países en materia educativa, 
estos son completamente abstractos, y las palabras que en dado momento podría 
contener cualquier dispositivo legal, pueden resultar ser diametralmente distintas a 
la forma en que el Estado mexicano procura llevar a cabo dichos lineamientos. 
 Por esa razón, es necesario tener métodos accesorios a la celebración de 
tratados internacionales, que suplan las deficiencias en que pueden llegar a incurrir 
los acuerdos que celebra el Estado mexicano, los cuales, a nivel internacional, suelen 
ser abstractos y no contienen pasos concretos de implementación que se ajusten a la 
realidad del país. O bien, aun y cuando existan leyes locales reglamentarias, que 
dispongan como se deben implementar los tratados internacionales, al indagar en el 
sistema educativo mexicano, fácilmente nos damos cuenta que no resulta suficiente 
con celebrar los tratados, sino realmente hacer esfuerzos exhaustivos por garantizar 
que esas leyes se vean reflejadas en el nivel educativo que exhiben los futuros 
líderes del país. 
 En junio 2011, se reformaron varios artículos de la Constitución Federal, en 
particular el artículo 1º de la misma (lo cual se estudiará más adelante) con el 
objeto, entre otros, de disponer que los tratados internacionales que celebre el 
Estado mexicano con otros países,  en materia de derechos humanos, sean 
equivalentes a una norma constitucional, fijando únicamente como límite, que no 
contraríen las normativas contenidas en la misma. De ahí derivó una nueva etapa de 
control convencional y constitucional, y queda en nosotros como conocedores de la 
ley, la función de aprovechar esta reforma, para gestionar cambios fundamentales y 
 7 
trascendentes para la certeza jurídica que podemos construir para las generaciones 
que vienen. 
Por otro lado, a efectos de integrar la reforma constitucional al juicio de 
amparo, en abril del 2013, se emitió una nueva ley de amparo que intenta abarcar 
los extremos de la reforma, previendo un mecanismo de control constitucional más 
accesible para los promoventes, ampliando los supuestos bajo los cuales se pueda 
solicitar el amparo y protección de la justicia federal, mediante la introducción de 
diversas novedades, entre ellas, el interés legítimo, que como veremos más adelante, 
permite que personas que si bien no resintieron una afectación directa en su esfera 
jurídica derivado de un acto concreto de aplicación por parte de una autoridad, 
resienten la negligencia que exhiben las mismas, de alguna manera u otra; y en 
virtud de la nueva ley de amparo, se les brinda el interés y la posibilidad de alegar 
esa afectación, y lograr que las autoridades que han sido omisas en garantizar 
cualquier derecho que se hubieren consagrado a proteger, se materialice en las 
funciones estatales de toda autoridad. 
Por lo anterior, en la presente tesis trataré el estado actual de la educación 
pública en México y el interés legítimo, como instrumento en el juicio de amparo, 
para exigir, por esta vía procesal constitucional, una mejor educación. Para ello, en el 
capítulo primero expondré la evolución histórica del derecho a la educación y el 
contexto internacional, para después, en el capítulo segundo, abordar el interés 
legítimo en el juicio de amparo partiendo de su creación derivada de la reforma 
constitucional del 2011, y así, en el capítulo tercero examinar los criterios de 
jurisprudencia que ha sentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado 
 8 
de los respectivos precedentes que ésta ha resuelto en torno al derecho a la 
educación, para concluir planteando una estrategia mediante el interés legítimo, 
para combatir las deficiencias que aún impiden que exista una verdadera educación 
de calidad en el país, haciendo valer por la vía del amparo, dispositivos 
internacionales sobre la materia que brindan una mayor protección a los 
beneficiados por este derecho, cuya debida aplicación a la perfección, debe de ser de 
las principales prerrogativas del Estado Mexicano.  
Es decir, siendo el juicio de amparo la vía idónea, propongo que los padres de 
los niños que reciben la educación que imparte el Estado, promuevan el juicio de 
amparo, invocando ordenamientos y estándares internacionales acerca del derecho 
a la educación, a efecto de que los órganos jurisdiccionales federales a los que 
corresponda conocer de los casos, realicen un debido control convencional de las 
leyes en materia educativa, para exigir que la aplicación de dichas leyes, sea de 
acuerdo a los ordenamientos internacionales pertinentes, que dispongan 
lineamientos concretos y efectivos en ese sentido. 
Por lo tanto, en la presente tesis pretendo plantear una estrategia para exigir 
la calidad en el derecho a la educación, a partir del litigio estratégico, en donde los 
peticionarios de garantías sean los padres de los niños, alegando un interés legítimo, 
al ser éstos quienes le pagan impuestos al gobierno a cambio de que éste provea una 
educación pública gratuita, asequible, accesible y de calidad, de acuerdo a los 
criterios que expondré a lo largo de ésta, mismos que se establecen en la propia 
Constitución Federal. Asimismo, respecto de ciertos parámetros sobre el derecho a 
la educación, que la Constitución Mexicana no abarca, invocar ciertos instrumentos 
 9 
internacionales, a efecto de que el Poder Judicial realice un debido control de 
convencionalidad, para ampliar la esfera de protección de ese derecho. 
Para tales efectos, haré un breve recuento de la evolución histórica del 
artículo 3º Constitucional; luego, un estudio comparativo de cómo está regulado el 
derecho a la educación en diversos instrumentos internacionales, así como en los 
parámetros que ha fijado la ONU en este sentido. Posteriormente, sintetizaré un 
estudio que hizo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el 2015, 
para evidenciar el estado actual de la educación en México, sobre todo, en torno a la 
calidad; seguido por una exposición sobre las reformas constitucionales de junio del 
2011, así como sobre la Ley de Amparo en vigor a partir de abril del 2013 y de las 
novedades introducidas por la misma, principalmente el interés legítimo, a la luz de 
diversos criterios emitidos recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación respecto al mismo; para concluir con la estrategia para integrar estos 
elementos, en un juicio de amparo, para proteger y exigir mejor calidad en el 
derecho a la educación que el Estado debe garantizar. 
1. El derecho a la educación 
1.1 Evolución Histórica del Derecho a la Educación. 
El texto original de la Constitución, tal como fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), por decreto de 5 de febrero de 1917, para abordar el 
derecho a la educación, en el artículo tercero de ésta, establecía lo siguiente: 
La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales 
de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se 
imparta en los establecimientos particulares. 
 10 
Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer 
o dirigir escuelas de instrucción primaria. 
Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a 
la vigilancia oficial. 
En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza 
primaria. 
 
Del texto transcrito, podemos apreciar que en un principio, únicamente se 
previó la educación hasta el nivel primaria, pues hay autores que sostienen que ésta 
constituye la educación básica, como la que el Estado tendría que proporcionar de 
forma gratuita, y que a su vez habría de ser plenamente laica, mientras que la 
educación que se brindara por instituciones privadas, habría de estar sujeta a la 
vigilancia por parte del Estado3. 
Por decreto publicado en el DOF el 13 de diciembre de 1934, el mencionado 
artículo fue reformado por completo, en los términos siguientes: 
La educación que imparta el Estado será socialista, y además de excluir toda 
doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela 
organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud 
un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. 
Sólo el Estado –Federación, Estados, Municipios –impartirá educación 
primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorizaciones a los particulares 
que deseen impartir educación en cualquiera de los tres grados anteriores, de 
acuerdo en todo caso con las siguientes normas: 
I. Las actividades y enseñanzas de los planteles particulares deberán 
ajustarse, sin excepción alguna, a lo preceptuado en el párrafo inicial 
de este artículo, y estarán a cargo de personas que en concepto del 
Estado tengan suficiente preparación profesional, conveniente 
                                                        
3 Martínez López, José Luis, “La educación en la Constitución española: derechos fundamentales y 
libertades públicas en materia de enseñanza”, Persona y Derecho: Revista de Fundamentación de las 
Instituciones Jurídicas y Derechos Humanos, Pamplona, núm. 6, 1979, p. 249. 
 11 
moralidad e ideología acorde con este precepto. En tal virtud, las 
corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades 
por acciones que exclusiva o preferentemente realicen actividades 
educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas directa o 
indirectamente con la propaganda de un credo religioso, no 
intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, secundarias 
normales, ni podrán apoyarlas económicamente. 
II. La formación de planes, programas y métodos de enseñanza 
corresponderá en todo caso al Estado. 
III. No podrán funcionar los planteles particulares sin haber obtenido 
previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público. 
IV. El Estado podrá provocar, en cualquier tiempo, las autorizaciones 
concedidas. Contra la revocación no procederá recurso o juicio 
alguno. 
Estas mismas normas regirán la educación de cualquier tipo o grado que se imparta 
a obreros o campesinos. 
 La educación primaria será obligatoria y el Estado la impartirá 
gratuitamente. 
 El Estado podrá retirar discrecionalmente en cualquier tiempo, el 
reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares. 
 El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en 
toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función 
social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las 
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las 
sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las 
disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. 
 
De acuerdo a la citada reforma resulta claro que el Estado buscó afianzar la 
garantía del derecho a la educación, pero generando un monopolio alrededor de la 
misma, de modo que controlara toda la enseñanza que se impartiera en el país, 
incluso previendo expresamente la filosofía política que habría de permear en todo 
 12 
el sistema educativo, disponiendo que habría de ser de índole socialista, y que aún 
cuando existiera la posibilidad de que la obligación de educar a la población 
mexicana pudiere estar también a cargo de particulares, la forma en que se 
impartiera esa educación también tenía que ser de acuerdo a las políticas y 
lineamientos que fijara el Estado. Asimismo, se dispone abiertamente que la 
posibilidad que tiene el Estado para delegar la obligación de impartirle educación a 
los mexicanos, también es discrecional, y que se pueden “provocar” los permisos 
que concede, es decir, darles prioridad de acuerdo a las conveniencias del Estado. 
Asimismo, se ha considerado que la referida reforma implicó el abandono al 
federalismo dual, pues se le brindó al Congreso de la Unión la facultad de dictar 
leyes para distribuir la función educativa entre la Federación, los estados y los 
municipios, resultando una norma muy innovadora, al determinar que una materia 
podía ser legislada por dos ámbitos de competencia.4 
Luego, por reforma publicada en el DOF el 30 de diciembre de 1946, el 
mencionado artículo se reformó de nueva cuenta, para quedar de la siguiente 
manera: 
Artículo 3º.- La educación que imparta el Estado –Federación, Estados, Municipios –
tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia.  
I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que 
orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a 
cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso 
                                                        
4 Soberanes Díez, José María, El derecho a la educación en México, México, Porrúa, 2015, p. 70-71. 
 
 13 
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además; 
a. Será democrático, considerando a la democracia no solamente 
como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un 
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo; 
b. Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos –
atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al 
aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 
independencia política, al aseguramiento de nuestra 
independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento 
de nuestra cultura, y; 
c. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los 
elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto 
con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la 
familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto 
por el cuidado que ponga, en sustentar los ideales de fraternidad 
e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los 
privilegios de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de 
individuos. 
II. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 
grados. Pero por lo que concierne a la educación primaria, 
secundaria y normal (y a la de cualquier tipo o grado, destinada a 
obreros y a campesinos) deberán obtener previamente, en cada caso, 
la autorización expresa del poder público. Dicha autorización podrá 
ser negada o revocada, sin que contra tales resoluciones proceda 
juicio o recurso alguno; 
III. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y 
grados que especifica la fracción anterior deberán ajustarse, sin 
excepción, a lo dispuesto en los párrafos inicial, I y II del presente 
artículo y, además, deberán cumplir los planes y programas oficiales; 
IV. Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las 
sociedades por acciones que, exclusiva o predominantemente, 
 14 
realicen actividades educativas y las asociaciones o sociedades 
ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso no 
intervendrán en forma alguna en planteles que se imparta educación 
primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros o a 
campesinos; 
V. El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier tiempo, el 
reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles 
particulares; 
VI. La educación primaria será obligatoria; 
VII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la 
educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, 
destinadas a distribuir la función social educativa entre la 
Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones 
económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las 
sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan 
cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos 
que las infrinjan. 
 
En este sentido, si bien el Estado aún procura mantener la educación bajo su 
mando y supervisión absoluta, y conserva la facultad discrecional para conceder o 
revocar permisos para que entes que no sean del Estado también puedan brindar 
educación, la redacción del precepto en cita, en estos términos, comienza a tornarse 
similar a los lineamientos de acuerdo a los que actualmente se rige la educación en 
México, pues se dispone que la educación que proporcione el Estado, será 
democrática, libre de discriminación o distinción por raza, sexo, “sectas“, o 
distinciones de cualquier otro tipo.  
Cabe mencionar que el precepto en términos de esa redacción, meramente 
enumera los principios a los que se ha de sujetar la educación, mas no precisa, ni 
 15 
prevé, medio alguno para garantizar que el derecho a la educación, en esos 
términos, sea una garantía para todos los individuos a los que les corresponde 
recibirla, o para sus familias, sin embargo, a partir de ésta, se dispone que la 
educación gratuita se debe extender a toda la educación que imparta el Estado, así 
como, surge la libertad de enseñanza, como el derecho a participar como 
concesionario del servicio educativo, lo cual se ha dicho que buscó retomar el 
espíritu que informó el texto original de 1917, así como su antecesora de 1857.5 
La siguiente reforma es por virtud del decreto publicado el 9 de junio de 
1948, en que se incluye una fracción VIII, la cual dispone lo siguiente: 
Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la Ley 
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 
mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 
con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación 
y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; 
fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 
académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del 
personal académico, como del administrativo, se normarán por el Apartado A del 
Artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que 
establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un 
trabajo especial, de manera que concuerden con la economía, la libertad de cátedra e 
investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. (DOF) 
 
Derivado de lo anterior, se introdujeron previsiones en torno a las 
instituciones de educación superior, previendo finalmente que éstas habrían de ser 
                                                        
5 Idem, p. 144. 
 
 16 
autónomas, auto-gobernadas, y respetando, en todo momento, la libertad de 
cátedra, investigación y libertad de expresión, así como de ideas.6 
Luego, por reforma publicada en el DOF el 28 de enero de 1992, el artículo 3º 
se modificó nuevamente, para incluir como garantía constitucional, que conforme al 
artículo 24 constitucional garantiza el derecho a la libertad de creencias, que la 
educación que se imparta en el Estado Mexicano deba ser laica, y por tanto 
mantenerse ajena a cualquier doctrina religiosa7; y también para eliminar como 
requisito el que los particulares tuviesen que contar con autorización expresa del 
poder público para que puedan impartir educación primaria, secundaria y normal, o 
la que impartieren a obreros o campesinos, únicamente para precisar que ésta deba 
ser acorde a los preceptos del numeral en cuestión: 
Artículo 3º.  
[…] 
I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica 
y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 
                                                        
6 La UNESCO ha recomendado a los Estados parte que deben de “respetar rigurosamente el principio 
de la libertad académica. El personal docente de la enseñanza superior tiene derecho al 
mantenimiento de la libertad académica, es decir, la libertad de enseñar y debatir sin verse limitado 
por doctrinas instituidas, la libertad de llevar a cabo investigaciones y difundir y publicar los 
resultados de las mismas, la libertad de expresar libremente su opinión sobre la institución o el 
sistema en que trabaja, la libertad ante la censura institucional y la libertad de participar en órganos 
profesionales u organizaciones académicas representativas. Todo el personal docente de la enseñanza 
superior debe poder ejercer sus funciones sin sufrir discriminación alguna y sin temor a represión por 
parte del Estado o de cualquier otra instancia. Este principio sólo puede aplicarse de manera efectiva 
si el entorno en que actúa es propicio, requisito que, a su vez, sólo se puede cumplir si el ambiente es 
democrático: de ahí que incumba a todos la tarea de construir una sociedad democrática”. 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior, del 
11 de noviembre de 1997, núm. 27. 
 
7 Un importante precedente sobre límites a la libertad religiosa, fue la sentencia del Caso Meor 
Atiqulram bin Ishak de la Corte Federal de Malasia Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de 
Derecho Constitucional, México, UNAM, núm. 16, enero-junio 1997, pp. 451 y ss. 
 
 17 
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios. Además: 
[…] 
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que 
aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la 
dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés 
general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga, en sustentar los 
ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando 
los privilegios de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de individuos. 
III. Los particulares podrán impartir educación; 
IV. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que 
especifica la fracción anterior deberán impartir la educación con apego a los 
mismos fines y criterio que establecen el primer párrafo y la fracción II del 
presente artículo; además, cumplirán los planes y programas oficiales y se 
ajustarán a lo dispuesto en la fracción anterior. 
 
El 5 de marzo de 1993, se publicó en el DOF una nueva reforma, conforme a 
la cual se incluyó expresamente como mandato constitucional, que todo individuo 
tiene derecho a recibir educación, misma que deberá impartir el Estado, el cual 
incluye a la Federación, los Estados y los Municipios, como los que deberán impartir 
educación preescolar, primaria y secundaria, las últimas dos siendo obligatorias; se 
determinó que el Ejecutivo Federal habría de fijar los planes y programas de estudio 
de la educación primaria, secundaria y normal, para lo cual habría de tomar en 
cuenta la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, y “de los diversos 
sectores sociales involucrados en la educación”89; que la misma sería gratuita; que el 
                                                        
8 En torno a este rubro, se ha estimado que si bien se incluyen otros colectivos en la planeación, 
que también pueden considerarse afectados por ésta (por ejemplo, los titulares de las escuelas 
privadas), más bien son mandatos de las autoridades educativas para incluirlos de alguna forma en la 
 18 
Estado habría de promover y atender todos los tipos y modalidades educativas 
necesarias para el desarrollo de la Nación; y se determina que el Estado otorgaría o 
retiraría el reconocimiento de validez oficial de los estudios impartidos por 
particulares: 
El 12 de noviembre de 2002, el artículo en mención fue modificado de nueva 
cuenta, para incluir al Distrito Federal dentro de las entidades que integran el 
Estado Mexicano, consecuentemente obligándolo a garantizar el derecho de la 
educación en los términos que dicho precepto disponía: 
Artículo 3º.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –
Federación, Estados, Distrito Federal y municipios –impartirá educación preescolar, 
primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria son 
obligatorias. 
 
Ahora bien, por decretos publicados en el DOF, el 6 y 11 de junio de 2011, 
respectivamente, entró en vigor una reforma íntegra a la Constitución Federal, en 
materias de juicio de amparo y de derechos humanos, la cual, si bien nos 
referiremos a detalle más adelante, cabe mencionar que su principal objetivo fue de 
ampliar la esfera de protección constitucional a los derechos humanos, al incluir en 
el texto constitucional, entre otras cosas: principios como lo es el pro persona, en 
virtud del cual, al interpretar y aplicar la ley, todas las autoridades jurisdiccionales 
del país se encuentren obligadas a aplicar en favor del individuo, la que más le 
beneficie; se incluyen como parte de nuestro cúmulo normativo fundamental en 
                                                                                                                                                                     
determinación de la planeación educativa y de la gestión escolar, pero no funge como garantía real de 
ese derecho de participación. (Soberanes Díez, Jose María, El derecho a la educación en México, p. 157) 
 
9 CPEUM, Artículo 3º, 2014: 
 19 
materia de derechos humanos, los tratados internacionales de los que México ha 
sido parte, debidamente aprobados y ratificados por el Senado, brindándoles 
prácticamente el mismo nivel jerárquico que el que ocupa la Constitución Federal, 
ampliando la esfera de protección a los derechos humanos.10 
Asimismo, con respecto a las reformas en materia del juicio de amparo –al ser 
el principal instrumento jurídico para defender los derechos humanos frente a los 
abusos de la autoridad –se introduce la facultad de impugnar no solo los actos 
concretos violatorios de derechos fundamentales, sino también las omisiones por 
parte de las autoridades; por lo que se vuelve posible impugnar violaciones a 
derechos humanos consagrados en tratados internacionales, no obstante que éstos 
no se encuentren expresamente consagrados en la Constitución; y se incluye la 
figura del interés legítimo, la cual faculta a personas físicas o morales, cuya esfera 
jurídica no ha sido directamente violada, para alegar una violación a la misma, ya 
sea individual o colectiva, en virtud de su particular situación jurídica frente a la ley. 
Y con respecto al derecho a la educación, se modificó el artículo 3º (DOF, 
fecha de publicación), para incluir un nuevo párrafo precisando que “la educación 
que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos 
                                                        
10 Al respecto, José Luis Caballero Ochoa señala que: “estamos ante dos posibilidades de resultados de 
aplicación de la interpretación conforme que deben ser atendidos: [a] contrastar las normas sobre 
derechos humanos (las leyes en su acepción general) con los elementos normativos 
constitucionalizados CPEUM y tratados internacionales, y; [b] establecer el contenido de las normas 
sobre derechos humanos, a partir de la dimensión de un ámbito constitucionalizado de derechos que 
conforman la propia Constitución, a la que se suman los tratados internacionales, y estos 
desarrollados en su contenido por la jurisprudencia internacional que se integra como parte del 
referente interpretativo.” [2013] Caballero Ochoa, José Luis, La interpretación conforme: el modelo 
constitucional ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de 
convencionalidad, México, Porrúa, p. 114-115.  
 20 
humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia.” 
Luego, una nueva modificación al citado artículo apareció en el DOF el 9 de 
febrero de 2012, donde se incluyó como parte íntegra del derecho a la educación, el 
de obtener tanto la educación básica, compuesta por los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria, como la media superior, disponiendo que ambas habrían de 
ser obligatorias e impartidas por el Estado, comprendido por la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los municipios, mismos que adicionalmente habrían de 
promover y atender todas las modalidades educativas, incluyendo la educación 
inicial y superior, a efecto de alentar el fortalecimiento y difusión de la cultura 
mexicana; asimismo, se modifica la redacción de la fracción III, inciso c, previendo 
expresamente como principios fundamentales de la educación que se impartirá en la 
República, además de contribuir a la mejor convivencia humana y los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de 
religión, de grupos, de sexos o de individuo, ésta habría de fortalecer el aprecio y 
respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la 
familia y la convicción del interés general de la sociedad; y se reitera que el Estado 
habrá de alentar y promover todos los tipos y modalidades educativos, necesarios 
para el desarrollo de la Nación. 
Finalmente, la reforma más reciente al artículo 3º, fue publicada en el DOF el 
pasado 26 de febrero de 2013, por la cual dicho artículo quedó de la siguiente 
manera: 
 21 
Artículo 3º. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –
Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios –impartirá educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y 
secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias. 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, 
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 
respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia. 
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que 
los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro 
de aprendizaje de los educandos. 
I.  Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha 
educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a 
cualquier doctrina religiosa; 
II.  El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados 
del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
Además: 
a)  Será democrático, considerando a la democracia no 
solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino 
como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo; 
b)  Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos –
atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al 
aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 
independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia 
económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; 
c)  Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer 
el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la 
persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general 
de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de 
 22 
todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de 
sexos o de individuos, y 
d)  Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el 
máximo logro académico de los educandos; 
III.  Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y 
en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de 
estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda 
la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión 
de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los 
diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los 
padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el 
ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de 
dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que 
imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que 
garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que 
correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y 
condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno 
respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. 
Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados 
conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las 
Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo; 
IV.  Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 
V.  Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y 
atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación 
inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, 
apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento 
y difusión de nuestra cultura; 
VI.  Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y 
retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en 
 23 
planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, 
secundaria y normal, los particulares deberán: 
a)  Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios 
que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir 
los planes y programas a que se refiere la fracción III, y 
b)  Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa 
del poder público, en los términos que establezca la ley; 
VII.  Las universidades y las demás instituciones de educación superior a 
las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de 
gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir 
la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la 
libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; 
determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su 
patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del 
administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta 
Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley 
Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo 
especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra 
e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; 
VIII.  El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la 
educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a 
distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los 
Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese 
servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no 
cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a 
todos aquellos que las infrinjan, y 
IX.  Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se 
crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho 
sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un 
organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del 
 24 
sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria 
y media superior. Para ello deberá: 
a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a 
componentes, procesos o resultados del sistema; 
b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las 
autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las 
funciones de evaluación que les corresponden, y 
c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir 
directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones 
tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como 
factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. 
La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará 
compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a 
consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las 
personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La 
designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la 
Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión 
Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de 
Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la 
Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna 
propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo 
anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que 
dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 
Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad 
y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos 
que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma 
escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán 
durar en su encargo más de catorce años. En caso de falta absoluta de alguno de 
ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán 
ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y 
no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en 
 25 
que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades 
docentes, científicas, culturales o de beneficencia. 
La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con 
voto mayoritario de tres de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por el 
tiempo que establezca la ley. 
La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del 
Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, 
transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. 
La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al 
Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y 
coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.” 
1.2 Reforma Constitucional al artículo 3º de la Constitución Federal, del 26 de 
febrero del 2013. 
 
En tal virtud, en respuesta a estas necesidades en particular, entre muchas 
otras que presentaba el sistema educativo mexicano, por iniciativa del Ejecutivo 
Federal, recibida en la Cámara de Diputados el 11 de diciembre de 2012, tuvo por 
objeto realizar una reforma educativa íntegra, en virtud de la cual, se diseñara una 
política de Estado sustentada en la fuerza de una disposición constitucional que en 
materia de ingreso, promoción y permanencia en el servicio, permita superar 
inercias y fijar con claridad las responsabilidades que el Congreso Federal, los 
congresos de los Estados y las autoridades educativas deben asumir, así como, 
construir criterios, mecanismos e instrumentos de evaluación que permitan una 
valoración integral del desempeño docente y que consideren la complejidad de 
 26 
circunstancias en las que el ejercicio de la función tenga lugar, según se expone en la 
iniciativa de ley correspondiente11. 
En consecuencia, la Iniciativa establecía que el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación sería un organismo auxiliar que apoyaría a las 
autoridades en las evaluaciones escolares y en el diseño de programas y acciones 
educativas, de modo que éste se viera fortalecido y transformado en un órgano con 
capacidad para actuar, con autonomía en la toma de decisiones técnicas relativas a 
la medición y evaluación de la educación.  
De ahí que, se propuso que el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) tuviera las atribuciones de evaluar el desempeño y resultados del 
Sistema Educativo Nacional en el ámbito de la educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. Para ese propósito, se le dotaría al INEE las facultades 
para diseñar y realizar las mediciones de los componentes, procesos y resultados del 
sistema; emitir los lineamientos a los que se sujetarían las autoridades educativas 
federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les 
corresponderían, y generar directrices para el mejoramiento educativo y para la 
equidad. Las tareas que el INEE llevaría a cabo derivado de esto, permitirían 
                                                        
11 “El proceso educativo exige la conjugación de una variedad de factores: docentes, educandos, 
padres de familia, autoridades, asesorías académicas, espacios, estructuras orgánicas, planes, 
programas, métodos, textos, materiales, procesos específicos, financiamiento y otros. No obstante, es 
innegable que el desempeño del docente es el factor más relevante de los aprendizajes y que el 
liderazgo de quienes desempeñan funciones de dirección y supervisión resulta determinante.  En 
atención a ello, la creación de un servicio profesional docente es necesaria mediante una reforma 
constitucional; el tratamiento de los demás factores podrá ser objeto de modificaciones legales y 
administrativas en caso de estimarse necesarias.”  Iniciativa de reforma a los artículos 3o., fracciones 
III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; y se adiciona la fracción IX al artículo 3o., de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF el 26 de febrero de 2013. 
 
 
 27 
apreciar el desempeño de la autoridad y generar un orden en el desarrollo de la 
evaluación.   
 Como resultado, derivó la reforma al artículo 3º Constitucional, referida con 
anterioridad, publicada en el DOF el 26 de febrero de 2013, en virtud de la cual se 
elevó a rango Constitucional que “[…] El Estado garantizará la calidad en la 
educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y 
los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos […]”; por 
ello, para garantizar que la educación que presta el Estado sea de calidad, se crea el 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa, cuya coordinación estaría a cargo del 
INEE, el cual sería un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, y que evaluaría la calidad, el desempeño y los resultados del 
sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, y los lineamientos de acuerdo a los cuáles medirían estos resultados. 
 En ese tenor, en cumplimiento al citado mandato constitucional, recién 
reformado, así como al artículo 31 de la Ley General de la Educación, y el 63 de la 
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en abril del 2014, el 
referido Instituto, rindió su primer informe ante el Congreso de la Unión, el cual 
realizó desde la perspectiva del derecho a la educación, añadiendo explícitamente el 
término de calidad, en atención a la definición del artículo 3° constitucional, en el 
sentido de que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, ya que la 
educación, desde la perspectiva que toma en cuenta que ésta sólo se satisface 
brindando calidad en la misma, es un derecho humano fundamental, siendo éste el 
 28 
parámetro exigible, y punto de referencia en torno al cual medir el avance del estado 
de la educación en México, a partir de la citada reforma educativa.12 
1.3 El derecho a la educación en el ámbito internacional 
 
 Ahora bien, a nivel internacional, el derecho a la educación se encuentra 
regulado en diversos instrumentos. Por un lado, el artículo 26 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (DUDH) establece que toda persona tiene derecho 
a la educación, y que ésta debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 
instrucción elemental y fundamental. Prevé que la instrucción elemental o primaria 
deba ser obligatoria. Mientras que, con respecto a la instrucción técnica y 
profesional, que ésta sea generalizada, y en torno a los estudios superiores, que 
todos deban tener acceso a ellos en igualdad de oportunidades, en función de los 
méritos, siempre y cuando cumplan con los requisitos que cada respectiva 
institución determine para acceder a esos estudios. 
Asimismo, determina que el objeto de la educación debe ser el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales, precisando que se deben favorecer en 
todo momento la comprensión, tolerancia y amistad entre las naciones, así como 
entre los grupos étnicos o religiosos, y promover el desarrollo de las actividades de 
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
                                                        
12 Quesada Jimena, Luis, “El conocimiento del ordenamiento constitucional: condición necesaria para 
la calidad del sistema educativo”, en Peña González, José (coord..), Libro Homenaje a D. Iñigo Cavero 
Lataillade, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005. 
 29 
Por último, establece expresamente que la elección respecto al tipo de 
educación que deben recibir las personas, particularmente los niños, le corresponde 
de manera preferente a los padres, incluso consagrándolo como un derecho que a 
ellos les corresponde, independientemente de que se prevean los lineamientos que 
deberá procurar cumplir de manera obligatoria el Estado, como mínimo en materia 
educativa. 
Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), en sus artículos 13 y 14, establece que al haber suscrito el 
referido Pacto, los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a la 
educación, la cual, convienen de igual manera en que deba orientarse hacia el pleno 
desarrollo tanto de la personalidad humana como del sentido de su dignidad, 
debiendo fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Asimismo, precisa que la educación debe capacitar a todas las 
personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los 
grupos raciales, étnicos o religiosos, a efecto de promover las actividades de las 
Naciones Unidas que buscan como fin último el mantenimiento de la paz. 
Luego, a efecto de brindarle herramientas de efectividad y precisión, en torno 
a los alcances del derecho a la educación y la forma en que el Estado lo debe de 
garantizar, se señala expresamente que con objeto de lograr el pleno ejercicio de ese 
derecho, los Estados Parte en el PIDESC reconocen que: 
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
 30 
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 
secundaria técnica y profesional, debe ser de igual manera generalizada y 
accesible para todos, lo cual se prevé que deba ser a través de cuantos medios 
sean apropiados para ello, y en particular por la implantación progresiva de la 
enseñanza gratuita; 
c) Lo mismo se dispone en torno a la enseñanza superior, precisando que debe 
hacerse igualmente accesible a todos, pero sobre la base de la capacidad de cada 
uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación 
progresiva de la enseñanza gratuita; 
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación 
fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo 
completo de instrucción primaria; 
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los 
ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar 
continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. 
 
Por otro lado, el PIDESC establece que los Estados Partes se comprometen a:  
Respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger 
para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades 
públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado 
prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos 
reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones.  
 
No obstante lo anterior, precisa que dicha disposición, por ningún motivo se 
debía interpretar como una restricción a la libertad de los particulares y entidades 
 31 
para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, pero que se encontraba 
condicionada a que se respeten los principios antes mencionados, y de que la 
educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba 
el Estado. 
Por último, prevé que todo Estado Parte en el PIDESC que, en el momento de 
hacerse parte en él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en 
otros territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la 
enseñanza primaria, se debía comprometer a elaborar y adoptar, dentro de un plazo 
de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva del principio 
de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos, dentro de un número razonable de 
años que se habrían de fijar en el referido plan. 
Luego, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece en su artículo 28, 
que los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, de manera 
específica, dispone que para que se pueda ejercer “progresivamente” y en 
condiciones de igualdad de oportunidades, estos en particular, debían:  
Artículo 28  
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de 
que se pueda ejercer progresiva- mente y en condiciones de igualdad de 
oportunidades ese derecho, deberán en particular: 
a. Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;  
b. Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza 
secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que 
todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar 
medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza 
gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;  
c. Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la 
capacidad, por cuantos medios sean apropiados;  
 32 
d. Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en 
cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;  
e. Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y 
reducir las tasas de deserción escolar.  
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar 
por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la 
dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.  
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en 
cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la 
ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los 
conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este 
respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países 
en desarrollo. 
 
De lo anteriormente expuesto, se advierte que hay determinados parámetros 
que fijan los citados cuerpos normativos, en torno a los cuales se debe de construir 
el derecho a la educación en el país, como es lo referente a que el Estado deba de 
garantizar el acceso a este derecho, proporcionándolo de manera gratuita, real y 
efectiva a su ciudadanía, y todos fijando como obligatoria la primaria, y la 
Constitución Federal, adicionalmente prevé que el Estado proporcionará educación 
preescolar, como secundaria y media superior. 
 Sin embargo, de la comparación entre la regulación del derecho a la 
educación en nuestra Constitución Federal, y en el derecho internacional, también se 
puede observar que, a diferencia de nuestra Carta Magna, los dispositivos 
internacionales hacen mayor énfasis en las cualidades que la educación representa 
para el individuo, así como en el desarrollo de su persona, dándole tanto a los 
padres como a los niños, una mayor injerencia en la clase de educación que desean 
tener.  
 33 
 En efecto, como podríamos observar con anterioridad, gran parte del Artículo 
3º de la Constitución mexicana, se avoca a precisar cómo habrá de ser la educación 
que se le brinde a los niños, estableciendo premisas como, que deba fomentar la 
democracia, que deba ser nacionalista, así como laica y separada de cualquier 
doctrina religiosa.  
Luego, si bien dispone que ésta debe contribuir a la mejor convivencia 
humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la 
dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general 
de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando 
los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos; también 
dispone que es el Estado quién emite y autoriza los planes de estudio, así como el 
que decide si mantener o revocar los permisos concedidos a particulares para 
brindar servicios educativos, precisando que para la elaboración de los mismos, el 
Ejecutivo Federal “considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del 
Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la 
educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale…”13. 
Mientras que los dispositivos internacionales, en particular, la Convención 
sobre los Derechos del Niño prevé, por ejemplo, que el Estado adoptará cuantas 
medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de 
modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la referida 
Convención; o bien, que la enseñanza superior deba ser accesible a todos, sobre la 
base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; para que todos los niños 
                                                        
13 CPEUM, Artículo  3º, 2014 
 34 
dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales 
y tengan acceso a ellas, además de adoptar medidas para fomentar la asistencia 
regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.  
Por otro lado, el PIDESC establece que los Estados Partes se comprometen a  
respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger 
para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades 
públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado 
prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos 
reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones  
 
Así como, previendo la posibilidad de que los Estados no le den cumplimiento 
inmediato a las exigencias del PIDESC, establece como exigencia, que éstos se 
comprometan a presentar, en un plazo determinado de máximo dos años, el plan 
detallado de acción para que se adopten las medidas dispuestas en el PIDESC, y no 
sólo sean principios rectores de un derecho abstracto que de facto no esté siendo 
garantizado. 
Los referidos aspectos se consideran relevantes, ya que, le dan su lugar al 
individuo, para ejercer o decidir cómo se les debe de garantizar ese derecho 
fundamental, que dichos cuerpos normativos pretenden garantizar, es decir, le dan 
cartas tanto a los padres, como a los directamente afectados, de no ser garantizado 
ese derecho a la educación a los niños; lo cual se estima trascendente, toda vez que 
sólo así se puede exigir, u obtener la verdadera calidad en este servicio que brinda, 
ya sea el Estado, o los particulares, mismo que, cómo veremos más adelante, es 
precisamente el problema que se observa en México. 
 35 
En ese sentido, Katarina Tomarevski, Ex Relatora Especial de las Naciones 
Unidas para el Derecho a la Educación, sostiene que para implementar el derecho 
fundamental a una educación, que mantenga los estándares fijados en el derecho 
internacional de ser inclusiva, gratuita y de calidad, requiere integrar los derechos 
humanos en toda política educativa y en todos los niveles, locales e internacionales, 
enfatizando la “centralidad de los derechos humanos en todas las actividades”; lo 
cual se traduce en un núcleo de contenidos del derecho a la educación, que se refleja 
en las obligaciones de los gobiernos, de volver a la educación asequible, accesible, 
aceptable y adaptable14. 
Con respecto a la “asequibilidad”, se refiere a la obligación estatal de 
garantizarlo tanto como un derecho civil como político, siendo que el derecho a la 
educación demanda del gobierno la admisión de establecimientos educativos que 
respeten la libertad de y en la educación. Es decir, que como derecho social y 
económico, los gobiernos deben asegurarse de brindar educación gratuita y 
obligatoria para todos los niños y niñas en edad escolar, mientras que, como 
derecho cultural, implica el respeto a la diversidad, en particular, previendo una 
educación que incluya y respete a las minorías  y a las culturas indígenas. 
Luego, en cuanto a la “accesibilidad”, refiere que gira en torno a que la 
educación se deba impartir en sus distintas modalidades en cada nivel educativo, lo 
cual se debe hacer progresivamente, asegurando una educación gratuita, obligatoria 
e inclusiva, así como, en la medida de lo posible, facilitando el acceso a la educación 
                                                        
14 Tomasevski, K., Indicadores del derecho a la educación, Revista de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, Vol. 40, en línea, 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/40/pr/pr18.pdf, 2004: p. 343 
 36 
post-obligatoria. En ese sentido, dice que el estándar global mínimo exige de los 
gobiernos la educación gratuita de los niños y niñas en edad escolar, y si bien en 
algunos países todavía garantizan la educación media y superior como un derecho 
humano, en muchos países son servicios comerciales. En todo caso, que la educación 
obligatoria, ya sea sólo la básica o la media superior, debe ser gratuita, y si la post-
obligatoria puede prever algunas cargas, su magnitud puede valorarse según el 
criterio de la capacidad adquisitiva. 
[…] no es suficiente con que escuelas y maestros estén ahí. Plantea que no debe 
haber barreras de ningún tipo para acceder a la educación. Barreras económicas, 
como el trabajo infantil o las cuotas obligatorias o voluntarias pero con presión 
social para su cumplimiento, promueven la inasistencia de alumnos de bajo nivel 
socioeconómico. Desde luego también están las barreras físicas que impiden que las 
personas con discapacidad motora accedan a los lugares en los que ocurre la 
enseñanza. Pueden existir barreras legales o administrativas que deben ser 
removidas. La exclusión educativa por razones de raza, origen, color, género, 
condición socioeconómica, discapacidad, lengua, religión y otras, es antónimo de la 
accesibilidad. Otros obstáculos, de naturaleza socioafectiva, como la discriminación 
y el bullying, son poderosos disuasores de la asistencia e, incluso, causa de 
exclusión.”15 
 
La “aceptabilidad”, comprende una serie de criterios, en torno a los que debe valorar 
la calidad de la educación, como lo son respecto a la seguridad y la salud en la 
escuela, o a las cualidades profesionales de los maestros, y más allá que eso, que el 
gobierno establezca, controle y exija determinados estándares de calidad, sea de 
establecimientos educativos públicos o privados.  
                                                        
15 Informe del INEE, 2014: 12 
 37 
En ese sentido, Katarina Tomarevski (2004) refiere que en el derecho 
internacional de los derechos humanos, el criterio de aceptabilidad se ha ido 
ampliando considerablemente. Por un lado, porque los derechos de las minorías y 
de indígenas, han puesto la pauta para que, como parte de ese derecho a la 
educación, se le dé prioridad a la lengua de la instrucción. Asimismo, la prohibición 
de los castigos corporales ha transformado la forma en que se busca fomentar la 
disciplina en la escuela; y el derecho a la niñez, o bien, el interés superior del menor, 
como titular del derecho a la educación y en la educación, ha ampliado las fronteras 
de la aceptabilidad, de modo que se ha vuelto fundamental, que estos parámetros se 
vean reflejados hasta en los programas educativos, los libros de texto, como también 
en los métodos de enseñanza y aprendizaje, que son examinados y modificados con 
el objeto de volver a la educación aceptable para todos y todas, es decir, de modo 
que contemple y atienda a las necesidades de todas y todos los interesados. 
Por último, con respecto a la “adaptabilidad”, dicho lineamiento requiere que 
las escuelas se adapten a los niños, según el principio del interés superior del niño 
de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, se abandona el método de 
forzar a los niños a adaptarse a las condiciones que cualesquier escuela les imponga. 
Pues, si los derechos humanos son indivisibles, deben establecerse salvaguardas 
para garantizar todos los derechos humanos en la educación, en el sentido de 
progresivamente adaptar el derecho a la educación, a todos los derechos humanos. 
Más aún, si uno de los objetivos principales del derecho internacional de los 
derechos humanos es el de promover los derechos humanos a través de la 
 38 
educación, esto necesariamente exige un análisis multifacético, del impacto de la 
educación en todos los derechos humanos. 
1.4 La situación del Relator Especial de la ONU, sobre el derecho a la educación 
en México 
1.4.1 Informe del Relator Especial de la ONU, sobre el derecho a la educación en 
México. 
 
Partiendo de las anteriores bases, y en relación, particularmente, a la 
situación que se ha presentado en México en torno al derecho a la educación, el 
Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación, el Sr. Vernor Muñoz 
Villalobos, realizó una visita especial a México, del 8 al 18 de febrero de 2010, para 
evaluar el estado del derecho a la educación que se presentaba, para lo cual tomaría 
en cuenta los diferentes tipos y niveles educativos, es decir, preescolar, primaria, 
secundaria y media superior y superior, mediante el análisis respecto a 
organización, cobertura, gasto estatal, becas y reformas por parte del Gobierno 
Federal, recientes en ese entonces, del sistema educativo, tanto en el sistema 
educativo mexicano escolarizado y no escolarizado. 
Asimismo, estudió las iniciativas que el gobierno mexicano desarrollaba en 
ese momento para enfrentar los desafíos a los que se enfrentaba el sistema 
educativo, principalmente en torno a la calidad de la educación, la educación 
indígena, educación intercultural, la educación para migrantes y niños jornaleros, y 
la educación inclusiva, y formuló una serie de recomendaciones. 
Entre ellas, expresó que consideraba necesario que se alcanzara un consenso 
nacional respecto de la educación, que fuera más allá de los cambios de gobierno y 
 39 
en el que participaren diversos actores de la sociedad civil, incluyendo estudiantes, 
maestras y maestros, y las autoridades de niveles federal y estatal; así como, que era 
necesario lo siguiente16: 
 Fortalecer las medidas destinadas a eliminar completamente el pago de cuotas para 
la educación y fijar metas sostenidas para que de manera progresiva se cumpla con 
la obligación de destinar un 8% del PIB a la educación, aumentando un 0,5% 
anualmente hasta llegar al monto fijado por ley;  
 Tomar medidas de emergencia para combatir el rezago educativo de las personas 
mayores de 15 años;  
 Garantizar un presupuesto creciente para los programas y departamentos 
encargados de la educación indígena y educación intercultural, así como, promover 
una reforma del marco legal de la educación pública en la que se hagan explícitos los 
principios para alcanzar una sociedad incluyente y hacer realidad una educación 
que reconozca la importancia de la diversidad lingüística y cultural del país;  
 Fortalecer la inversión y el desarrollo de infraestructura, materiales educativos y 
recursos de apoyo para los centros educativos que atienden a las personas con 
discapacidad, de modo que permitan su inclusión progresiva al sistema educativo 
regular;  
 Garantizar la inclusión y el fortalecimiento de las humanidades en todos los niveles 
y modalidades educativas y poner en marcha el programa mundial de educación en 
derechos humanos, con énfasis en la igualdad de género y en atención de la 
diversidad lingüística y cultural del país;  
                                                        
16 Organización de las Naciones Unidas-Muñoz Villalobos, Vernor, Informe sobre el derecho a la 
educación de las niñas, de 8 de febrero de 2006, p. 22 
 40 
 Desarrollar un proceso amplio de consultas, que incluya a la sociedad civil, respecto 
de las necesidades y desafíos de la calidad de la educación, de modo que se incluyan 
las reformas necesarias a los programas vigentes;  
 Establecer planes para la regularización de los servicios educativos en las zonas 
rurales, incluyendo la formación, capacitación y dotación de personal docente 
profesional y de infraestructura de calidad y cantidad suficiente para garantizar el 
derecho a la educación de las personas que habitan allí. Para este fin, se recomienda 
establecer un proceso de transición, para que los servicios educativos que se 
encuentran a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), sean 
asumidos progresivamente por las Secretarías de Educación Pública;  
 Fortalecer la atención de las familias migrantes internas, conocidas como jornaleras, 
de modo que se les garanticen oportunidades educativas de calidad, adaptando la 
oferta educativa a los períodos agrícolas y ampliando la cobertura a la educación 
secundaria, para lo cual sería necesario también, adecuar el servicio educativo de 
conformidad con las obligaciones laborales de las madres, padres y jóvenes 
trabajadores;  
 Fortalecer las iniciativas y programas para promover la participación ciudadana en 
todos los procesos educativos, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil y 
a las personas menores de edad; 
 Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos desarrolle programas urgentes, 
consistentes y sistemáticos, en defensa del derecho a la educación, teniendo como 
fines principales de los mismos: la exigibilidad y justiciabilidad del derecho, el 
estímulo a la participación y el control de legalidad en torno al desarrollo de 
políticas educativas basadas en los derechos humanos; 
 41 
 Fortalecer la autonomía técnica del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), a fin de que continúe con la realización de evaluaciones externas 
y así contribuir al mejoramiento de la educación en México, mediante la realización 
de evaluaciones de la calidad del sistema educativo. Para ello se requiere dotar al 
INEE de una ley ordinaria que le permita contar con un marco jurídico más sólido;  
 Construir un mecanismo institucional en el sector educativo que se caracterice por 
su constancia, agilidad y flexibilidad, a través del cual se analicen y debatan los 
resultados de los estudios que realiza el INEE, sus implicaciones y sugerencias de 
política educativa;  
 Desarrollar las bases jurídicas para el reconocimiento y legitimación de 
movimientos sindicales de la educación, independientes y plurales; 
 Desarrollar diagnósticos más acotados de las necesidades educativas de los pueblos 
indígenas y en general de las zonas rurales; y, 
 Tomar medidas inmediatas para garantizar que todos los procedimientos y servicios 
a cargo del registro civil sean completamente gratuitos.  
1.4.2 Informe del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, acerca del estado 
de la educación en México.17 
 
Cabe precisar que, la educación preescolar y la primaria se ofrecen a través 
de los servicios generales indígena y comunitario, mientras que la secundaria 
distingue escuelas generales, técnicas, telesecundarias, comunitarias y para 
trabajadores.  
 Educación Preescolar  
                                                        
17 Informe del INEE presentado el día 9 de abril de 2015 ante la Comisión de Educación del Senado 
de la República y que se puede consultar en  
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/239/P1D239.pdf 
 42 
En primer lugar, el informe se refiere a la educación preescolar, ya que al 
observar que, 79.6% de los niños que residen en hogares clasificados como “no 
pobres” asisten a esta educación, y entre los hijos de padres con educación superior, 
de 82.7%, se concluye que entre los grupos menos vulnerables, que no tienen 
problemas de acceso al preescolar, la asistencia a este nivel educativo todavía no se 
ha generalizado, lo cual concluyen que se debe a que las familias mexicanas aún no 
están plenamente convencidas de los beneficios de mandar a sus hijos de tres años a 
la escuela y a la dificultad de separar del hogar a pequeños de tan corta edad18. 
Dicho lo anterior, refiere que un mayor problema, es en torno a tres 
subpoblaciones de niños en situación especialmente vulnerable: los indígenas; los 
que trabajan jornadas extensas; y quienes residen en áreas rurales, particularmente 
en pequeñas localidades, con y sin escuelas, lo cual plantea la pregunta de si en los 
distintos niveles de gobierno, están cumpliendo con su obligación de ofrecer 
servicios educativos para todos los niños y garantizar su permanencia en las 
escuelas.  
Lo anterior advierte que la existencia de centros escolares es escasa entre las 
localidades de menor tamaño, y aumentan gradualmente hasta tener presencia en 
prácticamente todas las localidades urbanas, pues, como ejemplo, expone que en el 
año 2010, mientras solo 15% de las localidades, menores de 100 habitantes, contaba 
con al menos un preescolar, en localidades urbanas de 15 mil o más habitantes, 
96.7% lo hacía. Y con respecto a escuelas de educación media superior, en las 
                                                        
18 Ibídem, p. 23. 
 43 
localidades menores a 500 habitantes, los estudios demuestran que son casi 
inexistentes las escuelas de educación media superior.19 
En ese sentido, refiere que con respecto a los jóvenes de 15 a 17 años, es una 
situación más complicada, ya que su asistencia está fuertemente asociada con sus 
condiciones de origen, con la extensión y tipo de actividades laborales que realizan, 
así como con su avance escolar. Por un lado, que cuando las carencias sociales son 
mayores, la asistencia a la escuela disminuye, por ende, el rezago escolar y los 
déficits en los aprendizajes, dificultan la permanencia y posterior avance en la 
escolarización; y en nuestro país, si bien lo deseado es de que los niños ingresen 
oportunamente a la escuela, permanezcan en ella, finalicen un nivel y continúen al 
siguiente hasta terminar la educación media superior; esta dinámica del avance en 
la escolarización no es uniforme para todos, ya que para los niños en condiciones 
socioeconómicas de mayores carencias, como los que residen en localidades rurales 
pequeñas y más aún, en zonas de alta, y muy alta marginación, tienen mayores 
probabilidades de rezagarse. 
Con respecto a la calidad de las instalaciones en que se imparte la educación 
del país, el informe refiere que los centros educativos censados están ubicados en 
173,007 inmuebles, y aunque la mayoría (81.9%) alberga sólo una escuela, 16.3% 
incluyen dos escuelas dentro de un inmueble y el resto, tres o más. Así como, que 
casi todos los espacios destinados al servicio educativo son inmuebles construidos 
(99.3%); 217 son escuelas móviles que operan en un camión, vagón de tren o circo, 
mientras que 167 están al aire libre. Tres de cada cuatro inmuebles públicos fueron 
                                                        
19 Ibídem, p. 31. 
 44 
construidos para fines educativos, pero entre los privados, esto sólo ocurre en cinco 
de cada 10.20 
En torno a los pisos, la gran mayoría de los inmuebles tiene piso de cemento, 
firme o algún recubrimiento (97%); mientras que, respecto del material de paredes 
y techos: 93% de los planteles públicos tiene paredes de tabique, ladrillo, block, 
piedra, cantera, cemento o concreto, mientras que 75% tiene techo de losa de 
concreto o de viguetas con bovedilla. Las escuelas privadas registran ventaja en 
ambos aspectos.  
Con respecto al suministro de agua con el que cuentan las instalaciones, si 
bien la gran mayoría de los preescolares disponían de agua (96%), refiere que las 
diferencias en la fuente de suministro son importantes, ya que mientras el 86% de 
las escuelas generales tiene acceso a la red pública, esto es cierto sólo para 64% de 
los preescolares indígenas y 51% de los comunitarios. Asimismo, respecto del 
acceso a otros servicios básicos, refiere que existe una situación de desigualdad 
similar, pues apenas 60.7% de las escuelas comunitarias contaba con energía 
eléctrica y únicamente 26.5% tenía drenaje. Para los preescolares generales, estas 
proporciones se incrementaban a 96.2 y 73.8% respectivamente. 
Luego, que poco más de 4 mil planteles preescolares no tienen aulas para 
impartir clases; 76% de ellos son de modalidad comunitaria; en nueve de cada 10, 
todas las aulas están equipadas con pizarrón. Sin embargo, apenas en ocho de cada 
10 preescolares, tienen todos los salones sillas, escritorio o mesa para el maestro. En 
particular, se detectaron las mayores carencias en los planteles indígenas, pues sólo 
                                                        
20 Ibídem, p. 53. 
 45 
84% tenía pizarrón en todas sus aulas, y apenas dos de cada tres contaban todos los 
salones con escritorio y silla para el profesor.  
Con respecto a la disponibilidad de recursos destinados a la protección y 
seguridad de la comunidad escolar, ésta es muy baja, pues sólo alrededor de la mitad 
de los planteles tiene señales de protección civil (46%), rutas de evacuación (53%), 
salidas de emergencia (51%) y zonas de seguridad (55%). Por otro lado, refiere que 
“arriba de 90% de los preescolares privados cuenta con estas medidas, mientras que 
menos de 45% de las escuelas públicas dispone de ellas”.21 
En cuanto a la participación de los padres, la gran mayoría (98%) de los 
preescolares públicos cuenta con Asociación de Padres de Familia (APF) y 88% ha 
conformado un Consejo Escolar de Participación Social (CEPS). En este aspecto, los 
planteles privados registran porcentajes inferiores: 87 y 80%, respectivamente.  
En torno a la jornada escolar, expone que de un estudio realizado por el INEE 
en 2011, se desprendía que la duración promedio de la jornada escolar es de 3.18 
horas diarias; pues si bien en los preescolares privados y comunitarios la duración 
es hasta de 3.65 horas, en los generales e indígenas, disminuía a menos de 3. 
Asimismo, en torno, a las actividades emprendidas en ese tiempo, se concluye que 
una parte muy importante del tiempo en la escuela se destinaba a actividades 
distintas de las referidas en el Programa de Educación Preescolar, pues el tiempo 
efectivo dedicado a trabajar conforme a éste, iba de 26% en los preescolares 
comunitarios (cuya jornada diaria es de las de mayor duración), a 36% en los 
                                                        
21 Ibídem, p. 58. 
 46 
preescolares generales, notando en este sentido, que los niños que asisten a escuelas 
privadas, no presentaban ventajas en este aspecto.  
Con respecto al contenido de lo que se busca enseñar en dichas instituciones, 
los evaluadores observaron que las educadoras ofrecen a los niños actividades de 
baja demanda cognitiva, en su mayoría de tipo memorístico y de ejecución de 
hábitos motores; y que si bien durante el tiempo en que están en proceso de 
adquisición, pueden suponer cierta dificultad, una vez que son aprendidos se 
automatizan y realizan de manera inconsciente y no representan desafío alguno 
para los pequeños. 
Educación Primaria 
Con respecto a la educación primaria, el informe expone que funcionan en 
espacios construidos para fines educativos 72.7% de las escuelas primarias; y de la 
misma manera en que sucede con la educación preescolar, se observa que en la 
modalidad de cursos comunitarios, hay un porcentaje alto de planteles en esta 
situación (73%), así como el que se observa en las escuelas generales, mientras que 
las escuelas de modalidad indígena presentan las cifras más desfavorables, pues sólo 
68% de sus planteles tiene esta característica. 
Luego, se advierte que aunque la mayoría de las escuelas primarias cuentan 
con agua (96%), existen diferencias en relación con la fuente de suministro: ocho de 
cada 10 escuelas generales tienen acceso a la red pública, mientras que con respecto 
a las indígenas o comunitarias, solo la mitad y un tercio, respectivamente, tienen 
acceso a éste. Asimismo, respecto de otros servicios básicos, estas desigualdades se 
repetían, pues 98% de los planteles generales, 85% de los indígenas y 53% de los 
comunitarios, disponían de energía eléctrica, y en relación con la conexión a drenaje 
 47 
la desfavorable situación de estas dos últimas modalidades se agravaba, pues se 
observó que únicamente 19 y 18% de sus escuelas contaban con este servicio.  
Con respecto a líneas telefónicas, en 35% de las escuelas del nivel existe 
acceso a las mismas, equipo de cómputo que funciona, en 64% y conexión a Internet 
en 43%. Al igual que en los demás supuestos, las diferencias por tipo de servicio 
resultaron notables, pues se observó que sólo 4% de las escuelas indígenas y 2% de 
las comunitarias tienen línea telefónica; 43 y 11%, respectivamente, cuentan con 
computadoras; y apenas 14 y 2% disponen de acceso a Internet. De nuevo, existía 
una ventaja en los colegios privados ya que 9 de cada 10, tienen equipo de cómputo 
que funciona correctamente.  
En otro aspecto, en torno a la participación de los padres, en casi todas las 
primarias (98%) operan Asociaciones de Padres de Familia y en nueve de cada 10 se 
ha instalado un Consejo Escolar de Participación Social (CEPS), y en ese sentido, se 
observó al igual que en preescolar, los planteles públicos presentan una situación 
más favorable en este aspecto.  
Luego, el informe aborda el aspecto de que, no obstante que en la 
Constitución Federal, el artículo 3º establece que la educación debe ser gratuita, es 
reconocido que
las familias realizan aportaciones económicas no sólo para 
solventar los gastos de útiles o uniformes de sus hijos, sino también para cubrir 
algunas necesidades de las escuelas. En ese sentido, expone el hallazgo en torno a 
que es frecuente que cuando las condiciones materiales y de recursos humanos de 
los centros escolares no son suficientes y/o adecuadas para su buen 
funcionamiento, la comunidad escolar tiene que hacerse cargo de ellas, tanto padres 
 48 
de familia como los docentes, pues en ocasiones, además de aportaciones 
económicas, los padres y madres de familia se ven obligados a contribuir con 
recursos educativos como libros y materiales didácticos, o bien, en otras ocasiones 
con insumos de limpieza o de construcción para el mantenimiento de la escuela, o 
realizando algún trabajo para la obtención de fondos (como vender alimentos, 
organizar eventos, etcétera), o llevando a cabo actividades de limpieza y reparación 
en los planteles, a cuenta propia.  
Educación Secundaria 
En relación con los servicios básicos, se observa que en casi todas las escuelas 
secundarias hay agua (97%). Sin embargo, que sólo 75% tenía conexión a la red 
pública, y que los índices más bajos se observaban en las comunitarias (39%) y las 
telesecundarias (68%). Por otra parte, que si bien 95% de las secundarias contaba 
con acceso a energía eléctrica, apenas dos de cada tres escuelas comunitarias 
disponían de este servicio. Finalmente, solo la mitad de las secundarias públicas 
(51%) contaba con drenaje; y que la situación empeoraba en las telesecundarias y 
las escuelas comunitarias, ya que solo 35 y 20% de ellas, respectivamente, contaban 
con ese tipo de desagüe. 
Con respecto a las instalaciones en las que se imparte la educación, el informe 
expuso que casi 900 escuelas secundarias en el país carecían de aulas para impartir 
clases; de ellas, la mitad corresponde a la modalidad comunitaria, y si bien la 
disponibilidad de recursos de apoyo a la enseñanza, como pizarrones o pintarrones, 
no suponía un problema para las escuelas de este nivel, llamó poderosamente la 
atención que casi 20% de los salones de clase no contaba con equipamiento tan 
 49 
elemental como lo son escritorios y sillas para que los docentes emprendieran sus 
labores.  
Entre 60 y 80% de los directores de escuelas secundarias considera que la 
insuficiencia de recursos materiales obstaculiza la enseñanza en su centro escolar, y 
las principales carencias que reportan son las relacionadas con el equipo de 
cómputo. 
Por otro lado, se observa en general, que las escuelas indígenas tienen 
procesos educativos
más limitados en comparación con las escuelas generales, pues 
aproximadamente 49.3% de los preescolares indígenas tienen un solo docente que 
atiende los tres grados y al mismo tiempo se encarga de las funciones directivas.  
Clima Escolar 
Ahora bien, el estudio abordó acerca del trato interpersonal y el manejo de la 
disciplina en las escuelas, al considerarlo importantes para valorar el cumplimiento 
del derecho a una educación de calidad, lo cual se trató en el año 2013, en el marco 
de un estudio piloto en que el INEE analizó la información sobre estos temas 
recabada en los cuestionarios aplicados a estudiantes y padres de familia; asimismo, 
examinó 269 reglamentos escolares y 171 de aula; considerando para esos efectos, 
que pueden operar como dispositivos pedagógicos —para aprender a convivir —o 
en un sentido normativo, como herramientas disciplinarias que coadyuvan al logro 
de los propósitos educativos.  
Del referido análisis, el informe concluyó que los reglamentos no suelen 
explicitar sus propósitos o principios, y ponen el énfasis en las obligaciones y no en 
los derechos; además, aunque en general aluden a sanciones, no siempre indicaban 
de forma clara o específica qué conductas serán sancionadas, sin embargo, 
 50 
“predominaba el enfoque normativo sobre el pedagógico, y la limitación o 
acotamiento del ejercicio de la libertad sobre la generación de condiciones 
favorables para el cumplimiento de los derechos humanos y los propósitos de la 
educación.” 
Asimismo, entre las carencias más notorias, se hace hincapié en una ausencia 
de valores y principios éticos como la igualdad, el respeto a la diversidad y la búsqueda 
de la equidad. Por otro lado, desde un punto de vista ético, enfatiza lo individual más 
que lo social, pues no aparecen en los reglamentos aspectos como la participación en 
la toma de decisiones y la resolución de conflictos, ya que ambos son importantes 
para la convivencia, ni tampoco que se aludiera al compromiso, reciprocidad y 
corresponsabilidad de los miembros de la comunidad, con los diversos aspectos que 
se consideran fundamentales para el sano desarrollo de la vida escolar.  
En este sentido, ahonda en concreto en torno a los cuestionarios aplicados a 
estudiantes y padres de familia, ya que de los mismos se obtuvo información sobre 
prácticas que podrían ser contrarias a los derechos de los niños, tales como la 
aplicación de castigos que implican su exclusión de alguna actividad escolar 
(sacarlos del salón o impedirles la entrada a la escuela); la afectación de algún otro 
derecho (dejarlos sin recreo, sin comer o beber agua); un trato denigrante (gritarles, 
insultarlos u ofenderlos); o, incluso, poner en peligro su integridad física (golpearlos 
o encerrarlos).  
En ese sentido, se advierte que ello evidencia la necesidad de desarrollar 
mecanismos educativos que promuevan ambientes de convivencia, de climas 
escolares y de aula positivos, tanto para propiciar condiciones favorables a la 
 51 
enseñanza y al aprendizaje, como para asegurar el respeto a los derechos humanos 
de todos los miembros de la comunidad escolar.  
Para ello, el informe precisa que el sector público sostiene a entre ocho y 
nueve de cada diez escuelas de educación básica, así como a dos terceras partes de 
las de educación media superior; que los preescolares y primarias indígenas y 
comunitarios, así como las telesecundarias, son las que brindan servicio 
principalmente en localidades rurales y marginadas, mientras que las escuelas del 
nivel medio superior que dependían del gobierno federal o de las universidades, se 
ubicaban principalmente en las ciudades.  
Con respecto a las instalaciones a nivel de educación básica, prácticamente 
todos los espacios educativos tienen construcción, los públicos, tres de cada cuatro 
inmuebles, y en los privados, uno de cada dos, fueron construidos con fines 
educativos; la gran mayoría de los inmuebles tiene piso y paredes firmes, mientras 
que 78% tiene techo de losa de concreto o de viguetas con bovedilla, y sólo dos de 
cada tres escuelas públicas cuentan con espacios deportivos o áreas recreativas.  
Los inmuebles escolares en general no presentan condiciones adecuadas de 
accesibilidad para la movilidad de personas que utilizan auxiliares motores, pues 
sólo 26% de los planteles cuenta con rampas y 11% tiene sanitarios amplios con 
agarraderas; dos de cada tres escuelas privadas no tienen estas adaptaciones.  
En el caso de la educación primaria, de igual manera se observa que la 
modalidad indígena es la menos beneficiada en materia de infraestructura (68% de 
los planteles fueron construidos con fines educativos); asimismo, que existe una 
relación inversa entre el tamaño de la localidad y el acceso a servicios e 
 52 
infraestructura mínima escolar, pues en comunidades de menos de 100 habitantes, 
solo una de cada cinco primarias cuenta con las condiciones mínimas para 
funcionar, mientras que en las localidades de 15 mil y más habitantes, esto era cierto 
para 85% de las escuelas; y que la presencia de medidas de protección civil es más 
escasa en este nivel educativo, sobre todo en las escuelas públicas.  
Luego, en torno al acceso gratuito al derecho a la educación, se observó que, 
al igual que en preescolar, la comunidad escolar es la que se tiene que hacer cargo 
mediante aportaciones económicas, en especie o trabajo, de las condiciones 
materiales en la escuela, cuando éstas no resultan ser suficientes o adecuadas para 
su buen funcionamiento, lo cual impone barreras para que tengan acceso a la 
escuela la gente que menos tiene.  
Asimismo, respecto a las condiciones materiales, casi 900 escuelas de 
educación secundaria carecen de aulas para impartir clases; en uno de cada cinco 
planteles no hay sillas y escritorios para docentes en todas sus aulas; y mientras 
85% de las escuelas cuenta con equipo de cómputo en funcionamiento, sólo 53% 
tiene acceso a Internet; en las secundarias comunitarias, estos porcentajes se 
reducen a 36 y 3% respectivamente.  
Condiciones Organizativas y Pedagógicas  
Respecto a las condiciones organizativas y pedagógicas, 67% de los 
preescolares, la mitad de las primarias y 46% de las secundarias, se conformaban 
solo por docentes; asimismo, se notó que únicamente 30% de las escuelas de 
educación básica contaba con personal directivo, docente y docentes especiales, 
mientras que en la modalidad indígena, la mayor parte de estas escuelas solo tiene 
docentes, y no todos hablan la lengua de la comunidad en la que trabajan.  
 53 
Respecto del clima escolar, “que los reglamentos en preescolar, primaria y 
secundaria ponen énfasis en las obligaciones y no en los derechos, aluden a 
sanciones, es decir, son más normativos que pedagógicos, con énfasis en la 
limitación de la libertad sobre la generación de condiciones favorables para el 
cumplimiento de los derechos humanos y los propósitos de la educación” (Informe 
INEE, 2014: p. 78). También se advirtió que en las escuelas todavía se aplicaban 
castigos que implicaban la exclusión de alguna actividad escolar, la afectación de 
algún otro derecho, un trato denigrante o, incluso, poner en peligro la integridad 
física personal.  
En cuanto al perfil de los alumnos estudiantes del nivel socioeconómico más 
bajo, refiere que se caracterizan porque sus padres tienen
como máximo nivel de 
estudios la primaria; en casa disponen en promedio de apenas 10 libros, no tienen 
un cuarto propio ni computadora y no disponen de línea telefónica fija, ni de auto; 
sin embargo, cuentan con una televisión y teléfono celular. Los estudiantes del 
rango 4 (más alto), tienen padres cuyo nivel mínimo de estudios equivale a 
licenciatura; además en casa cuentan con más de 100 libros, tienen un cuarto propio 
y más de una computadora con Internet. Sus hogares disponen en promedio de dos 
televisiones con servicio de cable, tienen línea telefónica fija, al menos tres celulares 
y más de un auto. 
 Efectividad en el Aprendizaje  
Luego, se hizo un estudio en torno a qué tanto están realmente aprendiendo 
los niños y jóvenes durante su paso por la escuela, así como, en torno a la relación 
entre algunas condiciones socioeconómicas y escolares de distintos grupos de 
estudiantes y su logro escolar.  
 54 
En este sentido, se observó que poco más de 90% de los niños de tercer 
grado de preescolar, lograban al menos el nivel básico de aprendizaje en lenguaje y 
comunicación, y en pensamiento matemático. Sin embargo, desde el comienzo de la 
educación básica se observaban inequidades, pues eran menores los logros de 
quienes asistían a escuelas rurales y a preescolares comunitarios. 
Por tanto, se concluyó que dicho nivel no está operando como un mecanismo 
que asegurare a todos los niños una plataforma sólida para continuar aprendiendo, 
lo cual era especialmente preocupante, si se tomaba en cuenta que para los más 
pobres, el preescolar resulta de la mayor importancia.  
Luego, en la educación primaria, se observó que a la mitad de la primaria 
(tercer grado), 80% de los niños, en promedio, alcanzaba al menos el nivel básico en 
español; sin embargo, esto únicamente era cierto para tres cuartas partes de 
estudiantes en cursos comunitarios y primarias rurales, y sólo para la mitad de los 
que asistían a primarias indígenas. Con respecto a Matemáticas, los resultados 
nacionales se tornaron aún más desfavorables; pues únicamente 68% de los 
alumnos hasta la mitad de primaria (tercer grado) alcanzaba solo el nivel básico, y 
las brechas entre estratos se mantenían.  
Continuando sobre esta línea, con respecto al sexto grado, en promedio 86% 
de los niños alcanzaba al menos el nivel básico en Español. Los que no lo lograban 
(que incluía a 35% de los alumnos de cursos comunitarios y a 44% de escuelas 
indígenas), tienen dificultades para reconocer las características y funciones de 
diversos tipos de textos y elegir fuentes pertinentes para ampliar su información 
sobre un tema.  
 55 
Los resultados en Matemáticas resultaban similares, pues 88% de los 
alumnos lograban al menos el nivel básico; lo cual significaba que sólo podían leer, 
escribir, comparar y ordenar números naturales con hasta cuatro cifras, hacer 
sumas utilizando el algoritmo convencional y resolver problemas aditivos que 
involucraban solo una operación. Para quienes asisten a escuelas del CONAFE y a 
primarias indígenas, la situación era más desfavorable, pues el porcentaje se reducía 
a poco más del 30%.  
Luego, que al terminar la secundaria, 77% de los alumnos lograba al menos el 
nivel básico en Español, pero este porcentaje disminuía a 66% para los alumnos de 
telesecundaria. Respecto de Matemáticas, dos de cada tres estudiantes alcanzaban al 
menos el nivel básico, pero solo dos de cada cinco de telesecundaria lo hacía.  
En todos los niveles y grados, los alumnos en condición de extraedad, 
(refiriéndose a aquéllos de ingreso tardío a la educación primaria, que hubieren 
abandonado temporalmente los estudios y/o repetido grado, debido a situaciones 
asociadas con condiciones socioeconómicas desfavorables), logran resultados 
inferiores a los de quienes tienen la edad típica. Asimismo, se observó que no hay 
desigualdad entre niños y niñas, con respecto a la accesibilidad de la educación, por 
razón de sexo, y que las diferencias por sexo son mínimas, ya que solo en cuanto al 
nivel de desempeño en la escuela, salieron favorables a las mujeres en Español y a 
los varones en Matemáticas.  
En otro aspecto, para medir si, además de cumplir con el conocimiento 
requerido de acuerdo a lo establecido en el currículo nacional de educación básica, 
los jóvenes tenían las habilidades y competencias necesarias para desempeñarse 
 56 
exitosamente en la sociedad del conocimiento se aplicó la prueba PISA, dirigida a 
estudiantes de 15 años inscritos en cualquier grado de secundaria o bachillerato; la 
cual evalúa las áreas de Lectura, Ciencias y Matemáticas, y permite identificar si se 
ha garantizado que los jóvenes han adquirido un mínimo de aprendizajes 
fundamentales para llegar a ser personas socialmente competentes.  
De los resultados de esta prueba, se desprendió que en México sólo 67.3% de 
la población de esta tenían las competencias y habilidades necesarias para 
desarrollarse exitosamente en la sociedad del conocimiento; menos de la mitad de 
los alumnos en Matemáticas, tres de cada cinco en Lectura y 53% en Ciencias, 
lograban el nivel de competencia requerido para desempeñarse en las sociedades 
actuales. Los resultados de estudiantes de colegios privados fueron superiores a los 
de escuelas públicas. Asimismo, los datos indicaron que un año más de escolaridad 
incrementaría las competencias, pues los puntajes obtenidos por quienes estudiaron 
bachillerato eran mejores que los de jóvenes que aún se encontraban en secundaria.  
Por otro lado, también se emprendió la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH), la cual reveló que en 2012 la población de 25 años y 
más superó ligeramente la cifra de 63 millones de personas. Poco menos de una 
cuarta parte (24.1%) ni siquiera había concluido la primaria, mientras que 21%, a lo 
más, la había completado. Una cuarta parte había terminado solo la secundaria 
(25.2%); 16% había alcanzado la educación media superior y apenas 13.6%; lo cual, 
considerando que, constitucionalmente, la educación primaria es obligatoria desde 
1934, implica que el Estado y la sociedad están en deuda con quienes no lograron 
concluirla, misma que aumentó desde que en 1993 se decretó la obligatoriedad de la 
 57 
educación secundaria y que probablemente seguirá incrementando al haberse 
decretado la obligatoriedad de la educación media superior también, a partir del 
ciclo escolar 2012-2013.  
Ahora bien, se ha evidenciado, y es mundialmente reconocido y consagrado 
en los respectivos cuerpos normativos que nos rigen, que la educación contribuye a 
que las personas exijan sus derechos, gocen de mayor salud, tengan una 
participación ciudadana activa, sean padres y madres responsables, logren un 
empleo y sean productivas. Sin embargo, para que ello suceda, la población adulta —
de 25 años y más —debe tener, al menos, la escolaridad que el país ha establecido 
como un mínimo social. Sin embargo, en el país, se ha descubierto que uno de cada 
cuatro adultos no concluye la educación primaria, y uno de cada cinco no termina la 
secundaria. Esto significa que 45% de la población de 25 años y más no ha 
completado la educación básica. En contraste, solo 13.6% de los ciudadanos de estas 
edades concluye la educación superior.  
Tras su estudio, se concluye que, en general, la escolaridad de la población de 
25 años y más representaba el resultado acumulado de los esfuerzos del Sistema 
Educativo Nacional y de la sociedad, y al comparar la escolaridad máxima alcanzada 
por distintos grupos de edad, era evidente que México ha realizado acciones 
notables por escolarizar a la población. Sin embargo, entre los mayores de 65 años, 
se observaba que 63% no concluyó la primaria, cuando esto solo era cierto para 8% 
de la población de 25 a 34 años, pero que tal avance se ha logrado gracias a la 
expansión de la escolaridad para los niños y jóvenes en edad de ir a la escuela.  
 58 
Por otro lado, se advirtió que el sistema ha sido poco eficaz en lograr que la 
población que en su momento no concluyó la educación básica lo haga más adelante; 
lo cual explicaba por qué el 46% de los adultos rurales y 38.4% de los urbanos no 
contaban con ella. Además de que 68% de la población que en el año 2000 no 
contaba con educación básica completa, no había modificado su situación escolar de 
rezago en una década, y lo mismo, con respecto al 90% de las generaciones mayores.  
También se confirmó que sí existe una relación, no perfecta pero significativa, 
entre la escolaridad y estabilidad laboral, como mejores salarios. Lo anterior, toda 
vez que independientemente de su sexo, lugar de residencia o edad, los trabajadores 
asalariados tienen mayores posibilidades de lograr contrataciones estables a 
medida que aumenta su escolaridad. Lo mismo ocurría con el salario, el cual se 
incrementaba de 20.20 pesos por hora, con respecto a quienes no hubieren 
concluido la educación básica, y a 57.50 pesos para quienes alcanzaron la 
escolaridad media superior o superior.  
Luego, se constató además, la relación entre escolaridad y salud; ya que, por 
ejemplo, los menos escolarizados dedicaban media hora a la semana al ejercicio 
físico, mientras que los que contaban con educación superior invertían cerca de dos 
horas. Asimismo, se reveló que los más escolarizados, independientemente de su 
nivel de ingresos, también le dedicaban mayor tiempo a la lectura por placer, hábito 
indispensable para el aprendizaje a lo largo de la vida; datos que confirmaban las 
ventajas de invertir en la educación y, a la vez, ponían en evidencia el costo que 
significaba no hacerlo.  
 59 
Por último, se concluye que entre la población adulta, todavía era un poco 
mayor el porcentaje de mujeres que de hombres que no contaba con educación 
básica (diferencia que ya no se observa en la población de los niños). Sin embargo, la 
brecha entre la población indígena y la no indígena sin educación básica completa, 
era significativa (70 y 43%, respectivamente), lo que reflejaba una discriminación 
histórica aún no resuelta. Y si bien, en México se ha mejorado en términos de una 
mayor escolarización, el avance ha sido muy lento como lo constataba el ritmo al 
que ha aumentado el promedio de escolaridad en las últimas cuatro décadas (0.12 
grados anualmente).  
De la anterior reseña, podemos advertir que no obstante los esfuerzos 
realizados por el Estado mexicano, las carencias en la educación continúan 
representando un obstáculo enorme para el desarrollo del país, así como para el 
crecimiento político, social y económico del mismo, pues nos vemos superados por 
las habilidades y competencia mundial, o bien, los pocos privilegiados que tienen 
acceso a una educación adecuada, continúan siendo los que ocupan los puestos de 
alto mando, o los empleos con mejor salario, mientras que, los menos favorecidos, 
difícilmente logran escalar de su bajo nivel socioeconómico.  
En ese sentido, Katerina Tomarevski señala como uno de los obstáculos para 
la correcta implementación del derecho a la educación, la regulación e 
implementación del derecho internacional de derechos humanos a nivel nacional, 
pues si bien, los estándares del derecho internacional representan un parámetro 
 60 
mínimo, el modo de volver efectivos esos estándares mínimos, es la elección de cada 
país, y México no es la excepción dentro de este supuesto22. 
  
                                                        
22 Tomasevski, K., Indicadores del derecho a la educación, Revista de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, Vol. 40, en línea, 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/40/pr/pr18.pdf, 2004: p. 343 
 61 
2. El interés legítimo en el juicio de amparo 
2.1 Reforma Constitucional en materia de amparo y derechos humanos de junio 
de 2011. 
Por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, los pasados 6 y 
11 de junio de 2011, respectivamente, entraron en vigor una serie de reformas a los 
artículos 1º, 3, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 29, 33, 89, 102, 103, 105, 109, 113, y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, trascendentales en materia 
de amparo y derechos humanos, en virtud de las cuales, entre otras cosas, se buscó 
adecuar los estándares que establecía nuestra Constitución Federal, y las leyes 
derivadas de la misma, en materia de derechos humanos, a los ordenamientos y 
tratados internacionales, así como, establecer un mecanismo de inclusión real de 
dichos estándares, de manera directa en la Constitución, y prever mecanismos 
efectivos de defensa de los mismos. 
Ello en virtud de que de la exposición de motivos de la reforma publicada en 
el DOF el 11 de junio de 2011 se desprende lo siguiente23: 
Los derechos humanos constituyen los límites a los que debe sujetarse el ejercicio del 
poder del Estado, en aras de lograr un desarrollo social armónico.  
Estos derechos significan una oportunidad permanente y cotidiana para que el 
Estado mexicano demuestre verdaderamente su vocación democrática y 
compromiso con la vigencia, promoción y respeto a los derechos humanos.  
El proceso global de desarrollo político, económico y social ha llevado a las 
autoridades en este país a adquirir compromisos internacionales en esta materia, a 
través de la firma y ratificación de los tratados internacionales de derechos 
humanos.  
Los compromisos internacionales son sin duda una base sólida para el sustento de una 
ética legislativa que promueva el equilibrio entre el ejercicio del poder y las libertades 
                                                        
23 Las cursivas son propias. Para mayor información se puede consultar el documento íntegro en: 
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/PDFs/proceso%20legislativo%20amparo.pdf 
 62 
ciudadanas. Sin duda, en este país hemos avanzado en esos términos, pero no basta, es 
ya imperativo emprender el proceso de armonización de los diversos instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos con la legislación doméstica, 
particularmente en nuestra Carta Magna.  
Nuestra Constitución es la norma superior a la que debemos someternos 
tanto gobernantes como gobernados, es el instrumento que contiene el alma de la 
nación, que consigna los valores que como ciudadanos mexicanos debemos 
defender, por ello sostenemos que es necesario incorporar en su contenido el concepto 
de derechos humanos como un valor fundamental que trascienda a todo el 
ordenamiento jurídico.  
En el contexto de una tradición democrática debemos proclamar los 
derechos humanos, las libertades públicas, la división de poderes y la soberanía 
popular como el núcleo esencial de nuestro texto constitucional.  
El amplio reconocimiento de los derechos humanos en la parte dogmática de 
la constitución es la oportunidad que tenemos los legisladores para demostrar que 
en este ámbito del poder, en ejercicio de la madurez política que exigen los 
ciudadanos, generamos consensos en aras de avanzar hacia un verdadero estado de 
derecho que se fortalezca y alimente de los principios y valores que la Constitución 
contempla.  
No podemos permanecer en el debate sobre la conveniencia o no de una 
nueva constitución o en la espera de coincidir en un proyecto de reforma del Estado. 
Los cambios necesario [sic] para lograr un [sic] protección eficiente de los derechos 
humanos es un tema que a la izquierda nos preocupa, es un asunto sensible que 
debe ir más halla [sic] de los atavismos políticos.  
Estamos en condiciones de incorporar en el texto vigente los conceptos y la filosofía 
de los derechos humanos que permitan normar el criterio de la actuación de 
nuestras autoridades, definir los límites del poder frente a los ciudadanos y 
fortalecer a las instituciones de este país.  
Al respecto Juan Antonio Carrillo Salcedo señala que “los deberes y 
obligaciones de los Estados soberanos están en función del desarrollo del derecho 
internacional y de ahí que la tensión dialéctica entre soberanía de los Estados, de un 
[sic] parte, y los derechos humanos, de otra, se resuelva hoy de la siguiente forma: 
 63 
por ser soberanos, los Estados tienen obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos respecto de la comunidad internacional en su conjunto”.  
Continúa Carrillo Salcedo: “a partir de los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos ya no es posible ignorar el proceso de humanización 
experimentado por el orden internacional con la introducción de un nuevo principio 
constitucional, el de los derechos humanos, que ha venido a añadirse al principio 
constitucional tradicional, el de la soberanía de los estados”. 
Sin embargo, la garantía de aplicación del derecho internacional de los 
derechos humanos debe darse a través del cauce de los Estados, por medio de su 
incorporación como normas constitucionales que regulen el actuar de los órganos 
de Estado y no sólo como normas aplicables en el ámbito interno de manera 
secundaria.  
En razón de lo anterior, es preciso que los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos tengan una aplicación eficaz y directa que les permita 
cumplir la función para la cual fueron legislados, es decir, contribuir a mejorar y 
desarrollar al máximo la idea de dignidad humana que requiere el tiempo actual, por 
lo que los Estados tienen la obligación imperativa de buscar la manera de lograr que 
el conjunto de nobles ideas establecidas en los tratados en materia de derechos 
humanos sean legislados y aplicados en los ordenamientos de los Estados que 
configuran la comunidad internacional.  
En ese sentido proponemos modificar la denominación del Capítulo I del 
Título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para denominarlo ‘De los Derechos Humanos y las Garantías Individuales’, con 
objeto de incluir el reconocimiento y protección de los derechos humanos, 
concepto que amplía los derechos que la Constitución reconoce bajo el 
término de “garantías individuales”.  
Nuestra Carta Magna no menciona en su capítulo primero el concepto de 
“derechos humanos” como tal, sino el de garantías individuales; por esa razón, en 
algunos sectores de la doctrina prevalece la idea de que los derechos humanos 
vigentes en nuestro país son sólo aquellos que se encuentran previstos por nuestro 
texto fundamental en sus primeros veintinueve artículos; es decir, el relativo al de 
las garantías individuales.  
 64 
Algunos autores han venido señalando que las garantías individuales son la 
medida en que la Constitución protege los propios derechos humanos. 
De ahí la necesidad de precisar que estos conceptos no son sinónimos, 
aunque de forma inexacta se hayan equiparado, aún más, existen voces en el ámbito 
académico que señalan que resulta impostergable la incorporación en nuestra 
Constitución de éste binomio como una decisión fundamental del Estado mexicano. 
Asimismo, la adición de un tercer párrafo al propio artículo 1o., sobre la 
importancia de incluir un pronunciamiento de principio sobre la importancia de los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos para el orden jurídico 
mexicano estableciendo su vinculación constitucional como de primer orden, en 
virtud de que estos tratados son normas imperativas del derecho internacional.  
Se propone la reforma al artículo 3o. de nuestra Ley Fundamental, con 
el objeto de que en materia educativa el respeto a los derechos humanos y la 
perspectiva de género se conviertan en instrumentos esenciales en el 
desarrollo educativo del educando; de igual manera, y siendo congruentes con 
la composición multicultural de nuestro país, se incluye además la diversidad 
de los derechos culturales.  
[…] 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la 
opinión consultiva 2/82 jurisprudencia en el siguiente sentido:  
La Corte debe enfatizar, sin embargo, que los tratados modernos sobre 
derechos humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son 
tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio 
recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su 
objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, 
independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como 
frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos 
humanos, los Estados se someten a un orden legal, dentro del cual ellos, por el bien 
común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los 
individuos bajo su jurisdicción.  
El Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, 
elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones 
Unidas para México, recomendó reformar la Constitución para incorporar el 
 65 
concepto de derechos humanos como eje fundamental de la misma, y reconocer a los 
tratados de derechos humanos una jerarquía superior a los ordenamientos federales 
y locales, con el señalamiento expreso de que todos los poderes públicos se 
someterán a dicho orden internacional cuando éste confiera mayor protección a las 
personas que la Constitución o los ordenamientos derivados de ella […]. 
 
Asimismo, de la exposición de motivos de la reforma en materia de amparo, 
publicada en el DOF el 6 de junio de 2011, se desprende lo siguiente24: 
Uno de los objetivos centrales contenidos en la presente iniciativa es llevar a cabo 
una reforma integral al instrumento de control constitucional más importante que 
se tiene en el ordenamiento jurídico mexicano, y lo que es más, al principal medio de 
protección de los derechos fundamentales y garantías, como es el juicio de amparo. 
Debido a ese papel trascendental en la vida jurídica y política del país, es que 
se pretende fortalecerlo a partir de la eliminación de tecnicismos y 
formalismos extremos que han dificultado su accesibilidad y, en consecuencia, 
su ámbito de protección. 
Por otro lado, y de igual importancia que el objetivo anterior, la iniciativa 
persigue fortalecer y perfeccionar la estructura del Poder Judicial de la Federación y 
consolidar a su órgano superior: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un 
tribunal garante de nuestra Constitución, a fin de que [sic] permitirle pueda 
concentrarse en la resolución de aquellos asuntos que revistan la mayor 
importancia y trascendencia para la totalidad del ordenamiento jurídico nacional y 
del Estado Mexicano en su conjunto. 
Sobre la base de llevar a cabo estos dos grandes objetivos es que se propone 
reformar los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En las líneas subsecuentes, se expondrán en forma 
detallada las propuestas y modificaciones materia de esta iniciativa. 
[…] 
Por otro lado, la presente iniciativa contiene una serie de modificaciones y 
ajustes de redacción al texto vigente del artículo 107, las cuales se precisarán a 
continuación.  
                                                        
24 Para mayor información se puede consultar el documento íntegro en: 
http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/PDFs/proceso%20legislativo%20amparo.pdf 
 66 
En la fracción II se establece quién tiene el carácter de ―parte agraviada‖ en el juicio 
de amparo, señalándose que es aquella titular de un derecho o de un interés legítimo 
individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola las garantías o 
los derechos previstos en el artículo 103 y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea 
de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 
En efecto, además del objeto de protección y los efectos de las sentencias, la 
cuestión más relevante del juicio de amparo tiene que ver con el tipo de interés 
exigido para solicitarlo. Hasta ahora, en nuestro país se ha seguido la idea de que 
para tal efecto es necesaria la existencia de un interés jurídico, identificado con el 
derecho subjetivo. 
Si bien en el pasado esa forma de relación entre la situación de las personas y 
sus posibilidades de acceso a los procesos fuera correcta, toda vez que se pensaba a 
la sociedad mexicana como altamente homogénea cuando la forma de 
representación de la sociedad de nuestros tiempos es la pluralidad política y cuando 
existe una lucha social para lograr la incorporación al orden jurídico de una serie de 
demandas sociales, no es posible seguir exigiendo el interés jurídico para acudir al 
juicio de amparo. Ello nos conduce a concluir que la forma de resolver el problema 
del interés para acudir al juicio tiene que ver con la forma en que se vislumbran las 
posibilidades de acceso a la justicia. 
Frente a la disyuntiva de mantener el sistema en sus términos actuales o 
abrir nuevas posibilidades de impugnación, se propone introducir la figura del 
interés legítimo. Se trata de una institución con un amplio desarrollo en el derecho 
comparado y con algunos antecedentes en el nuestro que, justamente, permite 
constituir como quejoso en el amparo a aquella persona que resulte afectada por un 
acto en virtud de, o la afectación directa a, un derecho reconocido por el orden 
jurídico –interés jurídico –o, cuando el acto de autoridad no afecte ese derecho pero 
sí la situación jurídica derivada del propio orden jurídico. 
No obstante lo anterior, se propone limitarlo en tratándose de los actos o 
resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 
En estos casos se están discutiendo las posiciones dentro de un litigio en el que, en 
principio, las partes tienen las mismas posibilidades procesales y los mismos medios 
de defensa, de modo tal que cualquier afectación de ese equilibrio por la postulación 
 67 
de un interés legítimo frente a otro jurídico, afectaría el equilibrio procesal que 
siempre es necesario mantener.” 
 
De las anteriores transcripciones, queda en evidencia que ambas reformas 
marcaron el inicio de la profunda transformación a la que entró tanto el Poder 
Judicial de la Federación, como todo el orden jurídico del país. En efecto, fue un 
primer esfuerzo real, por integrar los parámetros internacionales, establecidos tras 
el esfuerzo continuo y derivado de diversas crisis mundiales en materia de derechos 
humanos, al orden jurídico nacional. 
2.2 La introducción del interés legítimo en el juicio de amparo. 
Lo anterior expuesto fue un cambio trascendental en el sistema jurídico 
nacional, porque implicó el análisis profundo de los diversos obstáculos tanto 
jurídicos como fácticos, que impedían que en el país existiera una debida protección 
de los derechos humanos y administración de justicia, ejes rectores fundamentales 
para el desarrollo de todo Estado de Derecho en la modernidad.  
 En ese sentido, al emprender este análisis, una de entre muchas deficiencias 
que se detectaron en nuestro sistema jurídico mexicano, fue en torno al instrumento 
más importante de protección de la Constitución y los derechos fundamentales 
consagrados en la misma, el juicio de amparo. Tras evaluar la forma en que las 
personas cuyos derechos fundamentales habían sido violados por alguna autoridad, 
hacían uso de este poderoso instrumento, se concluyó que era muy estricto y poco 
inclusivo el supuesto bajo el cual una persona podría acudir a los órganos 
jurisdiccionales federales para solicitar el amparo y protección de los mismos, con 
respecto al acto reclamado de la autoridad que fuese.  
 68 
 Es decir, como bien señala la exposición de motivos antes citada, se detectó 
una deficiencia importante, en torno a la figura del llamado “Interés jurídico”, ya que 
previo a la reforma de dos mil once, tanto la Constitución Federal, en su artículo 107, 
como el artículo 4º de la Ley de Amparo, en vigor hasta el pasado 2 de abril de 2013, 
señalaban que el juicio de amparo únicamente podía promoverse por la parte a 
quien perjudicare la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto 
que se reclamare, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor 
(actos que correspondan a una causa criminal), en los casos en que la ley lo 
permitiera expresamente, por medio de algún pariente o persona extraña; y solo 
podría seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. 
Asimismo, solo podrían ser partes en el juicio de amparo, el directamente afectado, o 
“agraviado”, la autoridad o autoridades responsables, el o los terceros perjudicados, 
y el Ministerio Público. 
 Por tanto, las consideraciones contenidas en la exposición de motivos antes 
citada, así como los problemas detectados en torno al interés jurídico, se buscaron 
combatir mediante la reforma constitucional, publicada en el DOF el 6 de junio de 
2011, en virtud de la cual los artículos 103 y 107, fracción I, quedaron de la siguiente 
manera: 
Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se 
suscite 
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los 
derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección 
por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte; 
 69 
II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o 
restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito 
Federal, y 
III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito 
Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. 
 
Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, 
con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos 
que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: 
I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, 
teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés 
legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado 
viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su 
esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación 
frente al orden jurídico. 
 
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho 
subjetivo que se afecte de manera personal y directa […] 
 
Asimismo, en virtud de la referida reforma, casi dos años después, el 2 de 
abril de 2013, se publicó en el DOF la nueva Ley de Amparo, la cual entró en vigor al 
día siguiente, la cual, en congruencia con el precepto Constitucional anteriormente 
citado, en lo conducente, dispone en su artículo 5º lo siguiente: 
Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: 
El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de 
un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u 
omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente 
Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de 
manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. 
 70 
El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La 
autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. 
El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente, por dos o más quejosos, 
cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el 
supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un 
perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. 
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, 
administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un 
derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; 
La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos 
de esta Ley […]. 
 
En este sentido, bajo este marco normativo, el instrumento jurídico sólo 
podría ser invocado, para proteger los llamados derechos subjetivos, en la medida 
en que hubiera un acto jurídico específico, concreto, que incidiera de manera directa 
en la esfera jurídica del afectado, excluyendo a todos aquellos derechos, de las 
llamadas segunda y tercera generación, o bien derechos de carácter social, civil y/o 
político. En tal virtud, se concluyó que esta exigencia, para poder siquiera promover 
el amparo, representaba un formalismo o tecnicismo jurídico excesivo, y en aras de 
ampliar la esfera de protección de los derechos humanos del juicio de amparo, se 
introdujo la figura del interés legítimo.   
El Magistrado Jean Claude Tron Petit, señala que el interés legítimo es una 
institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que sin ser titulares 
del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin contar precisamente 
con un derecho subjetivo tienen un interés en que la violación del derecho o libertad 
sea reparada. 
 71 
Lo anterior, implicaría el reconocimiento de la legitimación del gobernado, 
cuyo sustento no se encontrare en un derecho subjetivo otorgado por la 
normatividad, sino en un interés cualificado que, por cómo se actualiza de hecho en 
la esfera jurídica del interesado, ya sea de manera directa, o derivada de su situación 
particular respecto del orden jurídico, pudiera tener respecto de la legalidad de 
determinados actos de autoridad.   
Siendo así, que ese interés lo tienen aquellas personas que por la situación 
objetiva en que se encuentren, por una circunstancia de carácter personal o por ser 
las destinadas de una norma, fueren titulares de un interés propio, distinto del de los 
demás individuos, y tendente a que los poderes públicos actuaren de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico, cuando con motivo de la persecución de sus propios fines 
generales, incidieran en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se 
trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato y, además, que 
el propio interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración 
jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un 
determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que 
forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal 
expreso y declarativo de derechos, de todo lo cual resulta que la afectación al interés 
legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto 
impugnado pueda ocasionar un perjuicio. 
 Es decir, el interés legítimo tiene como factores determinantes, los siguientes 
aspectos. 
 72 
a) No es un mero interés por la legalidad de la actuación de la autoridad; requiere la 
existencia de un interés personal, individual o colectivo que, de prosperar la acción, 
se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. 
b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. 
c) Debe haber una afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, ya sea económica, 
profesional o de otra índole.  
d) Los titulares tienen un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, 
consistente en que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento 
cuando con motivo de la persecución de fines de carácter general, incidan en el 
ámbito de ese interés propio. 
e) Se trata de un interés cualificado, actual y real, no potencial o hipotético; o bien, 
jurídicamente relevante. 
f) La anulación produce efectos positivos o negativos en la esfera jurídica del 
gobernado. 
 
Asimismo, Tron Petit señala que para que el mismo se actualice, es necesario 
acreditar por un lado, la actuación ilegítima de una autoridad y por otro, presentar 
una situación especial o cualificada relacionada con una lesión o principio de 
afectación a la esfera jurídica en virtud de esa especial situación e incidencia en un 
interés individual.25 
Luego, en torno a los efectos y consecuencias del fallo, una vez emitida la 
resolución, de haber accedido a la vía jurisdiccional acreditando una afectación 
                                                        
25 Tron Petit, Jean Claude, “¿Qué hay del interés legítimo?”, Revista del Instituto de la 
Judicatura Federal,  núm. 33, 2012. 
 
 73 
directa a la esfera jurídica26, y de ser favorable la sentencia, tendría por efecto 
declarar la existencia y violación del derecho conforme a una obligación desatendida 
que causa un agravio personal, ordenándose una restitución estrictamente 
individual en el pleno uso y goce del derecho violado, es decir, que solo vinculen y 
beneficien a la persona que acudió al juicio. 
Por otro lado, en el caso de acceder al procedimiento o vía de impugnación 
mediante el interés legítimo, acreditando una afectación indirecta en virtud de una 
especial situación frente al orden jurídico, en la resolución se declarará la actuación u 
omisión de la autoridad como ilegítima respecto a un derecho objetivo o régimen 
legal que no fue acatado, pero además se ordenará rectificar, enmendar o anular esa 
conducta ilegítima (alcance o límite de la potestad o poder de exigencia), 
obteniéndose una satisfacción indirecta del interés personal, en la medida que se 
logra una ventaja, provecho o utilidad legítima al desaparecer los efectos y 
consecuencias del actuar ilegal de la autoridad.  
En este sentido, apela a la necesidad de que exista un daño individualizado, es 
decir, distinto o diferenciado con respecto al que pudiere resentir cualquier persona, 
y que podría ser remediado mediante la adaptación de una medida individualizada 
por parte de las autoridades responsables. 
Siendo así, si bien las normas de relación imponen a las autoridades la 
obligación de realizar una determinada conducta, que le corresponde a 
determinadas o determinables personas, mediante lo cual en forma directa e 
inmediata, se tutela el interés privado de los administrados; existen también las 
                                                        
26 Derecho subjetivo del cual uno es titular, o bien, a la luz de un interés jurídico, tal como lo 
conocíamos antes de la reforma constitucional en materia de amparo, de junio de 2011 
 74 
normas de acción, refiriéndose a la organización, contenido y procedimiento a los 
que se debe sujetar la acción administrativa que tutela el interés público; sin 
embargo, en este caso, el deber jurídico no es sólo respecto de determinadas 
personas interesadas, sino a la generalidad de los habitantes, porque lo que tutela es 
del interés público de todos. Por lo tanto, cada uno tiene, en principio, un interés 
general en que todos los aspectos de la administración pública estén en orden, el 
cual, por no estar reconocido ni tutelado específicamente en el ordenamiento 
jurídico, es un mero interés de hecho o "interés simple", del cual no deriva, por sí 
mismo, una pretensión que se pueda combatir mediante el juicio de amparo, ya que 
no hay nada que restituir, en caso de una sentencia favorable, que sea determinado 
o determinable. 
Bajo este supuesto, se habla meramente de los objetivos que debe perseguir 
cualquier actividad de la administración pública, consistente en la satisfacción del 
interés social; lo cual, se busca obtener mediante actos administrativos, contratos y 
concesiones, o cualesquier otros actos administrativos, tanto en regímenes de 
derecho público o privado, actos de gestión, servicios públicos, etc., cuyo principal 
objetivo sea de satisfacer el interés público, y que en caso de ser irregulares o 
contrarios a ello, actualizan el supuesto de nulidad y responsabilidad. 
Siendo así, para pasar del interés simple, al interés legítimo, como supuesto 
de procedencia para poder acudir ante los órganos jurisdiccionales federales a 
solicitar el amparo y protección de la justicia, se requiere de los siguientes 
elementos: 
 Ilegitimidad o inoportunidad del acto; 
 75 
 Interés personal del inconforme en razón de su especial situación frente al orden 
jurídico; 
 Círculo definido y limitado de individuos afectados;  
 Interés patrimonial o moral lesionado;  
  
 Interés actual, eventual o retrospectivo. 
De ahí, se sostiene que el interés legítimo tutela y permite conseguir la eficacia 
de aspiraciones individuales, en la medida que coinciden con exigencias de legitimidad 
y cabal satisfacción y tutela de intereses públicos; sin embargo, aunque exista una 
aspiración individual, en cuanto a que la restitución del derecho violado, sea de 
individuo a individuo, los intereses son colectivos o difusos, como los que le 
corresponden, por ejemplo, a los consumidores, a la integridad física, a la seguridad 
de los productos, a la veracidad de los mensajes publicitarios, o el interés colectivo 
en la defensa del ambiente, o bien, de una pequeña comunidad, con respecto a una 
afectación de su territorio que sea particularmente lesiva a las condiciones 
económicas y sociales preexistentes. En ese tenor, se precisa que los rasgos 
distintivos y sine qua non de los derechos o intereses colectivos es que recaen sobre 
bienes indivisibles y pertenecen a toda una colectividad –indeterminada o 
determinable–, de ahí que son de carácter supraindividual. 
Por ello es que la introducción de esta figura implica la ampliación de 
protección del orden jurídico nacional en temas tan trascendentes como el medio 
ambiente, consumidores y servicios públicos, que anteriormente no contaban con 
un medio efectivo de hacerlos valer. En virtud del interés legítimo, queda 
expresamente establecida la obligación del Estado, no solo de abstenerse de causar 
 76 
daños ni impedir u obstaculizar que los colectivos obtengan beneficios, sino incluso de 
proteger y promoverlos de manera activa, en especial cuando afectan a los sectores 
más vulnerables, incluso proveyendo leyes y políticas públicas adecuadas. Esta 
responsabilidad puede ser el resultado de actos pero también de omisiones ya que, 
en todo caso, el Estado debe vigilar y procurar que el disfrute y tutela de intereses 
de incidencia colectiva sea real y efectiva, evitando que ciertos agentes erosionen el 
bienestar de grupos expuestos.  
  
 77 
3 El interés legítimo y el derecho a la educación 
 
Sobre esa línea de ideas, en relación en particular con el interés legítimo 
como medio para exigir el derecho a la educación, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación emitió un fallo trascendente el pasado 11 de marzo de 2015, al resolver el 
amparo en revisión 323/2014. 
 El asunto en cuestión, derivó de la demanda de amparo presentada por 
Aprender Primero, A.C. y (*****), dos asociaciones civiles cuyos principales objetos 
sociales se encuentran directamente encaminados a la protección del derecho 
humano a la educación, vigilancia y mejoramiento de la calidad y oferta educativa de 
nuestro país, en contra de diversas autoridades federales, reclamó la omisión de 
promover ante las instancias federales competentes las responsabilidades 
administrativas y penales, así como resarcitorias de daños, en contra de los 
funcionarios públicos federales y de las entidades federativas que correspondan, 
respecto de las irregularidades en el manejo, destino y aplicación de recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y del Ramo 25 
Aportaciones para los Servicios de Educación Básica y Normal en el Distrito Federal, 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación por los ejercicios fiscales 
de 2009 y 2010; la omisión legislativa al momento de emitir el Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2013, al no instruir ni 
prohibir a las autoridades administrativas competentes, tanto federales como 
estatales, que se abstengan de manejar, destinar y aplicar recursos del FAEB a 
“pagos ilegales”; y, con respecto a la efectiva e inminente distribución a las 
 78 
dependencias federales y a las entidades federativas en el año 2013, de los recursos 
que integran el FAEB, sin asegurarse de que los mismos se destinaron 
exclusivamente al gasto público en materia educativa. 
 Tocó conocer de la demanda de amparo, al Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal, el cual dictó sentencia el 6 de 
noviembre de 2013, en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo, pues, por un 
lado, no se desvirtuó la existencia de los actos manifestados por las autoridades y, 
por otro, las quejosas no acreditaron su interés legítimo. 
 Lo anterior, al estimar que los actos reclamados en el juicio no se 
encontraban dirigidos a afectar de manera directa los derechos de las quejosas, ni 
tampoco les habían ocasionado un perjuicio, o privado de un beneficio, por la 
especial situación que tenían en el ordenamiento jurídico. De ahí que no contaba con 
interés legítimo para promover el juicio de amparo, sino con un mero interés simple, 
similar al que cualquier miembro de la sociedad podría tener, en que se cumpla el 
marco constitucional y legal. 
Siendo así, consideró que había pretendido justificar su interés legítimo bajo 
el argumento de que buscaban la restauración del Estado de Derecho en nuestro 
país, a través de una sentencia en la que se obligare a las autoridades responsables a 
destinar los recursos de la hacienda pública federal conforme a los principios de 
eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez establecidos por el artículo 
134, primer párrafo, de la Constitución Federal27, a fin de que se asegurare a 
                                                        
27
 “Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
 79 
plenitud el derecho humano a la educación, en relación con lo dispuesto en los 
artículos 3, primer párrafo, y fracción VIII28, y 74, fracciones II, IV y VI29; así como 
                                                                                                                                                                     
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados…” 
 
28
 “Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, 
Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la 
media superior serán obligatorias. 
(…) 
VII.  Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines 
de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando 
la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus 
planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 
académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico 
como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los 
términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las 
características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la 
libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;…” 
 
29 Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
(…) 
II.  Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las 
funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los términos que disponga la ley; 
(…) 
 
IV.  Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, 
en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las 
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho 
Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura 
que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes 
deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. 
 
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo 
comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de 
Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes 
de noviembre. 
  
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará 
llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. 
 
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese 
carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del 
Presidente de la República. 
 
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada 
 80 
los diversos tratados internacionales de los que México es parte, en materia de 
educación, referente al destino del gasto público sufragado por los contribuyentes. 
Añadió que la pretensión de las quejosas radicó en que se restituyera el 
orden público vulnerado y el Estado de Derecho, aunado a que buscaba la 
restitución en el juicio de amparo mediante la cual se realizare una asignación 
efectiva y una distribución equitativa de los recursos dentro del sistema educativo, 
con la finalidad de brindar certidumbre jurídica en materia de presupuesto, 
aplicación, destino y fiscalización del gasto público, para asegurar que las 
contribuciones que pagan son para el cumplimiento de objetivos constitucionales.  
                                                                                                                                                                     
a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario 
del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven; 
(…) 
VI.  Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la 
gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y 
verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 
 
La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría 
Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las 
cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas 
respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos 
realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión 
sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las 
recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley. 
 
La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de 
Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de 
presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá 
exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoria Superior de la Federación contará con el 
mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 
 
La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año 
siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas 
del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 79 
de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y 
acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo 
dispuesto en dicho artículo. 
 
La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y 
al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;…” 
 
 81 
 En suma, que las quejosas no contaban con un interés legítimo, pues no 
bastaba con exponer un interés por la salvaguarda de la constitucionalidad, toda vez 
que dicho interés conllevaba un principio de afectación y, en el caso, no advertía 
dónde se actualizaba, respecto a las omisiones reclamadas de la parte quejosa; 
además, que de sostener lo contrario, sería tanto como extender 
extraordinariamente la condición de afectación con cualquier acto de autoridad que 
no cumpliera con el marco constitucional y legal, aunado a que sentaría el erróneo 
criterio de que existía interés legítimo cada vez que una persona se sintiera afectada 
por las acciones u omisiones de las autoridades. 
En contra de dicho fallo, la quejosa interpuso recurso de revisión, el amparo 
en revisión 323/2014, el cual por sentencia de 11 de marzo de 2015, la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió en torno al interés legítimo, en 
los siguientes términos: 
Calificó de fundado el agravio de la ahora recurrente, en el sentido de que el 
Juez de Distrito había omitido realizar el estudio de la procedencia con base en el 
derecho cuestionado, en relación con el objeto social de las quejosas y la afectación 
reclamada, conforme a lo cual se acreditaba la especial situación que tenían frente al 
ordenamiento jurídico en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción I30, de 
                                                        
30 “Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con 
excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley 
reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: 
 
I.  El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter 
quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, 
siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta 
Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de 
su especial situación frente al orden jurídico. 
 
 82 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al concluir que las 
consideraciones del Juez de Distrito, no resultaban suficientes para sostener la 
ausencia de interés legítimo, ya que era necesario que se analizara de manera 
integral la naturaleza del derecho a la educación, la vinculación con el objeto social 
de las asociaciones y la pretensión para acudir al amparo, esta última, no de forma 
aislada.  
En ese sentido, de acuerdo al criterio emitido por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, anteriormente citado y desglosado, con respecto a qué se debía 
de entender por interés legítimo, de acuerdo a nuestro orden jurídico nacional, se 
resolvió que las asociaciones quejosas no solo habían alegado la salvaguarda de la 
constitucionalidad y legalidad del ordenamiento, sino también de manera específica 
la transgresión del derecho a la educación por parte de las autoridades estatales, al 
considerar que éstas no cumplían con las facultades que se encontraban previstas en 
ley. 
En razón a ello, la sentencia no había tomado en cuenta, que con 
independencia de que las recurrentes plantearan la transgresión al artículo 134 
constitucional, en relación a la salvaguarda de la constitucionalidad y legalidad de 
los actos de las autoridades, que también habían reclamado de forma concreta la 
transgresión del derecho a la educación, respecto del cual consideraron tener una 
especial posición frente al ordenamiento jurídico, ya que dichos actos alteraban su 
esfera jurídica.  
                                                                                                                                                                     
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o 
del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de 
manera personal y directa;…” 
 
 83 
Por ese motivo, las referidas pretensiones se encontraban comprendidas en 
el objeto del juicio de amparo, según lo precisaba el artículo 103, fracción I,31 de la 
Constitución, en relación con el artículo 1 de la Ley de Amparo abrogada, pues se 
trataba de una controversia suscitada por actos de la autoridad que —adujeron —
había violado una garantía individual (ahora derecho humano). 
De esa forma, en el caso el interés legítimo debió haberse determinado que, 
de acuerdo a las pretensiones de las quejosas, en relación con el derecho a la 
educación y los actos de autoridad que reclamaron, trascendían en la esfera jurídica 
de las promotoras. Situación que se determinó que no había sido atendida en la 
sentencia, pues en el caso no se había analizado la naturaleza del derecho 
cuestionado, para determinar si las quejosas eran titulares del derecho, o guardaban 
una especial situación frente al mismo; aunado a ello, tampoco se había identificado 
la esfera jurídica de las quejosas para determinar si existía una afectación, pues las 
consideraciones de la sentencia se habían limitado a afirmar que la pretensión de la 
quejosa identificaba solo un interés simple que radicaba en verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios de conformidad con el artículo 
134 de la Constitución.  
En esas condiciones, el agravio planteado se estimó fundado, toda vez que la 
Juez había realizado un análisis parcial de la causal de improcedencia, sin tomar en 
cuenta los lineamientos fijados desde inicios de la primera etapa de la Décima 
                                                        
31 “Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite 
 
I.  Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos 
reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;...” 
 
 84 
Época, en torno al interés legítimo, determinando por ende revocar en ese aspecto la 
sentencia y en virtud de que el estudio de las causales de improcedencia debía 
realizarse de manera oficiosa, la Primera Sala efectuó dicho estudio de forma 
integral, para determinar si en el caso las quejosas habían contado con interés 
legítimo para accionar. 
En ese sentido, la sentencia cita el artículo 3º de la Constitución Federal, del 
cual desprende que el derecho a la educación se entiende como una prerrogativa 
que tiene todo ser humano a recibir la formación, la instrucción, dirección o 
enseñanza necesaria para el desarrollo armónico de todas sus capacidades 
cognoscitivas, intelectuales, físicas y humanas, a partir de la adquisición de 
conocimientos que fomenten el amor a la patria, la solidaridad, la independencia, la 
justicia, la paz, la democracia y el respeto a la dignidad humana, partiendo del 
aprendizaje de valores y derechos humanos, previstos en los programas oficiales 
establecidos o autorizados por el Estado, de conformidad con las normas jurídicas 
vigentes, a fin de contribuir al desarrollo del individuo y la transformación de la 
sociedad. 
Asimismo, que la necesidad de fomentar la educación en la esfera de los 
derechos humanos se ha destacado en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, así como en los tratados y documentos internacionales referidos, al 
establecerse que la educación en la esfera de los derechos humanos, está 
encaminada a crear una cultura universal de los derechos humanos mediante la 
impartición de conocimientos y habilidades y la formación de actitudes, la cual, 
deberá estar orientada hacia: 
 85 
 El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 
 El desarrollo pleno de la personalidad humana y su sentido de dignidad; 
 La promoción de la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los géneros 
y la amistad entre todas las naciones, las poblaciones indígenas y los grupos 
raciales, nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos; 
 El fomento de la participación efectiva de todos en una sociedad libre; 
 El fortalecimiento de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. 
 
De ahí, precisa que el derecho a la educación, como derecho social, es una 
estructura jurídica compleja, al integrarse por distintas relaciones jurídicas y 
diversos sujetos, obligaciones y derechos, en las cuales el Estado no es el único 
responsable de la efectividad de este derecho, ya que hay diversos agentes y factores 
que impactan en el mismo, y desde diversos ángulos, como podría ser el aspecto 
referente a la obligación de respetar ese derecho y hacer respetar, a través de evitar 
obstaculizar o impedir el acceso al goce del mismo, tanto de manera individual, 
como en acciones de terceros; o bien, tanto prohibiciones, como impedir el acceso a 
los servicios de educación, al igual que conductas positivas relacionadas con la 
prestación de servicios educativos de manera gratuita, dentro de lo cual se incluye la 
construcción de centros educativos, instalaciones sanitarias, docentes calificados, 
salarios competitivos, entre otras. 
Asimismo, precisa que ello se corrobora con los diversos instrumentos 
internacionales que regulan el derecho a la educación, tales como los 
 86 
artículos 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales32 el 13.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales33, el 26.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos34 y XII 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre35, de los 
que también se advertía el establecimiento de diversas obligaciones, tanto 
positivas como negativas, a cargo, tanto del Estado como de los particulares, 
tendientes a respetar y garantizar el derecho humano a la educación en favor 
de todo ciudadano como base de la sociedad a la que pertenece. 
Luego, cita la Observación General número 13 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales que establece los distintos niveles de obligaciones 
de respeto, protección y garantía, así como las características interrelacionadas de 
éstas, como lo son la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, de 
lo que busca enfatizar que no son únicamente los funcionarios estatales los 
involucrados en el ejercicio de este derecho, sino que deriva de los esfuerzos 
                                                        
32
 Artículo 13 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las 
personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o 
religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. 
33 Artículo 13. Derecho a la Educación.  
1. Toda persona tiene derecho a la educación.  
34 Artículo 26. 
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 
35 Artículo XII. Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios 
de libertad, moralidad y solidaridad humanas. 
 87 
combinados tanto de estos últimos, como de los particulares encargados de la 
enseñanza privada, y diversos actores de la sociedad civil36. 
 Una vez precisado lo anterior, la sentencia se refiere de manera particular al 
interés que ostentan las asociaciones civiles promotoras del juicio, en base a su 
objeto social, los actos reclamados y los agravios en particular que manifestó (***), 
los cuáles estima acertados, en tanto adujo que los actos reclamados afectaban su 
esfera jurídica, toda vez que el incumplimiento por parte de las autoridades 
respecto de las obligaciones en materia educativa, incidían en el derecho a la 
educación respecto del cual mantenía una especial posición, siendo que su objeto 
social tenía como finalidad verificar el cumplimiento de ese derecho. 
Lo anterior, al estimar que existía un vínculo entre el derecho a la educación 
y la persona que comparecía en el proceso, ya que, además de los derechos y 
obligaciones derivados del recibir o impartir educación por parte del Estado, se 
cuestionaba el derecho en sus distintas facetas, tales como las relativas a la 
existencia de instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente, que 
resultaren accesibles a todos sin discriminación, tanto en su aspecto material como 
económico; así como su aceptabilidad en la forma y fondo, aunado a la flexibilidad 
necesaria para adaptarse a las necesidades sociales y de las comunidades. 
                                                        
36 Párrafo 60, del punto 3 de la Observación General número 13 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, que establece lo siguiente:  
“[…] 60. Habida cuenta del artículo 22 del Pacto para la aplicación del artículo 13, tiene 
especial importancia el papel de los organismos especializados de las Naciones Unidas, 
incluso por conducto del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo a 
nivel nacional. Se deben mantener esfuerzos coordinados para lograr el ejercicio del derecho 
a la educación, a fin de intensificar la coherencia y la interacción entre todos los 
participantes, incluidos los diversos componentes de la sociedad civil […]” 
 
 88 
El derecho a la educación, se insiste, proyecta una diversidad de obligaciones, 
las cuales no se encuentran impuestas de manera exclusiva al Estado, pues la 
sociedad civil también se encuentra involucrada dentro del espectro de este 
derecho, conforme a lo cual debe de participar de manera directa y activa para 
lograr su efectividad. Así lo impone la Observación General número 13 del Comité de 
Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, antes transcrita. 
Asimismo, se acreditaba la especial situación frente a ese derecho, al estar el 
objeto social de la quejosa, encaminado a realizar actos tendientes a estudiar la 
adecuada prestación de los servicios públicos educativos; así como evaluar, analizar, 
y dictaminar la transparencia en la gestión gubernamental, el ejercicio eficiente del 
gasto público educativo, la idoneidad de los docentes, materiales y métodos 
educativos; así como la adecuada organización de las escuelas, la infraestructura 
escolar suficiente y los sistemas de evaluaciones.  
De igual manera, que dentro del objeto social también se contemplaba 
realizar, publicar y dar a conocer investigación básica y aplicada, enfocada al diseño, 
evaluación y difusión de modelos y estrategias de la defensa al derecho a la 
educación y de las necesarias reformas legislativas y de otro tipo al Sistema 
Educativo Nacional que impulsaren el desarrollo social para México; por lo que eso 
vinculaba a la quejosa con el derecho cuestionado, pues su objeto social 
contemplaba las diversas relaciones jurídicas que componen el derecho a la 
educación. 
Por otro lado, se precisa que si bien el artículo 3 de la Constitución no le 
otorga a las asociaciones una facultad exclusiva para llevar a cabo la labor de 
 89 
defensa del derecho a la educación, lo cierto era que en el caso, el agravio de la 
quejosa sí era diferenciado respecto del resto de los integrantes de la sociedad, en 
virtud de que era una asociación constituida precisamente para la defensa de ese 
derecho y los ordenamientos, tanto nacionales como internacionales relativos al 
mismo, lo cual le otorgaba la facultad específica a este tipo de asociaciones para 
intervenir en el ejercicio de este derecho; e impedir el acceso al juicio de amparo, 
impediría que la asociación cumpliera con uno de los fines para los que había sido 
creada, por lo que, aun cuando en cierto punto el interés del ciudadano y el de la 
asociación pudieran coincidir, ya que ambos tendrían un interés simple para 
verificar que las autoridades cumplan con sus obligaciones, es  cierto que el agravio 
diferenciado se actualizaba, en virtud de la naturaleza del derecho a la educación y 
la protección del objeto social de la quejosa. 
En tal virtud, la Primera Sala concluyó que sí existía un vínculo entre la 
quejosa y el derecho cuestionado, pues se trataba de una organización de la 
sociedad civil cuyo objeto social estaba comprendido en las diversas relaciones 
jurídicas que componen el derecho a la educación, al estar constituida con la 
finalidad de llevar a cabo estudios e investigaciones enfocadas a la evaluación de la 
educación y la gestión gubernamental en esta materia, por lo que estaba dentro de 
los supuestos contemplados en la fracción III del artículo 3 constitucional; así como 
en el punto 3, párrafo 60 de la Observación General 13 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 
En consecuencia, se determina revocar la sentencia del Juez de Distrito en 
que sobreseyó el juicio, por haber estimado que no se acreditaba el interés legítimo 
 90 
del quejoso, y en consecuencia proceder al estudio de los conceptos de violación 
omitidos.  
Al emprender ese estudio, se retoman los conceptos de violación de la 
quejosa que sí acreditó tener interés legítimo, en tanto a que en esencia alegó que 
las responsables dependientes de la Auditoría Superior de la Federación no habían 
llevado a cabo las facultades que le asigna la ley respecto de la fiscalización de la 
cuenta pública de los ejercicios de 2009 y 2010, esto es, un acto de naturaleza 
negativa, consistente en que las responsables no habían demostrado haber llevado a 
cabo sus facultades en materia de fiscalización.  
Siendo así, de acuerdo a esa pretensión en general, se concluye que en el caso 
se acreditaron los actos reclamados, pues la autoridad no había ejercido la totalidad 
de sus facultades e incluso se desprendían incongruencias en su actuar, en virtud de 
que ante circunstancias similares no había implementado decisiones uniformes para 
resolver la problemática respecto de las irregularidades detectadas en los pliegos de 
observaciones. 
En esas condiciones, se determina que las responsables no acreditaron el 
ejercicio pleno de sus facultades para lograr lo relativo a concluir los 
procedimientos necesarios, ya sea para determinar una responsabilidad resarcitoria 
o para dar vista a las autoridades competentes, para que éstas a su vez inicien los 
procedimientos necesarios para determinar las responsabilidades en el ámbito de 
responsabilidades administrativas o penales. 
En efecto, si bien en la fracción XVI del artículo 15 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación se imponía una obligación a las autoridades 
 91 
en el sentido de promover y dar seguimiento ante las autoridades competentes a las 
responsabilidades de las entidades y funcionarios respecto de los cuales se habían 
determinado irregularidades en el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal; de constancias de autos, no se advirtió que las 
responsables hubiesen demostrado cabalmente el ejercicio de dichas facultades. 
Lo anterior se estima una violación directa al derecho a la educación, el cual, 
como ya vimos con anterioridad, tenía fines claramente establecidos tanto por el 
propio artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
en las diversas instancias internacionales, precisando que de acuerdo a eso, para la 
consecución de dichos fines, se imponían al Estado y a los particulares diversas 
obligaciones consistentes en dotar de los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura educativa, así como la idoneidad de los 
docentes y los directivos que garantizaran el máximo logro de aprendizaje de los 
educandos, a través de los planes y programas de estudio de la educación 
preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República.  
De esa manera, si bien, una de las obligaciones del Estado reside en la 
facultad otorgada al Congreso de la Unión para expedir las leyes necesarias, 
destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y 
los Municipios, así como fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese 
servicio público y señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan 
o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las 
infrinjan; ello evidencia que existe una obligación del Estado de verificar la correcta 
aplicación de los recursos destinados para el cumplimiento del derecho humano a la 
 92 
educación. De lo que también se advertía el carácter del Estado como sujeto 
obligado y comprometido a través de instrumentos internacionales, al cumplimiento 
de los fines educativos. 
Por ello se precisa que, de acuerdo a la Observación General 3 (1990), del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las 
Naciones Unidas, la existencia del compromiso de los Estados parte de garantizar y 
respetar los derechos ahí establecidos, no solo se cumple a través de medidas 
legislativas, sino también de carácter administrativo, financiero, educacional y 
social. De ahí que el Poder Judicial como integrante del Estado, también resulte 
obligado mediante la resolución de los juicios, a imponer el cumplimiento de 
obligaciones mediante las cuales se logre una mayor efectividad de los derechos, 
como en la especie, el derecho a la educación. 
De igual forma, de la Observación General número 1, del Comité sobre los 
Derechos del Niño37, del 17 de abril de 2001, concluye que existe una obligación no 
                                                        
37 “[…] 9. En tercer lugar, si en el artículo 28 se destacan las obligaciones de los Estados Partes en 
relación con el establecimiento de sistemas educativos y con las garantías de acceso a ellos, en el 
párrafo 1 del artículo 29 se subraya el derecho individual y subjetivo a una determinada calidad de la 
educación. En armonía con la importancia que se atribuye en la Convención a la actuación en bien del 
interés superior del niño, en este artículo se destaca que la enseñanza debe girar en torno al niño: 
que el objetivo principal de la educación es el desarrollo de la personalidad de cada niño, de sus dotes 
naturales y capacidad, reconociéndose el hecho de que cada niño tiene características, intereses y 
capacidades únicas y también necesidades de aprendizaje propias . Por lo tanto, el programa de 
estudios debe guardar una relación directa con el marco social, cultural, ambiental y económico del 
niño y con sus necesidades presentes y futuras, y tomar plenamente en cuenta las aptitudes en 
evolución del niño; los métodos pedagógicos deben adaptarse a las distintas necesidades de los 
distintos niños. La educación también debe tener por objeto velar por que se asegure a cada niño la 
preparación fundamental para la vida activa y porque ningún niño termine su escolaridad sin contar 
con los elementos básicos que le permitan hacer frente a las dificultades con las que previsiblemente 
se topará en su camino. Los conocimientos básicos no se limitan a la alfabetización y a la aritmética 
elemental sino que comprenden también la preparación para la vida activa, por ejemplo, la capacidad 
de adoptar decisiones ponderadas; resolver conflictos de forma no violenta; llevar una vida sana, 
tener relaciones sociales satisfactorias y asumir responsabilidades, desarrollar el sentido crítico, 
dotes creativas y otras aptitudes que den a los niños las herramientas necesarias para llevar adelante 
sus opciones vitales. […]” 
 93 
solo constitucional, sino también convencional, del Estado Mexicano para dotar, 
cumplir y vigilar el efectivo cumplimiento del derecho humano a la educación, lo 
cual se podría lograr –entre muchas otras acciones –a través del efectivo destino de 
los recursos económicos otorgados por la Federación y las entidades para el 
cumplimiento de los fines constitucional y convencionalmente establecidos. 
Por tanto, la falta de prueba respecto de las acciones por parte de la 
autoridad, de llevar a cabo sus facultades respecto del uso inadecuado del monto 
destinado por la Federación, se considera directamente violatorio de lo previsto en 
el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues 
habían incumplido obligaciones expresamente establecidas en la ley, lo cual 
constituía un obstáculo para el efectivo ejercicio del derecho a la educación. 
En esas condiciones, atento a lo antes expuesto, en la especie las 
responsables no habían acreditado haber llevado a cabo un conjunto de acciones 
relacionadas a la conclusión de los procedimientos de fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias, así como tampoco haber dado vista a las 
autoridades competentes para la investigación de las conductas que pudieran ser 
objeto de responsabilidad administrativa y penal; lo que generaba una afectación 
sistemática al derecho a la educación, pues no se había tratado sólo de verificar la 
correcta asignación de recursos, sino de llevar a cabo acciones de reparación cuando 
no se cumpliera con dicho objetivo, lo cual en la especie se actualizaba, pues las 
responsables no habían demostrado en el juicio haber ejercido las facultades que les 
otorgaba la ley, mediante la implementación de conductas positivas en las que se 
conminare a todas las autoridades y servidores públicos involucrados, al 
 94 
cumplimiento efectivo de sus atribuciones y obligaciones en relación al derecho a la 
educación. 
Por tanto, de acuerdo a los parámetros nacionales e internacionales, se 
precisa que es obligación tanto del gobierno Federal, como de los Estados y 
Municipios, proveer a la población de los servicios educativos; finalidad que no se 
logra si no se llevan a cabo procesos de cumplimiento y sanción por desvío de 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. 
En razón de ello, las responsables debían atender al objeto primordial del 
procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias y no limitar su 
actuación respecto de ellas, sino por el contrario, ejecutarlas de manera amplia con 
la finalidad de lograr la eficacia del derecho a la educación, ya fuere mediante el 
reintegro del monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hubieren 
causado a la Hacienda Pública Federal, o en su caso, al patrimonio de los entes 
públicos federales o de las entidades federativas. 
En tal virtud, se determina conceder el amparo, para efectos de que, en 
términos de lo dispuesto en los artículo 54 y 56 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas38, las autoridades responsables: 
                                                        
38 Artículo 54. Las responsabilidades resarcitorias señaladas, se fincarán independientemente de las 
que procedan con base en otras leyes y de las sanciones de carácter penal que imponga la autoridad 
judicial. 
[…] 
Artículo 56. Las entidades fiscalizadas, dentro de un plazo improrrogable de 30 días hábiles  
contados a partir de la fecha de recibo de los pliegos de observaciones, deberán solventar los mismos 
ante la Auditoría Superior de la Federación.  
Cuando los pliegos de observaciones no sean atendidos dentro del plazo señalado, o bien, la 
documentación y argumentos no sean suficientes a juicio de la Auditoría Superior de la Federación 
para solventarlos, ésta iniciará el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades 
resarcitorias y solicitará la intervención de las instancias de control competentes para que, en el 
ámbito de su competencia, investiguen e inicien, en su caso, el procedimiento sancionatorio por los 
actos u omisiones de los servidores públicos de las entidades fiscalizadas de los cuales pudieran 
 95 
 Demuestren haber cumplido con las acciones necesarias dentro de sus 
facultades respecto de los procedimientos de fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias o, en su caso, las lleven a cabo, en relación 
con los ciento treinta y tres pliegos de observaciones de dos mil nueve y 
respecto de los ciento cincuenta y cuatro del ejercicio de dos mil diez, en los 
que no existe aún resolución definitiva; lo anterior, con la finalidad de 
resolver dichos procedimientos para dar certeza respecto de la situación de 
las irregularidades detectadas en la fiscalización de la cuenta pública, y; 
 Demuestren haber emitido un pronunciamiento en el que se especificare 
de manera fundada y motivada, las razones por las cuales consideraren 
procedente dar vista o no a las autoridades competentes en los ámbitos penal 
y de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con 
independencia del estado que guarde el procedimiento resarcitorio; o, de no 
haberlo hecho, lo lleven a cabo.  
 
Lo anterior, al estimar que la efectividad del derecho a la educación, conforme a 
lo que establecía el artículo 3º constitucional, implicaba el cumplimiento de un 
cúmulo de obligaciones generales de respeto, protección y garantía, que 
involucraban conductas de dar, hacer y no hacer, por lo que, en el caso, la efectividad 
de este derecho dependía de que las autoridades llevaren a cabo las acciones 
                                                                                                                                                                     
desprenderse responsabilidades administrativas, con excepción de las responsabilidades 
resarcitorias. 
Una vez que las instancias de control competentes cuenten con la información de las 
auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, deberán comunicar a ésta dentro 
de los 30 días hábiles siguientes sobre la procedencia de iniciar el procedimiento administrativo de 
responsabilidades. 
 96 
necesarias para verificar el destino de los recursos públicos que se asignaren a dicho 
rubro, pues ello tendría como efecto mejorar la calidad educativa; por esas 
razones, se determinó factible permitir el acceso al amparo a la asociación civil para 
que pueda solicitar al juez la protección del derecho a la educación. 
De la resolución relatada, derivó la tesis de jurisprudencia 1a. CLXVII/2015 
(10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: 
 
INTERÉS LEGÍTIMO DE ASOCIACIONES CIVILES EN DEFENSA DEL DERECHO A 
LA EDUCACIÓN. EL JUZGADOR DEBE ANALIZAR EL DERECHO CUESTIONADO A 
LA LUZ DE LA AFECTACIÓN RECLAMADA PARA DETERMINAR LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo que estableció el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 
50/2014 (10a.), de título y subtítulo: “INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE 
PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)”, para la procedencia del juicio de amparo debe 
tomarse en cuenta la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales 
y una persona que comparece en el proceso, la cual no requiere de una facultad 
otorgada expresamente por el orden jurídico, sino de la aptitud de expresar un 
agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un 
interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, por medio del cual pueda 
reclamar a los poderes públicos que actúen acorde con el ordenamiento; de ahí que 
con la concesión del amparo debe lograrse un efecto positivo en su esfera jurídica, 
ya sea actual o futuro pero cierto, como resultado inmediato de la resolución que, en 
su caso, llegue a dictarse. Así, tratándose del interés legítimo de asociaciones civiles 
en defensa de derechos colectivos, el juzgador debe realizar un estudio integral de la 
naturaleza del derecho, el objeto social de la asociación y la afectación que se alega. 
Por tanto, cuando una persona jurídica alega la transgresión del derecho a la 
educación por parte de las autoridades estatales, no procede sobreseer en el juicio 
por considerar exclusivamente que los reclamos tienen por efecto salvaguardar la 
 97 
constitucionalidad y la legalidad del ordenamiento, sino que es necesario analizar la 
pretensión aducida a la luz del derecho cuestionado, para determinar la forma en la 
que dicho reclamo trasciende a la esfera jurídica de la quejosa, en virtud de que el 
amparo tendrá por objeto reparar la violación a su esfera jurídica.”39 
 
Siendo así, de lo anteriormente expuesto, podemos evidenciar la forma en 
que el país se podría beneficiar de la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos y de amparo, de junio de 2011. Pues, en primer lugar, en torno al derecho 
a la educación, podemos observar que al incluir como parte íntegra de nuestra 
Norma Fundamental, a los tratados internacionales, y demás instrumentos 
internacionales en los que el Estado Mexicano ha sido parte, se amplió el espectro de 
protección a los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a la educación, tal 
como lo podemos observar en el precedente antes relatado.  
Bajo ese contexto, es que se pudo dar trámite al recurso de revisión, pues en 
virtud de la inclusión del interés legítimo, se permitió que, más allá de tener que 
esperar una afectación directa a un derecho personal subjetivo, como podría ser el 
de los niños que se ven beneficiados o perjudicados por la calidad en la educación, y 
que quizás no estén plenamente conscientes de las deficiencias en el servicio que 
reciben, se le permita a una asociación civil cuyo objeto principal es de salvaguardar 
el derecho a la educación, promover el juicio, en el que se aquejan, al menos de una 
de las deficiencias que presenta el sector de educación pública del país. 
Como resultado de lo anterior, se dio trámite al recurso de revisión, y se 
modificó la sentencia en el sentido de que no se actualizaba una causal de 
                                                        
39 Tesis 1a. CLXVII/2015 (10ª.), Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 18, 
Mayo de 2015, página 442.  
 
 98 
improcedencia, al haberse acreditado un interés legítimo de una de las asociaciones 
civiles, cuyo objeto social era de salvaguardar el derecho a la educación, para luego 
conceder el amparo para efectos de que se finque responsabilidad a las respectivas 
autoridades responsables, por el manejo indebido de los recursos destinados a la 
educación pública.  
3.1 Criterios de jurisprudencia en torno al interés legítimo en el juicio de 
amparo. 
 
Para tales efectos, al ser una figura jurídica de nuevo ingreso a nuestro 
sistema jurídico, los órganos jurisdiccionales han ido emitiendo diversos criterios, a 
la luz de la resolución de los casos en concreto que se han ido presentando desde 
que se publicó la referida reforma constitucional, para precisar el alcance del interés 
legítimo, y como ha de operar en nuestro sistema jurídico, entre ellos, destacan los 
siguientes: 
 
INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA SI AL 
ADELANTAR LA EVENTUAL CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL SE APRECIA QUE SE RESTITUIRÁ AL QUEJOSO EN EL 
GOCE DE ALGÚN DERECHO CONCRETO. El interés legítimo se basa 
primordialmente en la existencia de un interés de mayor dimensión que 
el simple, es decir, en un interés cualificado, actual y real, que se traduce 
en que el acto reclamado afecte la esfera jurídica concreta del 
gobernado por virtud de la especial situación que éste guarde en 
relación con el orden jurídico, de modo que la promoción y, en su caso, 
resolución favorable del juicio de garantías le reporten un beneficio 
concreto y real, pues es ésa precisamente la finalidad de dicho medio 
extraordinario de defensa que, conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo -
 99 
aplicable en todo aquello que no se oponga a la reforma a los artículos 103 y 
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en vigor a partir 
del 4 de octubre siguiente- tiene por efecto restituir al agraviado en el goce 
de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban 
antes de la violación, cuando el acto sea positivo y, cuando sea negativo, 
su efecto será obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de 
respetar la garantía de que se trate. Por tanto, para que se configure un 
interés de tal naturaleza se requiere de una afectación por lo menos 
indirecta -dentro de un parámetro de razonabilidad y no sólo de mera 
probabilidad- en la esfera jurídica del particular, derivada del acto 
reclamado, de suerte que si al adelantar la eventual concesión de la 
protección constitucional en el juicio de amparo se aprecia que se 
restituirá al quejoso en el goce de algún derecho concreto, se actualiza 
en su favor un interés legítimo, es decir, éste existe siempre que pueda 
presumirse que la declaración jurídica pretendida habrá de colocar al 
accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio.40 
 
INTERÉS LEGÍTIMO. SU CONEXIÓN CON LAS NORMAS DE ACCIÓN. El 
concepto de interés legítimo, a diferencia del interés jurídico, no impone la 
obligación de contar con un derecho subjetivo tutelado para hacer 
procedente la instancia contenciosa. En relación con la anterior afirmación, 
es necesario hacer referencia a las normas que se aplican en derecho 
administrativo, a saber: a) las de relación, que imponen a la administración 
una determinada conducta, cuyo objetivo es proteger la esfera jurídica del 
gobernado y tutelan intereses privados, por lo que su infracción comporta el 
desconocimiento de un derecho subjetivo y situaciones jurídicas individuales 
derivadas de la actividad administrativa; y, b) las de acción, referidas a la 
                                                        
40 Tesis IX.2o. 1 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación, Décima. Época, Libro XI, Tomo 2, 
Agosto de 2012, p. 1796. 
 
 100 
organización, contenido y procedimientos que anteceden a la acción 
administrativa que persiguen o tutelan el interés público y garantizan así 
una utilidad también pública, estableciendo deberes de la administración 
pero sin suponer a otro sujeto como destinatario. En este sentido, la 
observancia o inobservancia de las normas de acción y, por ende, la buena o 
mala marcha de la administración puede generar una ventaja o desventaja 
de modo particular para ciertos gobernados respecto a los demás y es, en 
esos casos, que surge un interés legítimo cuando se da la conexión 
entre tal o tales sujetos calificados y la norma, aun sin la concurrencia 
de un derecho subjetivo (que sólo opera en los casos de las normas de 
relación), resultando que el interés del particular es a la legalidad del 
actuar administrativo, dada la especial afectación y sensibilidad en 
vinculación con el acto administrativo. Consecuentemente, la ventaja o 
desventaja que se deduzca del acatamiento o violación por la 
administración a lo mandado en las normas de acción en conexión 
específica y concreta con los intereses de un gobernado, hace nacer un 
interés cualificado, actual y real, que se identifica con el legítimo. Por 
consiguiente, el gobernado estará en aptitud de reclamar ante los tribunales 
un control jurisdiccional tendente a la observancia de normas cuya 
infracción pueda perjudicarle, asumiendo así la titularidad de un derecho de 
acción para combatir cualquier acto de autoridad, susceptible de causar 
una lesión en su esfera jurídica, en cuanto que le permite reaccionar y 
solicitar la anulación de los actos viciados, esto es, un poder de 
exigencia en ese sentido, en razón de un interés diferenciado, que 
además le faculta para intervenir en los procedimientos administrativos que 
le afecten.41 
 
INTERÉS LEGÍTIMO. EN QUÉ CONSISTE PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El interés legítimo, para efectos 
                                                        
41 Tesis I.4o.A.356 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, 
Agosto de 2002, Pág. 1310. 
 101 
de la procedencia del juicio de amparo, consiste en el poder de exigencia con 
que cuenta un sujeto, que si bien no se traduce en un derecho subjetivo, 
permite reconocerle la facultad de impugnar la actuación o la omisión 
de una autoridad en orden a la afectación que ello le genera, al no 
acatar lo previsto por determinadas disposiciones jurídicas que le 
reportan una situación favorable o ventajosa. Dicho en otras palabras, es 
la pretensión o poder de exigencia que deriva de una lesión o principio de 
afectación a la esfera jurídica de un gobernado, generada por un acto de 
autoridad y sus consecuencias, cuya anulación o declaratoria de 
ilegalidad trae consigo una ventaja para éste, por hallarse en una 
situación especial o cualificada.42 
 
INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I 
del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los 
supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien 
comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos 
supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una 
afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud 
de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la 
Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un 
interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho 
interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos 
derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, 
                                                        
42 Tesis: I.4o.A.3 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, 
Tomo 3, Noviembre de 2012, Página: 1908. 
 
 102 
sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente 
por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se 
encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los 
demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, 
actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del 
acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera 
jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que 
exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en 
cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, 
apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple 
posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la 
persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de 
protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio 
determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado 
inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede 
advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y 
más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés 
genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se 
trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los 
tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses 
jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, 
mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación 
jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto 
de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por 
una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación 
jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el 
interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; 
pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual 
exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o 
posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no 
sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que 
 103 
redunde también en una persona determinada que no pertenezca a 
dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación 
redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona 
determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, 
debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles 
situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor 
cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura 
jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, 
debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de 
amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos 
fundamentales de las personas.43 
 
De los anteriores criterios, se desprenden los siguientes elementos 
fundamentales, que en todos los criterios se coincide en que son esenciales para 
identificar el interés legítimo, y distinguir entre el interés simple, el interés jurídico, 
y el interés legítimo, así como, las subcategorías de éste último, ya que puede ser 
tanto individual como colectivo. 
 Alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, refiriéndose al 
interés jurídico (tal y como lo conocemos a partir de la Ley de Amparo, en 
vigor hasta el pasado 2 de abril de 2013). 
 En caso de que no se cuente con el referido interés jurídico, se introduce la 
posibilidad de que sea suficiente aducir un interés legítimo, para comparecer en el 
juicio. En ese sentido, para aducir el interés legítimo, debe de existir, en 
primer lugar, un vínculo entre algún derecho fundamental y una persona que 
comparece en el proceso, en el sentido de tener un agravio diferenciado con 
                                                        
43 Tesis P./J. 50/2014, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 12, Noviembre 
de 2014, Pág. 60. 
 
 104 
respecto de los integrantes de la sociedad, sin requerir para ello, de una 
facultad otorgada expresamente por el orden jurídico. 
 Se debe tratar de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. 
 La anulación del acto que se reclama, debe producir un beneficio o efecto 
positivo en la esfera jurídica del individuo, ya sea actual o futura pero 
determinada, es decir, debe existir una afectación en cierta esfera jurídica no 
necesariamente patrimonial. 
 Debe haber un vínculo entre la persona y la afectación aducida 
 Una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención 
de un beneficio determinado, que fuere resultado inmediato de la resolución. 
 
De ahí, se enfatiza que el interés legítimo no se refiere a un interés genérico 
de toda la sociedad, como sucede con el interés simple en que hay un interés general 
porque las actuaciones de la sociedad se ajusten a la legalidad, sino que existe una 
situación jurídica concreta, surgida por una relación específica con el objeto de 
la pretensión que el sujeto interesado aduce, misma que puede ser individual, o 
derivada de algún ordenamiento aplicable a un grupo de personas, de modo que se 
tornaría un interés legítimo, colectivo o difuso; o bien, una afectación a un individuo, 
en virtud de sus circunstancias específicas. En todo caso, se precisa que los demás 
lineamientos se definan en torno a los criterios que emitan los órganos 
jurisdiccionales del país, ante los casos concretos que se vendrían planteando en el 
futuro. 
  
 105 
Conclusión 
Independientemente de poder encontrar la manera de fincarle 
responsabilidad directa a las instituciones a cargo de la educación que se imparte en 
toda la República, en virtud del interés legítimo, fue viable que sujetos, de cierta 
manera ajenos al servicio educativo que proporciona el Estado, lograran que los 
órganos jurisdiccionales ampliaran el espectro de las diversas vertientes que debe 
incluir el derecho a la educación, para que de manera íntegra, sea funcional, efectivo 
y de calidad, lo cual implica el esfuerzo conjunto de todas las dependencias y 
órganos de gobierno, tanto Federales como locales, entes no gubernamentales, tanto 
nacionales como internacionales, y como pieza clave, los esfuerzos y 
retroalimentación de la sociedad civil, que finalmente representa de manera directa 
o indirecta, a los afectados por el ejercicio y salvaguarda de este derecho 
fundamental.  
Aunado a lo anterior, el precedente anteriormente relatado, así como los 
criterios jurisprudenciales derivados del mismo, son la muestra latente de un 
control de convencionalidad efectivo, así como de la debida inclusión de la 
normatividad internacional a nuestro ordenamiento jurídico, pues se citan como 
normas jurídicas fundamentales, tanto los dispositivos constitucionales, como el 
cúmulo normativo que existe en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano ha sido parte, y en lo que los lineamientos de la Constitución Federal se 
vieran limitados, se ve complementado y ampliado, de acuerdo a los parámetros que 
existen en el derecho internacional.  
En ese orden de ideas, si bien son infinitas las posibilidades que se podrían 
dilucidar ante este nuevo paradigma en materia de derechos humanos, que le 
 106 
intenta brindar a los derechos fundamentales, la importancia y trascendencia que 
deben de tener, como principales cimientos para el funcionamiento y progreso de 
cualquier estado moderno de derecho, aún tenemos un largo camino que recorrer 
en materia de educación. 
 En particular, con respecto a la calidad del contenido de la educación que 
imparte el Estado, pues aun y cuando estuviéramos ante un supuesto utópico, en 
que el manejo de los aspectos administrativos o estructurales de la manera en que 
se imparte la educación, estuvieran cubiertos —es decir, que estuvieren cubiertas 
todas las condiciones pre-existentes que se tendrían que lograr para que se pueda 
impartir esa educación gratuita a la totalidad de la población Mexicana que lo 
necesita, en condiciones óptimas para ello; ya sea en cuanto a las instalaciones; al 
nivel de los maestros; a grado de accesibilidad de la educación para poblaciones 
rurales, marginadas o indígenas; al valor que se le conceda a la educación, como 
plataforma para el debido desarrollo de la personalidad individual, de las relaciones 
interpersonales, de una cultura civilizada y desarrollada, que en virtud de su 
educación tenga acceso a mejores oportunidades de trabajo —¿cómo se podría 
asegurar que, una vez que estuvieran dadas las condiciones para garantizar el derecho 
a la educación de manera material, la educación que se estuviera brindando, fuese de 
calidad, en su contenido? 
Sobre este aspecto, nos parece importante rescatar las diferencias 
anteriormente señaladas, entre los lineamientos que establece el artículo 3º de la 
Constitución Federal, en torno al contenido de la educación gratuita que habría de 
 107 
impartir el Estado, y los que prevén tanto la Convención sobre los Derechos de los 
Niños y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Pues, de acuerdo a lo referido, el artículo 3º Constitucional, al referirse al 
contenido de la educación que se habría de impartir, hace especial énfasis en los 
valores que debe transmitir la Educación, desde una visión que establece como 
premisas, que deba fomentar la democracia, que deba ser nacionalista, así como 
laica y separada de cualquier doctrina religiosa. Asimismo, los valores 
supuestamente implícitos en esta educación, en el sentido de: “fortalecer el aprecio 
y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la 
familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de 
grupos, de sexos o de individuos”(CPEUM); precisando que, al final de cuentas, sería 
el Estado el que habría de emitir y autorizar los planes de estudio, así como el que 
decidiría si mantener o revocar los permisos concedidos a particulares para brindar 
servicios educativos. 
Sin embargo, del Informe emitido por el Instituto Nacional de la Evaluación 
de la Educación, en abril del 2014, anteriormente reseñado, destaca que el ámbito 
de la educación que mejores resultados arrojó fue en la esfera de las instituciones 
educativas particulares o privadas, y si bien eso puede resultar obvio, al tener mayor 
disponibilidad de recursos, también se considera que ésto se debe a la injerencia 
que tienen los padres de familia, en todos los aspectos del servicio por el que están 
pagando, ya que si lo pagan, genera una expectativa, y un derecho a reclamar 
mejores condiciones, y una mayor calidad. 
 108 
En ese sentido es que cobra relevancia la diferencia en la redacción y 
contenido del artículo 3º Constitucional, y los contenidos de los artículos 13 y 14 del 
PIDESC, y del artículo 28 de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Pues, 
mientras que el artículo 3º Constitucional, meramente dispone que “considerará la 
opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los 
diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de 
familia en los términos que la ley señale […]”: la Convención sobre los Derechos de 
los Niños y el PIDESC, le da mayor injerencia e importancia, tanto al rol de los niños, 
para que decidan el rumbo que le deben dar a su educación, como a los padres, para 
optar por qué clase de educación buscan que reciban sus hijos. 
De modo que esa podría precisamente ser la vía para exigir la calidad que se 
busca en la educación. Si los padres de los niños tomaran sus cartas en el asunto, 
podrían exigir la calidad que esperen que tenga la educación que imparta el Estado. 
Pues, al ser los padres de los niños podrían acreditar el interés legítimo, pues son 
sus impuestos los que se deberían de destinar a brindar esa educación gratuita a sus 
hijos. De ahí que, podrían invocar los dispositivos internacionales, en los que se 
prevé esta mayor participación de los padres en la educación que reciban sus hijos, 
así como, el interés superior del menor, y exigir que sean tomados en cuenta, quizás 
vía un consejo ciudadano para elaborar los planes de estudio conforme a los que se 
habría de impartir la educación gratuita por parte del Estado. 
En efecto, están en todo su derecho de exigir esas condiciones en la 
educación, pues de acuerdo a los requisitos antes señalados, que de acuerdo a los 
criterios jurisprudenciales citados, se consideran necesarios para acreditar el 
 109 
interés legítimo, pues en el caso, al no ser los que reciben la educación de manera 
directa, los padres tendrían que aducir un interés legítimo, toda vez que, de acuerdo 
a lo anteriormente reseñado,  
Existe un vínculo entre un derecho fundamental (derecho a la educación) y 
una persona que comparece en el proceso, siendo éstos los padres de familia, 
acreedores al derecho a una educación de calidad para sus hijos, lo cual representa 
un agravio diferenciado con respecto de los demás integrantes de la sociedad, que 
no están recibiendo una educación gratuita por parte del Estado, sin requerir para 
ello, de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico; 
Se trata de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, toda 
vez que, de los resultados que arrojan los estudios, en torno a las oportunidades de 
trabajo que se vislumbran para los que se ven beneficiados o perjudicados, por la 
educación que brinda el Estado, frente a los resultados de otros países, o incluso con 
respecto a los niños que asisten a escuelas privadas en México. Es evidente la 
enorme desventaja a la que se enfrentan los padres de familia que no pueden pagar 
por una educación en instituciones privadas, lo cual es jurídicamente relevante, pues 
es una violación directa, por parte del Estado, al derecho a la educación; 
La anulación del acto que se reclama, produce un beneficio o efecto positivo 
en la esfera jurídica de los niños, y por ende, de manera indirecta, de los padres, que 
son los principal responsables y cuidadores de ellos, en el sentido de poder confiar 
en las instituciones públicas del país, a las que destinan sus impuestos, y cumplen 
con sus obligaciones contenidas en la Constitución Federal, a efecto de que el Estado 
proteja sus derechos fundamentales. 
 110 
Existe un vínculo determinado entre la persona y la afectación aducida, toda 
vez que son los padres los que resienten de manera indirecta las consecuencias de 
haber confiado en un gobierno que les garantizara esos derechos fundamentales, y 
ver a sus hijos impedidos para competir en el mundo actual, o tener la posibilidad de 
superarse, al no tener las capacidades básicas y avanzadas para desarrollarse 
adecuadamente de acuerdo a su potencial, dentro de la sociedad actual. 
Una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención 
de un beneficio determinado, que fuere resultado inmediato de la resolución, 
consistente en una mayor participación en la planeación de los estudios que habrían 
de recibir sus hijos, y a largo plazo, la posibilidad de confiar en que se van a superar 
y triunfar en el mundo actual. 
  
 111 
Bibliografía 
 
ACUERDO NÚMERO 348 por el que se determina el Programa de Educación 
Preescolar, Diario Oficial de la Federación. México: Secretaría de Educación 
Pública, 2004.  
 
AGUILAR R., Miguel Á y Flores V., Diana L, (coords.), El derecho a la educación en 
México, Informe 2009, 2010. 
 
BECKER, G., A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to 
Education. Chicago: The University of Chicago Press, 1993.  
 
BRACHO, T., “Una Mirada Conceptual al Derecho a la Educación”. México. 
Documento generado a partir de la conferencia dictada en el Foro: Derecho a la 
Educación en México, organizado por el Observatorio Ciudadano de la 
Educación, A.C., el 18 de junio de 2010.  
 
CABALLERO OCHOA, JOSÉ LUIS, La interpretación conforme: el modelo constitucional 
ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de 
convencionalidad, México, Porrúa, 2013. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS, Ley General del Servicio Profesional Docente. Recuperado 
el 1 de abril de 2014 de 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSPD.pdf , 2013. 
 112 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS, Iniciativa de reforma a los artículos 3o., fracciones III, VII y 
VIII, y 73, fracción XXV; y se adiciona la fracción IX al artículo 3o., de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF el 26 
de febrero de 2013. 
 
CASO MEOR ATIQULRAM BIN ISHAK de la Corte Federal de Malasia Cuestiones 
Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, UNAM, 
núm. 16, enero-junio 1997, pp. 451 y ss, 1997. 
 
COMISIÓN EUROPEA, Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. 
Un marco de referencia europeo. Bruselas: Comisión Europea, Dirección 
General de Educación y Cultura. Recuperado en diciembre de 2011, de 
http://www.educastur.princast.es/info/calidad/indicadores/doc/comision_eu
ropea.pdf, 2010. 
 
COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Observación general número 13, 
1990. 
 
COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Observación general 3, 1990. 
 
 113 
CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN. Proyecciones de la población de México 2010-
2050, 2013. 
 
CONSEJO NACIONAL DE LA POBLACIÓN, Indicadores demográficos Básicos 1990-
2010, Recuperado el 1 de abril de 2014 de 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indicadores_Demograficos_Basicos_
1990-2010, 2011 
 
CRUZ PARCERO, Juan Antonio, El lenguaje de los derechos, Madrid, Trotta, 2007.  
 
CRUZ PARCERO, Juan Antonio, “Cinco puntos para una teoría analítica de los 
derechos”, dentro de la obra colectiva coordinada por Vázquez Rodolfo, 
Normas, razones y derechos, Madrid, Trotta, 2011.  
 
CPEUM, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
http://www.diputados.gob.mx/ LeyesBiblio/pdf/1.pdf, 2014 
 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. México: 
Autor. Recuperado el 16 de abril de 2014, de http://pnd.gob.mx/  
 
FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge, “El servicio público de educación prestado por 
particulares”, en Valencia Carmona, Salvador (coord.), Educación ciencia y 
 114 
cultura. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, 
México, UNAM, 2002. 
 
FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil. Madrid, Editorial Trotta, 
2004. 
 
FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, Juicio de amparo e interés legítimo: La tutela de los 
derechos difusos o colectivos, México, Porrúa, 2014. 
 
GALLEGO ANABITARTE, Alfredo, Función ejecutiva, actuación administrativa y 
discrecionalidad, Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), Cuadernos de la 
Facultad de Derecho > Números publicats: Vol.: 9, Páginas 105-131, 
http://www.raco.cat/index.php/CuadernosDerecho/issue/view/13414/show
Toc , 1984. 
 
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y Fernández Tomás,-Ramón, Curso de Derecho 
Administrativo II, Madrid, Civitas, 2002. 
 
GÓMEZ MONTORO, Ángel J., “El Interés Legítimo para Recurrir en Amparo”, La 
Experiencia del Tribunal Constitucional Español, México, Cuestiones 
Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Núm. 9, IIJ-
UNAM, 
 115 
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/CuestionesConstitucionales/indice.ht
m?n=9, 2003. 
 
GONZÁLEZ CANO, María Isabel, La protección de los intereses legítimos en el proceso 
administrativo, Valencia, Tirant lo Blanch, 1997.  
 
GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 2, Buenos Aires, 
Fundación de Derecho Administrativo, 2003.  
 
GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, “El amparo y la defensa de los derechos colectivos” en la 
obra colectiva, La protección orgánica de la constitución, memorias del iii 
congreso mexicano de derecho procesal constitucional, Ferrer Mac-Gregor, 
Eduardo y Danés Rojas, Edgar (coords.) México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 
H. Congreso del Estado de Tamaulipas, 2011.  
 
HERNÁNDEZ, J., “Inseguridad laboral en el mercado de trabajo: el caso de los 
maestros de primaria en México”, En Ignacio Llamas (coord.) El mercado en 
educación y situación de los docentes, México: Universidad Autónoma 
Metropolitana y Plaza y Valdés editores, 2006.  
 
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN, Base de datos de 
PISA 2003, Recuperado 31 de marzo de 2014 de http://www.inee.edu. 
 116 
mx/index.php/bases-de-datos/bases-de-datos-pisa/bases-de-datos-pisa-
2003, 2004. 
 
----, El derecho a una educación de calidad, informe, 2014. 
 
----, La educación preescolar en México. Condiciones para la enseñanza y el 
aprendizaje. México: Autor. 2010. 
 
----, La Educación Media Superior en México. Informe 2010-2011. México: 
Autor, 2011. 
 
----, Base de datos de PISA 2012. Recuperado 31 de marzo de 2014 de 
http://www.inee. edu.mx/index.php/bases-de-datos/bases-de-datos-
pisa/base-de-datos-pisa-2012/1669- base-de-datos-pisa-2012, 2013c.   
 
----, Panorama Educativo de México 2012. Indicadores del Sistema Educativo 
Nacional. Educación Básica y Media Superior. México: Autor, 2013d. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo, 2o trimestre de 2012 (base de microdatos). México: Autor. 
Recuperado el 1 de julio de 2013 de http://www.inegi.org.mx/sistemas/microda- 
tos2/encuestas.aspx?c=33538&s=est, 2012, Censo de Población y Vivienda 1990, 
México: Autor, 1996. 
 117 
 
----, Censo de Población y Vivienda 2000, México: Autor, 2001.  
----, II Conteo de Población y Vivienda 2005, (base de microdatos), México: 
Autor, 2006 
----, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), México: Autor, 2009. 
----, Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad 
(Integración territorial, Iter. Base de datos). México: Autor, 2011. 
----, Estadísticas Vitales, Defunciones generales y fetales 2011, Recuperado el 
30 de marzo de 2014 de 
http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/57(2011). 
----, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2o trimestre de 2012 (base de 
microdatos). México: Autor. Recuperado el 1 de julio de 2013 de 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/microda- 
tos2/encuestas.aspx?c=33538&s=est, 2012. 
----, Muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, (base de microdatos). 
México: Autor, Recuperado el 30 de abril de 2012, de 
http://http://www3.inegi.org.mx/sistemas/microdatos/ default2010.aspx, 
2011. 
 
MARTÍNEZ LÓPEZ, José Luis, “La educación en la Constitución española: derechos 
fundamentales y libertades públicas en materia de enseñanza”, Persona y 
Derecho: Revista de Fundamentación de las Instituciones Jurídicas y Derechos 
Humanos, Pamplona, núm. 6, 1979. 
 118 
 
MOURSHED, Mona et al., How the world’s most improved school systems keep getting 
better, Londres, McKinsey’s & Company, 2010. 
 
LATAPÍ, P., “El derecho a la educación: Su alcance, exigibilidad y relevancia para la 
política educativa”, en Revista Mexicana de Investigación Educativa (14, 40), 
255-287, 2009. 
 
MARTÍNEZ, A., Intervención en el Foro de Consulta sobre el Modelo Educativo, 
celebrado en Villahermosa, Tabasco, el 7 de abril, 2014. 
 
MARTÍNEZ LÓPEZ, José Luis, “La educación en la Constitución española: derechos 
fundamentales y libertades públicas en materia de enseñanza”, Persona y 
Derecho: Revista de Fundamentación de las Instituciones Jurídicas y Derechos 
Humanos, Pamplona, núm. 6, 1979. 
 
Mejorar las escuelas: Estrategias para la acción en México y Evaluación y 
reconocimiento de la calidad de los docentes, Prácticas internacionales, 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manual para la calificación de 
hechos violatorios de los Derechos Humanos, Porrúa, 2010. 
 
MINCER, J., Schooling Experience and Earnings. National Bureau of Economic 
Research, 1974. 
 119 
 
MONTI, José L., Los intereses difusos, y su protección jurisdiccional, Buenos Aires, 
Editorial Ad·Hoc. (2005). 
 
MUÑOZ, V., “El Derecho a la Educación”. Conferencia impartida en el seminario 
sobre el Derecho a la Educación celebrado en Madrid, España, y convocado por 
el Global Ignatian Advocacy Network, 2012. 
 
OCDE, Establecimiento de un marco para la evaluación e incentivos docentes: 
Consideraciones para México, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264059986-es, 2011. 
 
OECD (OCDE por sus siglas en español), Organization for Economic Co-operation 
and Development Education at a Glance. OECD Indicators. Pariś : Autor, 2008. 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Recuperado el 6 de abril de 2014 de 
http://www.un.org/es/documents/udhr/, 1948. 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS-MUÑOZ VILLALOBOS, Vernor, Informe 
sobre el derecho a la educación de las niñas, de 8 de febrero de 2006. 
 
PARLAMENTO EUROPEO, Recomendación 2006/962/CE, del 18 de diciembre de 
2006. 
 120 
 
POSTMAN, Neil, The End of Education: Redefining the Value of School, Nueva York, 
Alfred A. Knorp, 1995. 
 
PÉREZ MURCIA, Luis Eduardo, “La exigibilidad del derecho a la educación a partir 
del diseño y la ejecución de las políticas públicas educativas”, Revista de 
Estudios Socio-Jurídicos, vol. 9, núm. Extra 1, 2007. 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Anexo I, Desarrollo Humano y Social, Sexto 
Informe de Gobierno. México: Autor, 2006. 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Primer Informe de Gobierno 2012-2013. 
 
PRIETO SANCHÍS, Luis, “Los derechos sociales y el principio de igualdad”, en 
Carbonell, Miguel et al., Derechos sociales y derechos de las minorías, México, 
Porrúa-UNAM, 2004. 
 
PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Amparo en 
revisión 323/2014, fallado el once de marzo de dos mil quince por unanimidad 
de cinco votos, bajo la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo 
(Ponente), los Ministros Zaldívar Lelo de Larrea, Cossío Díaz y Gutiérrez Ortiz 
Mena, se reservaron su derecho de formular voto concurrente. 
 
 121 
Principios de Limburgo relativos a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, Maastricht, 1986. 
 
PIDESC. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
http://www2.ohchr. org/spanish/law/cescr.htm, 1966.   
 
QUESADA JIMENA, Luis, “El conocimiento del ordenamiento constitucional: 
condición necesaria para la calidad del sistema educativo”, en Peña González, 
José (coord..), Libro Homenaje a D. Iñigo Cavero Lataillade, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2005. 
 
REDONDO, Ana María, Defensa de la Constitución y enseñanza básica obligatoria, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2003. 
 
REIRIZ, María Graciela, Legitimación para ser parte en el procedimiento 
administrativo, en la obra colectiva Acto y Procedimiento Administrativo, 
Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1975. 
 
ROCCO, Ugo, Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. I, Bogotá, Temis: Depalma, 1983. 
1995. 
 
RUBIO LLORENTE, Francisco, “Constitución y educación”, en Sánchez Agesta, Luis, 
Constitución y economía. La ordenación del sistema económico en las 
 122 
constituciones occidentales, Madrid, Centro de Estudios y Comunicación 
Económica, 1977. 
 
SÁNCHEZ MOGUEL, ANDRÉS y Andrade Muñoz, Edgar (coords.) “El aprendizaje en 
sexto de primaria en México”, Informe sobre los resultados del ExcalE 06, 
aplicación 2009, Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Educación Cívica. 
México: Autor. (2013a). Practicas pedagógicas y desarrollo profesional docente 
en preescolar. México: Autor. (2013b). México en PISA 2012. México: Autor, 
2012. 
 
SÁNCHEZ MOGUEL, ANDRÉS y Andrade Muñoz, Edgar (coords.), 2Exámenes de la 
Calidad y el Logro Educativos (exCale) para los alumnos de 3° de preescolar”, 
3° de primaria, 6° de primaria y 3° de secundaria. México: Autor, 2009, 2010, 
2012.  
 
SÁNCHEZ MOGUEL, ANDRÉS y Andrade Muñoz, Edgar (coords.), “El aprendizaje en 
tercero de secundaria en México”, Informe sobre los resultados del ExcalE 09, 
aplicación 2008, Español, Matemáticas, Biología y Formación Cívica y Ética. 
México: Autor, 2009a..  
 
SÁNCHEZ MORÓN, M., voz “Interés legítimo”, Enciclopedia jurídica básica, vol. III, 
Madrid, Civitas, 1995  
 
 123 
SANTIAGO JUÁREZ, Mario, Igualdad y acciones afirmativas, México, UNAM-
Conapred, 2007. 
 
SCHMILL ORDÓÑEZ, Ulises y de Silva Nava Carlos, El interés legítimo como elemento 
de la acción de amparo, México, Abogado Corporativo, Revista de análisis 
jurídico, Dofiscal, Septiembre-octubre 2012. 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares 2012, Módulo de Condiciones Socioeconómicas (base de 
microdatos). México: Autor. Recuperado el 16 de julio de 2013, de 3 InegI –SEP 
(2013). Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 
(CEMABE), Recuperado el 1 de abril de 2014 de 
http://www.censo.sep.gob.mx/index.php/tabulados-del-censo, 2013. 
 
----, Cuestionario de directores, anexo a la prueba ENLACE 2013, (base de 
microdatos), México: Autor, 2014. 
----, Secretaría de Educación Pública-Dirección General de Planeación y 
Estadística Educativa. Estadísticas continuas del formato 911 (inicio y fin de los 
ciclos escolares 2010-2011 y 2012-2013). México: Autor, 1999-2013. 
----, Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS): 
resultados de México. México: Autor, 2009. 
 
 124 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA (ciclos escolares 2010-2011 y 
2012-2013). México: Autor, 2013. 
 
SOBERANES DÍEZ, José María, El derecho a la educación en México, México, Porrúa, 
2015. 
 
STANDING, G., Global Labour Flexibility: Seeking Distributive Justice. Londres: 
Palgrave Macmillan.  
 
TOMASEVSKI, K., Manual on Rights-based Education: Global Human Rights 
Requirements Made Simple. Collaborative project between the UN Special 
Rapporteur on the right to education and UNESCO Asia and Pacific Regional 
Bureau for Education, UNESCO Bangkok, 2004 
 
----, Indicadores del derecho a la educación, Revista de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Vol. 40, en línea, 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/iidh/cont/40/pr/pr18.pdf , 
2004. 
 
----, El asalto a la educación, Barcelona, Colección Libros de Encuentro 
Intermón Oxfam, 2004. 
 
 125 
----, Human Rights Obligations: Making Education Available, Accessible, 
Acceptable and Adaptable. Swedish International Development Cooperation 
Agency: Stockholm, 1999, 2001 
 
TORRES MURO, Ignacio, La autonomía universitaria. Aspectos constitucionales, 
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005. 
 
TRON PETIT, Jean Claude, “¿Qué hay del interés legítimo?”, Revista del Instituto de la 
Judicatura Federal,  núm. 33, 2012. 
 
UNESCO. United Nation Educational Scientific and Cultural Organization. A Human 
Rights-Based Approach to Education, New York: United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization, 2007.  
 
UNESCO. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, Recomendación relativa a la Condición del 
Personal Docente de la Enseñanza Superior, del 11 de noviembre de 1997, núm. 
27, 1997. 
 
VEGA GARCÍA, Pedro de, “La eficacia frente a particulares de los derechos 
fundamentales (la problemática de la drittwirkung der grundrechte)”, en 
Carbonell, Miguel (coord.), Derechos fundamentales y Estado. Memoria del VII 
 126 
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM, 2002. 
 
Zaldívar Lelo de Larrea Arturo, Hacia una nueva Ley de Amparo, México, UNAM-IIJ, 
(2002) 
 
 
 127