El presente trabajo contempla la trasformación del procedimiento administrativo disciplinario de un control interno cuya finalidad es garantizar y preservar de forma eficiente el servicio público a un mero buzón de sugerencias. Lo anterior, ya que con frecuencia la administración pública, la cual tiene la obligación de proteger los intereses generales, es la primera que no cumple con su obligación, por lo que aquellos afectados están inermes frente a la relación “binomio Administrador-infractor”, sin poder intervenir en dicho procedimiento, y aquella (la administración pública) que por definición los representa no va a auto-sancionarse, esto es, hace a un lado los intereses generales para satisfacer intereses propios.
