La tesis sostiene que sólo habrá un desarrollo sustentable si México cambia su Plan Nacional de Desarrollo, para que en él participe el Poder Judicial y se creen Políticas Públicas Judiciales en todas las ramas del derecho y en las esferas federal y local. Propone un Plan de Justicia nacional y hacerla eficiente y eficaz; eliminar la duplicidad en la justicia federal, unificándola; trasladar los tribunales que están en el Ejecutivo al Poder Judicial Federal; y crear un nuevo modelo de justicia ordinaria y constitucional en la misma jurisdicción. Concluye que debe cambiarse el sistema de formación y designación de los jueces, defensores y asesores, así como del Ministerio Público.
