México, no obstante el régimen constitucional y democrático sobre el que ha decidido edificarse, carece de un marco jurídico interno adecuado para garantizar la participación política de las candidaturas independientes, ya que la legislación electoral del periodo 2012-2017 y su aplicación a los procesos electorales 2012-2018, evidencian un déficit de validez conforme al sistema interamericano de derechos humanos, al imponer a su ciudadanía, sin la justificación de necesidad e idoneidad adecuados, en cualquier caso, el requisito de comprobar un porcentaje de respaldo ciudadano para que proceda el registro correspondiente
