La Constitución federal y los instrumentos internacionales que protegen derechos humanos gozan del mismo nivel jerárquico en el ordenamiento jurídico nacional y, será su aplicación a los casos, la que defina cuál tiene mayor nivel con base en la mejor protección de la prerrogativa fundamental de que se trate. Sin embargo, cuando exista un contradicción directa entre este parámetro de regularidad, deberán imperar los tratados, siempre que ofrezcan una mayor protección al ser humano; trayendo como derivación la inaplicación de la Constitución, lo cual será advertido por la Suprema Corte al Constituyente Permanente para que adecue el texto constitucional a los estándares internacionales.
