La tesis sostiene que el TEPJF garantiza el debido proceso y la protección judicial a favor de los indígenas, que su jurisprudencia es robusta, pero le falta fijar criterio para materializar el derecho que tienen para integrar órganos de representación popular, federal y locales. La nación mexicana es pluricultural y no existe una agenda legislativa en el tema, por lo que se razona la conveniencia del control judicial para hacer posible ese derecho, a fin de que puedan participar en el debate y la toma de decisiones sobre asuntos del Estado y de interés para este sector social.
