La hipótesis del presente estudio consiste en que la costumbre y legislación existentes en la materia de emisión y colocación de valores gubernamentales por parte de los municipios mexicanos actualmente son insuficientes para satisfacer las necesidades de seguridad jurídica que beneficiarían a los mismos municipios, inversionistas y demás beneficiarios del mercado de valores. Entre las omisiones las principales omisiones destacan la ambigüedad del concepto legal de inversiones públicas productivas que, de acuerdo con la Constitución es único fin que permite a los municipios endeudarse, inclusive a través del mercado de valores
