El Estado a través de las diferentes normas jurídicas que regulan la administración tributaria, está obligado a proporcionar todas las facilidades para los contribuyentes de comercio exterior a efecto de fomentar el crecimiento económico del país, y a su vez está obligado a velar por la salud pública, seguridad nacional y medio ambiente por encima de los de intereses particulares, ejemplo de ello es la Ley Aduanera y los ordenamientos jurídicos que de ella emanen, que constituyen un medio de control por el cual aquél está protegiendo un bien mayor: el orden público
