El objetivo del presente artículo es estudiar el derecho a la educación para identificar los criterios que permiten definir los términos de su cumplimiento. A través de una interpretación hermenéutica del Artículo 3° constitucional, se hace notar el contraste que existe entre la administración pública de la educación y el sentido final hacia el que apunta el ejercicio de una educación de calidad. Haremos notar que el pleno cumplimiento de este derecho humano implica la satisfacción de tres dimensiones: material, humana y pedagógica. Los resultados generales que se alcanzan son: 1) existe una definición puntual de la educación como derecho fundamental en nuestra constitución, 2) los principios y planteamientos que se establecen no consideran con suficiencia principios como los pedagógicos, 3) en buena medida esta ausencia de dichos criterios se refleja en el pobre desempeño en pruebas internacionales. Nuestra propuesta es promover un principio de progresividad constitucional al Art. 3°, para con ello garantizar un mejor cumplimiento del derecho a la educación.

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I. Dimensión positiva. II. Dimensión negativa. III. Limitaciones al derecho exclusivo del titular de una marca. IV. Limitación en razón del territorio de protección (principio de territorialidad). V. Limitación en razón del tipo o clase de los productos o servicios protegidos (principio de especialidad)

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El pasado 26 de septiembre 1997, fueron publicadas en el Diario Oficial, reformas a las fracciones XXII, XXIII, XXIV y XXV del artículo 213 de la ley de la propiedad industrial relativas a las infracciones administrativas y asimismo, fue adicionado el título quinto Bis que agrega los artículos 178 Bis al 178 Bis 9, referentes a los esquemas de trazado de circuitos integrados.

Las marcas, además de diferenciar productos o servicios de los competidores, logran atesorar un prestigio. Así nacen las figuras de las marcas notorias y renombradas o famo-sas, que jurídicamente demandan protección mayor a la tutelada para las marcas usuales. Sin embargo, en el ámbito internacional existe una gran confusión en cuanto a su terminología y alcance en su protección. El presente estudio pretende aportar elementos para aclarar los con-ceptos de estas figuras tomando como base la legislación aplicable a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), además de hacer un análisis de su protección, así como posibles sugerencias para mejorar su tutela jurídica.