De forma frecuente, los contribuyentes que solicitan la devolución de un saldo a favor o que son sujetos del ejercicio de facultades de comprobación, se enfrentan ante el rechazo por parte de las autoridades fiscales de las deducciones o acreditamientos de las cantidades que erogan para la consecución de su objeto, bajo el argumento de que los comprobantes fiscales que las amparan no describen el servicio prestado, por lo que tales gastos no pueden considerarse relacionados con su actividad y que sean estrictamente indispensables; motivo por el cual, el objetivo del estudio realizado en el presente trabajo es determinar si el análisis y criterio fijado por parte de la Segunda Sala de la SCJN respecto a la forma de cumplir con el requisito contenido en el artículo 29-A, fracción V del CFF, fue conforme con el principio de seguridad jurídica y si el mismo logra dar certeza jurídica al contribuyente respecto de cómo dar cumplimiento a dicha obligación
