El presente estudio busca desarrollar una solución de armonización entre las distintas fuentes de derechos humanos que tiene por objeto su plena realización. La herramienta propuesta es la interpretación y aplicación de las restricciones constitucionales a la luz del principio pro persona. A partir de su ejercicio, se concluye que, sin necesidad de un activismo judicial fuerte, es posible otorgar la mayor protección a las personas y hacer compatibles las restricciones constitucionales con el primer párrafo del artículo 1 constitucional y las obligaciones contraídas a nivel internacional en materia de derechos humanos.
