Mediante el presente trabajo se pretende poner en evidencia que la facultad prevista en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación relativa a que el Servicio de Administración Tributaria puede declarar la simulación de actos jurídicos celebrados entre particulares viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de que ese órgano desconcentrado carece de competencia para tal efecto, pues esa facultad corresponde de manera exclusiva un juez en materia civil, máxime que si bien a criterio de la autoridad esa declaración sólo tiene efectos fiscales, lo cierto es que ese pronunciamiento puede producir efectos en alguna controversia que pudiera llegar a suscitarse entre los gobernados que los celebraron.
