El control de convencionalidad es el instrumento jurídico latinoamericano más destacado para identificar la forma en la que se relacionan los sistemas jurídicos nacionales con el Derecho internacional (interamericano) de los derechos humanos. A su vez, es una institución creada por la Corte Interamericana con el objeto de incrementar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese contexto, la figura del control de convencionalidad gira en torno al pluralismo jurídico y la consecuente “internacionalización del Derecho constitucional y la constitucionalización del Derecho internacional”. Entendido desde su concepción más emblemática y controversial –la ejercida en sede interna–, los sistemas nacionales, especialmente sus jueces, tienen la obligación de acatar los preceptos de los tratados internacionales de derechos humanos y, por supuesto, las decisiones jurisprudenciales que deriven de los órganos de control de aquellos
