El presente trabajo es una propuesta normativa que se sugiere como solución al problema de falta de seguridad jurídica del contribuyente que se enfrenta a un procedimiento administrativo de ejecución (embargo) en su contra, cuando el mismo mismo sea notoriamente improcedente. Por notoriamente improcedente, se hace referencia a tres posibles supuestos: 1) un embargo fundado en un crédito que se ha extinguido, 2) un embargo en el que se exige un monto del crédito superior al debido y 3) que se ha iniciado un embargo definitivo por un crédito aún no exigible. Para combatir lo anterior, se señala al juicio contencioso administrativo como el medio de defensa idóneo, por lo cual se proponen cambios puntuales en su normatividad que hagan perfectamente viable su utilización en caso de actualizarse alguno de los supuestos anteriores.
