El artículo analiza la evolución de la controversia constitucional como medio de control jurisdiccional en México, destacando la reforma de 2021 que amplió la legitimación activa a órganos constitucionales autónomos. Además, se exploran sus nuevos alcances para tutelar no sólo competencias entre poderes, sino también derechos humanos. El texto argumenta que esta figura se ha robustecido como instrumento clave en la defensa del orden constitucional
