La reforma constitucional en materia de derechos humanos trajo consigo un nuevo paradigma en la forma de crear, interpretar, aplicar y estudiar el derecho. En este nuevo paradigma, la apertura al derecho internacional, así como la protección de los derechos humanos, marcarían el nuevo eje de acción de todo el Estado. Uno de sus debates gira en torno al actuar de las autoridades administrativas (no jurisdiccionales), es decir, si pueden ejercer el control difuso con fundamento en el artículo primero constitucional. Como principal antecedente se encuentra el Amparo Directo en Revisión 1640/2014, materia de análisis del presente trabajo
