La legislación electoral vigente obstaculiza el ejercicio óptimo del derecho a ser votado de los candidatos independientes, por lo que no satisface el principio constitucional de equidad en la contienda, al propiciar desventajas indebidas frente a los candidatos partidistas. Esa inequidad estructural puede constatarse con los últimos resultados electorales y explicarse a partir de las siguientes deficiencias normativas: (i) requisitos excesivos para demostrar la representatividad; (ii) régimen de financiamiento desigual; (iii) distribución ineficaz de tiempos en radio y TV; (iv) limitación injustificada de acceso a cargos vía representación proporcional, y (v) restricción del derecho de acceso a la justicia
