El presente trabajo se sustenta bajo la siguiente premisa: Un elemento esencial para la configuración de la confianza legítima es la expectativa de beneficios que se generan los particulares, a partir de la actuación de los poderes públicos, llámese un acto administrativo, como es el caso de una Resolución Miscelánea Fiscal, o una disposición de ley, de tal modo que, si esa expectativa se ve frustrada a consecuencia de un acto posterior, se estaría violentando dicho principio de protección de confianza legítima. Por consiguiente, tratándose de derechos plenamente adquiridos por los particulares, no se configurará la confianza legítima
