El sistema de responsabilidad patrimonial del Estado Mexicano, derivado de la garantía constitucional del artículo 113 constitucional, segundo párrafo, se consagró en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, como un sistema sui generis, protector únicamente de la actividad administrativa irregular de la administración pública, en la que además, al regular las bases, límites y procedimientos para determinar las indemnizaciones derivadas de daño moral, se pudiere ver afectado el derecho de reparación integral del daño en perjuicio del particular. Se propone una posible solución al problema, partiendo de los nuevos paradigmas hermenéuticos y argumentativos de los derechos contenidos en la constitución y el comportamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
