Se expone la falta de regulación idónea para que la educación inclusiva se imparta plenamente en colegios particulares, respecto a alumnos que presenten alguna discapacidad, conforme a los estándares constitucionales y convencionales. Si bien el marco constitucional y legal de apoyo a personas con discapacidad tiene una fuerte inclinación a la protección de los derechos humanos, se concluye que la regulación específica para que los planteles particulares ofrezcan educación inclusiva igualitaria se traduce en violación de derechos en perjuicio de muchos menores de edad.
