El principio de la protección de la confianza legítima en México

En cualquier sistema jurídico que se ostenta garantista de los derechos humanos, las actuaciones de los funcionarios integrantes de los Poderes Públicos del Estado deben regirse por los principios de buena fe y de seguridad jurídica que deben imperar en todo Estado de Derecho, es por ello que desde mediados del siglo pasado surge en Alemania la llamada confianza legítima, como una útil herramienta en favor de los gobernados para protegerse de los abusos y excesos de las autoridades que, actuando en ejercicio de sus atribuciones, desconocen actos previos o normas y de forma sorpresiva cambian tales actos o normas afectando con ello la esfera jurídica del particular, quien tenía expectativas válidas en la permanencia de la situación jurídica, ocasionando así, una vulneración a la confianza legítima del gobernado; sin que tal confianza pueda ser fundada en simples expectativas, ni tampoco en un derecho adquirido y sin que tal figura signifique un obstáculo para el tránsito legislativo o cualquier otra medida que deba toma la autoridad pública, pero lo suficientemente sólida como para obligar a la autoridad a tomarla en cuenta, valorar las eventuales afectaciones que el cambio de situación puede generar en los particulares, prever un régimen de transición para que el gobernado se adapte a su nueva situación y otorgue un plazo razonable y los medios idóneos para ello. Dicha figura, considerada como un principio de derecho en la Unión Europea, ha proliferado predominantemente en la materia administrativa y laboral en las que enfocaremos nuestro estudio.

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