Existe una contradicción irreconciliable entre los intereses de los protagonistas del ámbito fiscal es decir, entre el fisco y los contribuyentes. Esta contradicción se distingue por la pretensión del fisco de obtener mayor recaudación a través del cobro de contribuciones, para sufragar los gastos públicos, y por la resistencia de los contribuyentes a pagar contribuciones, particularmente cuando éstos últimos consideran que los servicios públicos que reciben no son adecuados o suficientes. De tal manera, los contribuyentes constantemente idean estructuras y mecanismos que les permitan reducir sus cargas fiscales, y por su parte, el fisco trata incesantemente de concebir "antídotos" a dichos mecanismos para así lograr mayor recaudación. Las estructuras para reducir cargas fiscales pueden ser sumamente complejas pues pueden involucrar diversas operaciones, diversos sujetos e incluso diversas jurisdicciones. Lo anterior resulta particularmente cierto en los casos en que el contribuyente en cuestión es miembro de un grupo transnacional, es decir, de una unidad económica que opera en múltiples países, generalmente a través de subsidiarias o sucursales. Esto es así porque los grupos transnacionales se encuentran en una posición privilegiada para idear estructuras mediante las cuales se aprovechan los sistemas fiscales de las jurisdicciones donde sus miembros operan, de tal modo que los ingresos del grupo transnacional permanezcan con los miembros que se encuentren en las jurisdicciones con menor imposición fiscal, o bien que sus gastos deducibles queden en aquellos miembros ubicados en las jurisdicciones con mayores cargas tributarias. Todo esto, sin perjuicio para el grupo transnacional pues las utilidades derivadas de sus operaciones permanecen en el mismo, si se concibe a cada uno de sus miembros como un mero componente dentro de una sola organización económica y una sola operación global.