(2004) Núm. 31 y 32

I. La eficacia. II. Problemática del vocablo eficacia. III. El concepto eficacia, IV. La eficacia jurídica en la teoría.

Sirvan estas primeras palabras como agradecimiento al Consejo editorial de Ars iuris por la oportunidad que nos han brindado para publicar, en su sección de Actualidad académica, los trabajos que dieron forma y peso al Encuentro de Filosofía del Derecho: jurisprudencia y lógica de lo razonable: de la interpretación a la tópica, celebrado en la Universidad Panamericana los días 12 y 13 de abril de 2004, bajo d auspicio de su Facultad de Derecho. Mediante esta publicación se abre una nueva etapa para el ejercicio académico de abril pasado que, sin sombra de duda, nos permitirá recoger abundantes frutos gracias al diálogo que a partir de ahora se desarrollará con la comunidad académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, así como con otros institutos, escuelas y facultades de derecho donde Ars Iuris es ya un vehículo eficaz para el intercambio de ideas que giran en torno a la experiencia jurídica contemporánea. ©Ars Iuris

El 19 de abril de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la adición del Título Tercero A a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mediante la cual el gobierno mexicano hace permanente su esfuerzo por la cultura de la transparencia gubernamental, en aras de hacer más eficiente la administración pública y otorgar mayor certidumbre jurídica a los ciudadanos. En el presente estudio únicamente se comentarán las principales medidas de regulación dentro de la administración pública federal y se explicará lo referente a la creación de la nueva Comisión Federal de Mejora Regulatoria, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía cuya finalidad es garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación de regulaciones.

I. Un nuevo sector del derecho procesal constitucional. II. El origen del juicio de amparo local. III. La Constitución del Estado de Veracruz. IV. La Constitución del Estado de Coahuila. V. La Constitución del Estado de Tlaxcala. VI. La constitución del Estado de Chiapas. VII. La Constitución del Estado de Quintana Roo.

El objeto de este ensayo es doble: por un lado, ubicar al derecho a un medio ambiente sano y adecuado dentro del tema más amplio de los derechos sociales; por otro, examinar con algún detalle las implicaciones jurídicas que tiene el hecho de que el medio ambiente se haya constitucionalizado por medio de la reforma de 1999 al artículo 4 de la Constitución mexicana.

La naturaleza jurídica y política del municipio comienza a ser definida después de casi cinco siglos de adaptación en México. A partir de diciembre de 1994, se le equipara con un poder político en el artículo 105 constitucional, gracias a la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el juicio de amparo promovido por el ayuntamiento de Mexicali, resuelto en agosto de 1992. Este suceso ocurrió ochenta años después que la Revolución constitucionalista mexicana proclamó al Municipio Libre.

La Cámara de Diputados modificó el presupuesto de egresos que le entregó el Presidente de la República para regir el año de 2005. El Presidente posteriormente envió a la Cámara sus observaciones sobre los presupuestos, que fueron rechazadas sin estudiarlas, según se ha informado, dando como razón que el Presidente no tiene derecho a hacer observaciones al presupuesto de egresos, pues limitaría las facultades legislativas. Esto implica un problema jurídico que se sintetiza en una pregunta, ¿puede el Presidente de la República hacer observaciones al proyecto de presupuesto de egresos que elabora la Cámara de Diputados.

El análisis de las relaciones posibles entre los hoy denominados "derechos humanos" y la concepción romana de lus plantea no pocas dificultades, siendo como es todavía una cuestión abierta la determinación de sus conceptos y fundamento.

El discurso conservador interpreta el pasado también en términos dinámicos, pues el pasado concreto que representó el auge del catolicismo en la sociedad europea es para los conservadores el modelo a seguir, la auténtica palanca de futuro, pues sólo tal concepción puede ser nombrada en términos de auténtico progreso, esto es, progreso moral. De ahí que en el discurso conservador la veneración al pasado sea la clave para pensar en una sociedad de futuro, que reproduzca lo más sublime de ese mismo pasado. En definitiva, la recreación de la Cristiandad.

La tarea interpretativa del derecho ha sido de los campos más estudiados y debatidos por los teóricos jurídicos. Ronald Dworkin propone en una parte de su hipótesis interpretativa del derecho, algunos recursos analógicos que auxilian al entendimiento de la práctica jurídica para llegar a una comprensión más profusa de ella, mediante el empleo de figuras simbólicas de otros conocimientos afines al derecho, principalmente la literatura. Dworkin sostiene que ambas interpretaciones -literaria y jurídica- pueden ser empleadas de manera similar, y con su llamada "interpretación constructiva" busca acercamiento hacia todas las formas de la interpretación artística y a la práctica del entendimiento social incluyendo, claro está, al derecho.

La tradición jurídica moderna confunde la argumentación dialéctica con la demostración, sin tomar en cuenta que la dialéctica parte de cosas verdaderas y primordiales, en cambio, la demostración no pertenece al terreno de lo apodíctico.

La aplicación de la norma jurídica al caso concreto exige una tarea ardua por parte de quien tiene el encargo de hacerlo. La labor judicial conlleva una carga importante de valoración y decisión independiente del conjunto de normas a aplicar. ¿Es absolutamente imprescindible que con un entramado jurídico determinado cualquier juez ante idéntica situación, deba responder de la misma manera? Se trata de analizar la llamada "cuestión de la única respuesta correcta" preguntándonos si el ordenamiento jurídico puede proporcionar elementos suficientes y perfectamente identificables en cada caso, que permitan al intérprete del derecho, especialmente al juez, llegar necesariamente a una respuesta jurídica. Respuesta que precisamente por ser única debe ser igual para todos.

Entre las muchas cuestiones que son objeto de tematización en el pensamiento actual acerca de la interpretación jurídica se encuentra el del carácter práctico o bien operativo de este tipo de interpretación. No obstante el amplio consenso acerca del carácter práctico de la interpretación jurídica, no resulta fácil encontrar un análisis sistemático e integral del sentido preciso y de los alcances de la practicidad de esa modalidad de interpretación.

El tratamiento racional o lógico del pragma o res no funciona bajo los parámetros de la lógica analítica, sino bajo los principios de la dialéctica. Toda discusión jurídica que opere bajo la lógica analítica está destinada a fracasar jurisprudencialmente hablando, ya que la racionalidad jurídica no opera con absolutos.

La tradición jurídica moderna confunde la argumentación dialéctica con la demostración, sin tomar en cuenta que la dialéctica parte de cosas verdaderas y primordiales, en cambio, la demostración no pertenece al terreno de lo apodíctico.

En esta entrega pretendemos corregir las muchas contradicciones en las fechas de matriculación y en algunas de recepción de los abogados que figuran en las listas que hemos reproducido. Aprovechamos la ocasión para enmendar los errores que cometimos a lo largo del trabajo e incluso en alguno anterior.

I. Introducción. II. El propósito de las listas. III. El proceso de su elaboración. IV. Su rareza. V. Consideraciones sobre las listas en particular: 1824, 1837, 1838, 1839, 1840, 1846, 1849, 1851, 1852, 1855 y 1858. VI. Conclusiones