El derecho a la energía en México debe considerarse como un derecho fundamental de justicia social, por sus implicaciones en la calidad de vida y en el índice de desarrollo humano IDH de todos los mexicanos. Garantizar a toda la ciudadanía el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, a través del diseño de políticas públicas que sean más respetuosas con los valores de los seres humanos y más coherentes con las normas y lineamientos del Estado, es una condición necesaria para reducir la pobreza energética en México.
