Las controversias constitucionales constituyen el medio de defensa por antonomasia con que cuentan los municipios para defender su hacienda. No obstante, la actual interpretación del artículo 42 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional determina que una vez fenecida la vigencia de una ley de ingresos municipal (ley de vigencia anual), la controversia constitucional debe sobreseerse, lo que implica que las legislaturas locales, año con año, emitan leyes inconstitucionales. La nueva interpretación que se propone implica que los efectos de la sentencia puedan retrotraerse a la fecha en que se presentó la demanda de controversia, de manera que los municipios puedan verse resarcidos de la afectación que una ley municipal inconstitucional causa a su hacienda pública.
