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Las controversias constitucionales desde la labor interpretativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(2011)
García Velasco, Eva Laura
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del Rosario, Marcos
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Campus Ciudad de México
El derecho procesal constitucional comprende el estudio, entre otros, de los instrumentos constitucionales, de carácter jurisdiccional, creados para la defensa de la Constitución. Las Constituciones contemporáneas, con mayor o menor precisión, han conceptualizado las garantías constitucionales, como los instrumentos tutelares tanto de los derechos fundamentales como de las atribuciones de los órganos de gobierno, contra su afectación por parte de las autoridades o gobernantes. En otras palabras, las garantías constitucionales, en su concepción actual, son aquellos instrumentos de carácter predominantemente procesal, mediante los cuales la propia Constitución garantiza la defensa de la supremacía constitucional y de los valores o derechos fundamentales que contiene. En el caso de México, si bien con motivo de diversas reformas constitucionales se ha ido otorgando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación competencia para conocer de los instrumentos procesales en cuestión, por lo que paulatinamente se ha ido transformando en un Tribunal Constitucional, en sentido material; paralelamente continúa conservando la naturaleza de órgano jurisdiccional cúspide del Poder Judicial, esto es, de tribunal supremo federal y, por ende, con competencia para conocer de asuntos que no son estrictamente de control constitucional. Es decir, no se ha establecido un órgano ad hoc para conocer de las garantías constitucionales procesales, como ocurre en otros países, incluso, de Latinoamérica. Entre estas garantías constitucionales, en el sistema mexicano nos encontramos con las controversias constitucionales -previstas en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, que, como veremos en este trabajo, se crean concretamente para resolver los conflictos de atribuciones suscitados entre las entidades, poderes u órganos enunciados en el citado artículo, y cuyo conocimiento, como ya adelantamos, se confiere en exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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I. V. A. por concepto de gastos financieros : la improcedencia de los gastos financieros, al no originarse por conducta morosa de la entidad o dependencia
(2013)
Ravel Márquez, Alejandro
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Bejar, Luis
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Campus Ciudad de México
Debido a que en el ámbito del derecho fiscal y administrativo existen consecuencias ante el incumplimiento de las obligaciones por las partes, en los contratos administrativos, es fácil entender a que corresponde el pago de gastos financieros, sin embargo, se debe determinar si estos generan el impuesto al valor agregado. Partiendo de los elementos que nos han brindado las distintas legislaciones, podemos entender las características que ostenta cada una de las partes en los contratos administrativos, es decir, siendo estas la Entidad y Dependencia, así como el proveedor y contratista, estos últimos, quienes podrán reclamar el pago de gastos financieros, cuando así proceda.
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Nuevo sistema de unificación de las tesis contradictorias de los tribunales colegiados de circuito
(2008)
Márquez Álvarez, Armando
Este Trabajo tiene la intenciön de establecer que los Tribunales Colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han perdido de vista su función principal, como es la de interpretar la ley en caso de existencia de Iagunas en Ia misma, ya que en la actualidad de las sentencias emitidas por los Tribunales Colegiados, se advierte en algunos casos que se pretende en lo más posible establecer jurisprudencia, lo que ha generado en el mundo jurídico un sinnúmero de tesis contradictorias, entre criterios de diversos Tribunales Colegiados sobre cuestiones similares. generando con esto una inseguridad jurídica y falta de certeza legal para el gobernado, dado la influencia de la diversidad de criterios en Ias diversas áreas del derecho.
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Análisis jurídico de la sanción consistente en la clausura preventiva establecida en las fracciones iv y vi del artículo 84 del código fiscal de la federación vigente en el año del 2007 para determinar si la misma conculca la gara
(2008)
Bolaños Muñoz, Luis Manuel
El propósito de esta investigación es analizar jurídicamente si la sanción consistente en la clausura preventiva establecida en las fracciones IV y VI del artículo 84 del Código Fiscal de la Federación, vigente en el año del 2007, es transgresora de la garantía de audiencia consagrada por el numeral 14 de nuestra Carta Magna La variable a contrastar es si el numeral en análisis, permite el que el particular acuda a los tribunales competentes en respeto de su garantía de ser previamente oído y vencido, previo a la imposición de la sanción en análisis
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Protocolo de investigación sobre el principio de igualdad y la forma de solución de los conflictos derivados de éste
(2008)
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Campus Ciudad de México
La igualdad es una de las palabras más utilizadas en la actualidad. En tiempos electorales, los políticos hablan sobre la igualdad en el contexto de la lucha contra la pobreza o sobre la equidad de género. También los juristas hablan de la igualdad. En la filosofía del derecho se le concibe como uno de los ideales del derecho. En la teoría del derecho, la igualdad es el telar jurídico: el derecho se construye a partir de los casos, a los que les corresponden similares soluciones si son iguales y diferentes si son desiguales. Además la igualdad es un principio que reconocen expresamente la mayoría de las constituciones democráticas. En este último plano, mientras que en otras latitudes el estudio del principio de igualdad ha alcanzado un desarrollo importante, que concibe a la igualdad como un principio con sustancia, en México es casi nulo la doctrina que se ha ocupado de estudiarlo. Así, por ejemplo, mientras en Europa se distinguen desde hace tiempo las obligaciones del legislador derivadas del principio de igualdad en la ley, en México no se distingue todavía entre igualdad en la ley e igualdad ante la ley, pues se considera, como en el siglo XIX, un problema de estructura de las leyes.
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Fusiones y sus repercusiones fiscales
(2012)
Padilla Ordaz, Roberto
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Espinosa Berecochea, Carlos
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Campus Ciudad de México
Las fusiones y adquisiciones de sociedades actualmente se realizan por un sinnúmero de motivos que no necesariamente se encuentran vinculados directamente con la maximización del valor de mercado de la empresa. Los efectos fiscales inherentes a las fusiones se encuentran sujetos al tipo de operación que se lleve a cabo; sin embargo, el presente trabajo efectúa un análisis respecto a la limitante prevista por la Ley del Impuesto sobre la Renta para la amortización de pérdidas que hubiese generado una sociedad fusionada contra utilidades de la sociedad fusionante correspondientes a la explotación de los mismos giros en los que se produjo la pérdida.
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Régimen jurídico de los extranjeros que participan en sociedades mexicanas
(1999)
Robles Farías, Diego
Del presente estudio podemos afirmar que es el resultado de una profunda investigación en el campo del derecho escasamente explorado, que acaso tenga el mérito de se4rvir de guía o manual a aquellos profesionistas vinculados con la inversión extranjera. No se trata tampoco de una ley comentada, ya que es precisamente una de sus intenciones, concentrar en un solo cuerpo disposiciones regadas en distintas leyes, reglamentos, decretos, circulares y oficios, que tratan sobre el tema analizando su contenido y relacionándolo con las otras disposiciones sobre el mismo tema. La ciencia del derecho no puede permanecer ajena a esa dinámica cambiante y universalizada que trae como consecuencia, -como una reacción natural de la evolución que nos condiciona-, veloces modificaciones a nuestras leyes, respecto de las que estamos obligados los juristas a profundizar y comentar. Así pues, con la esperanza de que sea de utilidad para la comunidad jurídica, presento este trabajo de tesis
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Condición jurídica del extranjero en México
(2008)
Valdovinos Cervantes, Alejandra
La presente tesis tiene la pretensión de proponer opciones a problemas derivados por la insuficiente legislación y reglamentación, tal es el caso de la Ley General de Población, que por años ha sido intocada, así como su Reglamento, entre otras. Los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por México, aportan una serie de elementos a considerar en relación a extranjeros. La Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento, crean complejidades prácticas, traducidas en múltiples requisitos a cumplimentar por los extranjeros, quienes a fin de esquivarlas, optan por opciones traducidas en prestanombres o apoyo en socios mexicanos, entre otros aspectos, lo cual crea inseguridad jurídica.
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El interés legítimo como medio para exigir la calidad en el derecho a la educación
(2017)
Prum Chelminsky, Michelle Ilana
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Campus Ciudad de México
Desde que se formó lo que hoy entendemos por una república democrática y federal, que tiene como fundamento una constitución política, se sentaron las bases para las instituciones básicas que debía construir el Estado Mexicano, a efecto de brindarle a sus ciudadanos el acceso debido a los derechos fundamentales que nuestra constitución habría de proteger, y así consolidarse el Estado al que cada ciudadano se suscribió, al elegir de manera libre y soberana el gobierno que habría de conseguir que éstos se concretaran.
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Repensar el análisis de constitucionalidad de las acciones afirmativas : sentencia SUP-JRC-680/2015 Caso Morelos
(2017)
Valdez Zamudio, Olivia Yaneli
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Nieto Castillo, Santiago
La presente investigación analiza un problema jurídico resuelto en la sentencia SUP-JRC-680/2015 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde declaró inconstitucional una acción afirmativa que implementó el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en la asignación de diputaciones por representación proporcional en las elecciones de Morelos de 2015. Este trabajo de investigación propone un análisis alternativo y ofrece razones para declarar la constitucionalidad de esta medida a través del estudio funcional de los principios constitucionales de igualdad, democrático, auto organización de los partidos políticos y seguridad jurídica.
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