Las reformas a la ley de procedimiento administrativo aprobadas por el Honorable Congreso de la Unión, fortalecen y amplían la política en materia de mejora regulatoria, aseguran su continuidad, y promueven el cambio de una cultura reguladora a una promotora de las actividades productivas; ello contribuye a lograr igualdad de oportunidades para todos los mexicanos, particularmente en lo que respecta al establecimiento y la operación de empresas.