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Las controversias constitucionales desde la labor interpretativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(2011)
García Velasco, Eva Laura
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del Rosario, Marcos
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Campus Ciudad de México
El derecho procesal constitucional comprende el estudio, entre otros, de los instrumentos constitucionales, de carácter jurisdiccional, creados para la defensa de la Constitución. Las Constituciones contemporáneas, con mayor o menor precisión, han conceptualizado las garantías constitucionales, como los instrumentos tutelares tanto de los derechos fundamentales como de las atribuciones de los órganos de gobierno, contra su afectación por parte de las autoridades o gobernantes. En otras palabras, las garantías constitucionales, en su concepción actual, son aquellos instrumentos de carácter predominantemente procesal, mediante los cuales la propia Constitución garantiza la defensa de la supremacía constitucional y de los valores o derechos fundamentales que contiene. En el caso de México, si bien con motivo de diversas reformas constitucionales se ha ido otorgando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación competencia para conocer de los instrumentos procesales en cuestión, por lo que paulatinamente se ha ido transformando en un Tribunal Constitucional, en sentido material; paralelamente continúa conservando la naturaleza de órgano jurisdiccional cúspide del Poder Judicial, esto es, de tribunal supremo federal y, por ende, con competencia para conocer de asuntos que no son estrictamente de control constitucional. Es decir, no se ha establecido un órgano ad hoc para conocer de las garantías constitucionales procesales, como ocurre en otros países, incluso, de Latinoamérica. Entre estas garantías constitucionales, en el sistema mexicano nos encontramos con las controversias constitucionales -previstas en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, que, como veremos en este trabajo, se crean concretamente para resolver los conflictos de atribuciones suscitados entre las entidades, poderes u órganos enunciados en el citado artículo, y cuyo conocimiento, como ya adelantamos, se confiere en exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
28 81
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La facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación : del control político constitucional del poder
(2011)
Cruz Sibaja, José de Jesús
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González Oropeza, Manuel
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Campus Ciudad de México
Se analiza la facultad de investigación establecida hasta junio de 2011, en el párrafo segundo del artículo 97, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que permitía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, investigar hechos que pudieran ser constitutivos de violaciones graves a las garantías individuales de los mexicanos. Se estudian los casos: Aguas Blancas; Lydia Cacho Ribeiro; Oaxaca; Texcoco/Atenco; Guardería ABC. Se registran los hechos y el procedimiento en particular, destacando los criterios jurisprudenciales que emanaron de cada uno de ellos.
5 84
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La obligatoriedad de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana
(2012)
Valle Velarde, Alma Delia del
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Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo
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Campus Ciudad de México
En México, aun cuando se ha avanzado hacia reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos y se ha aceptado la integración de una comunidad de Estados que deben respetar un ordenamiento común, se ha evitado dar un paso importantísimo hacia el reconocimiento integral del ordenamiento y jurisdicción interamericana de derechos humanos, al desconocer los alcances de la facultad consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el presente trabajo se intenta esbozar un marco teórico que a la luz de los principios del derecho procesal constitucional, permita sostener la obligatoriedad de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana para cualquier Estado que haya reconocido la jurisdicción de ese órgano jurisdiccional.
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Facultad de iniciativa de ley o decreto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(2010)
Acosta Victoria, María Fernanda
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Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo
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Campus Ciudad de México
En un Estado Federal el equilibrio de los Poderes constituye un elemento de suma importancia para el fortalecimiento del Estado de derecho. El contrapeso de las funciones de los tres Poderes de la Unión en el sistema jurídico mexicano es trascendental para preservar los principios rectores del Estado Mexicano. Anteriormente, el Poder Judicial de la Federación se encontraba desplazado en las funciones que legal y constitucionalmente debía realizar, derivado de la desigualdad frente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Hoy en día, según la literalidad de la Constitución, se considera al Poder Ejecutivo como Supremo Poder de la Unión, además de que cuenta con facultades legislativas, de las cuales carece el Poder Judicial. Con esta investigación se pretende robustecer la colaboración de poderes y reconocérsele, a nivel constitucional, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial, la facultad de iniciar leyes o decretos. Se buscará probar que esta facultad no implica una invasión competencial, por el contrario, se traduciría en la cooperación para la realización de las tareas conferidas a los Poderes de la Unión al hacer frente a las necesidades que la sociedad demanda. La visión jurídico-social que puede aportar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la facultad de iniciar leyes o decretos, enriquecería la tarea legislativa para construir un equilibrio de la división de Poderes y una mejor armonía en el sistema jurídico interno.
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El principio de proporcionalidad en el control de constitucionalidad de leyes penales
(2014)
Labastida Martínez, Breyman
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Lugo García, Miguel Ángel
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Campus Ciudad de México
La aplicación del test de proporcionalidad en las decisiones legislativas concernientes a la orientación en el rumbo de la política criminal a través de la elección de los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales –con el objeto de verificar si la medida es idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto– resulta indispensable para minimizar el uso arbitrario del ius puniendi, cuando se atribuye a los poderes democráticos la función de decidir qué es punible y qué no lo es, en una suerte de precondición del principio de mínima intervención penal, garantía de los derechos humanos del imputado y en oposición a un indeseable populismo penal.
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Estudio sobre la selección y designación de los jueces constitucionales de primera instancia
(2012)
Angulo Jacobo, Luis Fernando
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Uribarri Carpintero, Gonzalo Jesús
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Campus Ciudad de México
En la presente tesis se aborda el tema relativo a la selección y designación de los jueces de Distrito, como jueces constitucionales de primera instancia. En relación con la problemática de los concursos internos, se destacan diversos aspectos como el perfil psicológico de los aspirantes, los exámenes de conocimientos, el caso práctico y, el examen oral; por lo que respecta a los concursos libres se destaca la variación de los requisitos y la disparidad de la frecuencia entre convocatorias. En relación con las propuestas para reestructurar los concursos de oposición, se hace mención a la posibilidad de generar dos etapas en los concursos: la primera relativa a los exámenes que hasta la fecha se han aplicado (conocimientos, caso práctico y oral), con diversas variaciones, a fin de seleccionar a los aspirantes con mayores aptitudes y experiencia.
8 80
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Los antecedentes de la acción de inconstitucionalidad
(2013)
Islas Tello, Maythe
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Facultad de Derecho
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Campus Ciudad de México
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Campus Ciudad de México
El objeto de estudio del presente trabajo es la acción de inconstitucionalidad vista desde una perspectiva histórica; por ello, haremos referencia a los principales pilares que cimentaron y concurrieron en la edificación de ésta figura del derecho constitucional, y por ende, permitieron garantizar, de manera clara y eficaz, la validez plena de la Norma Fundamental frente a las normas secundarias. La acción de inconstitucionalidad tiene rasgos específicos en su origen, sufre modificaciones a lo largo de su desarrollo y para su debido establecimiento en un determinado lugar, tiene que transigir necesariamente adaptaciones al contexto social, político, económico y eminentemente jurídico que se trate. Observaremos los rasgos más notables en los diversos países que contemplaron la existencia de un sistema de control de la constitucionalidad, las atribuciones y prohibiciones que se establecieron a favor de un Tribunal Constitucional ad hoc como único órgano responsable de ejercer ese control constitucional; o en tal caso, las consideraciones que validaron a las Cortes Supremas para realizar dicho control constitucional.
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La justicia constitucional y las políticas públicas sociales : el control de las políticas públicas sociales a partir de la articulación jurisdiccional de los derechos sociales fundamentales
(2010)
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JUAN MANUEL ACUÑA;360685
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Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo
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Campus Ciudad de México
Desde su irrupción en el ámbito constitucional, los denominados derechos sociales han sido objeto de complejas, alambicadas y, por qué no decirlo, en ocasiones imprecisas discusiones que normalmente concluían negando a estos el carácter de derechos y asignándoles el insípido y casi inservible rango de normas programáticas o meras directrices, denominaciones todas que en definitiva denotaban su casi absoluta ineficacia jurídica. De unos años a esta parte, los puntos de vista acerca de los derechos sociales se han comenzado a modificar. Diversos estudios que se han centrado en el análisis estructural o deónticos de estos derechos han permitido sostener y demostrar que los derechos sociales no solo pueden ser considerados verdaderos derechos, sino que, además, aunque no sin escollos, ellos pueden ser articulables en sede jurisdiccional para conseguir su satisfacción. A pesar de ello, los detractores de los derechos sociales todavía mantienen firme su actitud opositora. Los estudios referidos, se han concentrado mayoritariamente en el punto de vista del justiciable, lo cual llevó a que se dedican al desarrollo de estrategias diversas para lograr la aceptación de estos litigios por parte de los jueces. Por otro lado, se focalizaron en la forma en la cual esas estrategias pueden permitir la satisfacción del justiciable, sea en términos individuales o colectivos. De esta forma, aunque no de modo absoluto, han tendido a soslayar (no a obviar), la perspectiva del juez que debe resolver esa clase de litigios y la manera en que la resolución de esa clase de asuntos ha ocasionado un redimensionamiento del rol de la justicia constitucional en relación a las esferas de actuación de los otros poderes del Estado
16 340
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La interpretación y argumentación constitucional de los derechos político-electorales en México en contraste al paradigma de Luigi Ferrajoli : proyecto de investigación sobre la tutela y protección de los derechos político-electorales en México por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2000-2010)
(2012)
Cobos Sepúlveda, Carlos Alfredo de los
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Nieto Castillo, Santiago
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Campus Ciudad de México
La presente tesis de investigación doctoral versa sobre la forma en que se han interpretado los derechos político – electorales en México en sede judicial y administrativa, su conceptualización, evolución legislativa y jurisprudencial, así como las principales sentencias que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por conducto de su Sala Superior en sus dos integraciones y algunos criterios relevantes de la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, Estado de México.
7 64
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El sistema de control constitucional en México
(2006)
Suárez Camacho, Humberto
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Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo
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